"Para combatir la corrupción, lo más importante es la voluntad política"

El exprocurador del caso Fujimori-Montesinos en Perú, Jose Ugaz, estuvo en Colombia para hablar de un tema vigente en la agenda de la justicia y la política colombianas: corrupción. El exprocurador vino al Foro Internacional “Los retos del Estado y la sociedad civil en la lucha contra la corrupción” que organizó Transparencia por Colombia.
 
El investigador peruano estuvo encargado de las investigaciones que dieron con el desmantelamiento de la poderosa red de corrupción en el país andino, que comprometió al presidente de entonces, Alberto Fujimori, y a sus más altos asesores, y derivaron en condenas.
 
Por sus resultados, esas investigaciones se convirtieron en casos emblemáticos. En medio de la crisis que atraviesa el país por el destape de varios casos de corrupción, Ugaz habló con Semana.com sobre los retos, las responsabilidades y las estrategias en la lucha contra la corrupción. El exprocurador, consultor de Proética (capítulo peruano de Transparencia Internacional) también se refirió al proceso electoral en Perú, en el que los candidatos Keiko Fujimori y Ollanta Humala se enfrentarán por la banda presidencial el próximo 5 de junio. Dijo que “el electorado se enfrenta a una decisión difícil”, pues los dos candidatos tienen rasgos autoritarios y familiares en la cárcel.
 
Semana.com: ¿Cuál es la importancia de hablar de corrupción en Colombia?
 
José Ugaz: No solamente es un tema de la agenda colombiana. Es un tema regional, yo diría que de connotación mundial. La corrupción dejó de ser un fenómeno de naturaleza económica para pasar a ser un problema que genera dificultades de gobernabilidad y profundiza la desigualdad. James Wolfensohn, el director del Banco Mundial en el año 96, lo denominó el cáncer que impide el desarrollo de los estados. En Perú la gente considera que la corrupción es el principal problema del país después de haber superado la pobreza y la falta de empleo, que eran los tradicionales.
 
Y en Colombia, los acontecimientos de los últimos meses hablan por sí solos. Un fraude en el sector salud, la conmoción por la suspensión de un alcalde, eso involucra la situación política de estados como los nuestros, que están haciendo una batalla por salir del subdesarrollo.
 
Semana.com: En Colombia recientemente se publicó una encuesta que midió la percepción de la gente sobre la corrupción. Con tanta noticia, parece que el ánimo decayó. ¿Qué tanto influye el exceso de noticias sobre escándalos de corrupción en la idea de que “somos así”?
 
J.U.: El hecho de que aparezcan estos escándalos y lleven adelante esas investigaciones no es un dato negativo. No quiere decir que hay más corrupción hoy que en la Colombia de hace cinco años. Puede decir que ahora hay una voluntad política para investigar y desbaratar esos negocios ilegales. Eso es positivo.
 
Lo que influye en el ánimo de la gente no son los índices de percepción que se publican, o que la prensa le cubra los desafueros, sino el mal ejemplo. Cuando el ciudadano de a pie ve que sus gobernantes cometen delitos y no pasa nada, que la impunidad es la regla que orienta el juego, viene el desaliento. Se cree que nada puede cambiar, que la corrupción es parte de nuestra forma de ser. El otro efecto es el del espiral y la ola, que es que si el grande roba y no le pasa nada, “yo puedo hacer lo mismo”. Eso genera una espiral que impulsa a otros sectores sociales a involucrarse en una corrupción.
 
Le pregunté al chofer que me llevó al hotel qué pensaba de la situación actual. Me dijo: “Han suspendido al alcalde de la ciudad porque ha robado mucho, pero todos los alcaldes han robado, lo que pasa es que los otros lo han hecho en cantidades normales”. O sea, se ha normalizado la corrupción y se ha interiorizado como una forma de vida.

En Perú, desde hace 10 años medimos en Proética las percepciones de los ciudadanos y encontramos que el 75 por ciento es indiferente a la corrupción, y cuando se les pregunta qué es una coima o un soborno, responden que se trata de una contraprestación por un favor recibido. Hay una ausencia de condena moral a un acto antiético.

Semana.com: En Colombia se acaba de aprobar una Ley anticorrupción. ¿Las medidas legislativas sí son suficientes, o se necesita algo más?

J.U.: Las normas siempre son buenas, pero no son el frente principal contra la corrupción. El estatuto que se aprobó el 5 de mayo trae una cantidad importante de artículos, 95. Entre ellos hay cosas importantísimas: darle más rigor al derecho penal, regular el lobby, crear una comisión del Gobierno y de la sociedad civil, etc.

Pero el combate a la corrupción requiere de una coordinación de las instituciones del Estado y una alta dosis de responsabilidad de la sociedad civil. No son solo las leyes.

Semana.com: ¿Cuál fue su experiencia en la lucha contra la corrupción en Perú?

J.U.: Cuando aparece el primer video donde se ve a Vladimiro Montesinos pagándole a un congresista por su voto para llevarlo a la mayoría del fujimorismo, se produce el descalabro del régimen. Montesinos se ve obligado a salir del país. El presidente Alberto Fujimori tiene que anunciar que ha sido traicionado y adelanta las elecciones, al poco tiempo escapa con destino a Japón.

En ese contexto se crea la procuraduría especial para investigar a Montesinos, pero después se extendió para investigar todo su entorno, incluido al propio Fujimori. Fue una medida extraordinaria porque el fujimorismo se había tomado todo el sistema judicial.
Semana.com: ¿El Congreso peruano no investiga al Presidente?

J.U.: El Congreso lo investiga para levantarle la inmunidad y después le corresponde al sistema judicial procesarlo. Pero la postración de la justicia penal era tal, que se creyó conveniente traer a alguien de la actividad privada -la ley lo permite- para comenzar las investigaciones del Estado. En Perú el procurador no es el fiscal, sino el abogado del Estado.

Estuve a cargo de la Procuraduría 14 meses, desde el 3 de noviembre del 2000 hasta el 31 de enero del 2002. En ese tiempo procesaron 1.500 personas y se repatriaron cerca de 75 millones de dólares. Hoy día se han recuperado aproximadamente 300.
 
Lo que hicimos fue documentar los casos, hacer las investigaciones, preparar las denuncias para que la Fiscalía denunciara, a su vez, a los responsables ante el poder judicial y se abrieran los procesos. La Procuraduría aportaba o requería pruebas, pero también formuló propuestas para actualizar el procedimiento penal porque el nuestro era de 1941.
 
Semana.com: ¿Por qué un país llega a esos niveles desbordantes de la corrupción?
 
J.U.: Aquí hay un conjunto de responsabilidades compartidas. Por un lado, corresponde al Estado instrumentar medidas para evitar que las cosas sucedan al nivel de la gran corrupción. Hay un dicho en el argot de los estudiosos de la corrupción que dice que la concentración del poder genera corrupción y la concentración absoluta del poder genera corrupción absoluta.
 
Eso fue lo que pasó en Perú. Había, por un lado, un régimen autoritario, oscurantista, que actuaba a espaldas de la ciudadanía, valiéndose del servicio de inteligencia nacional, de corte criminal y político, para que la red se pudiera extender.
 
Había otra corresponsabilidad que es de la sociedad civil llamada a vigilar los actos de gobierno y evitar que la gran corrupción se extienda. En el caso de Perú se combinaron dos cosas: una especie de resignación pública la gente cree que “así somos”—que además pensaba “este es un gobierno corrupto, pero ha controlado la inflación y el terrorismo. Hubo una suerte de ceguera voluntaria para no querer ver lo que estaba pasando.
 
Semana.com: ¿Por qué después de que la justicia desmanteló la corrupción, una de las hijas de Fujimori es una candidata fuerte para llegar a la Presidencia?
 
J.U.: En su momento el proceso anticorrupción peruano fue un proceso exitoso. Así es considerado en el mundo cuando se evalúan casos similares como en Indonesia, Filipinas y otros países. Sin embargo, uno de los retos más importantes cuando hay avances importantes en contra de la corrupción es cómo hacer sostenibles los cambios, que ese esfuerzo se mantenga.
 
Lamentablemente, como la lucha anticorrupción depende de la voluntad política de un gobernante, si no se ha institucionalizado lo suficiente, puede retroceder. En el caso peruano fue sintomático que al poco tiempo de desbaratar la red criminal de Fujimori, llegó el gobierno del presidente Toledo, y uno de sus asesores principales terminó preso por corrupción.
 
Peor aún, en el gobierno de Alan García se presentó el caso, que es motivo de investigación, de los petroaudios que se trajo abajo al gabinete del Gobierno, porque se encontraron unas grabaciones de gente corrupta que estaba negociando terrenos petroleros construcción de hospitales y otro tipo de pillerías.
 
Semana.com: ¿Y cómo ve la carrera presidencial entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala?
 
J.U.: Lo curioso es que ambos candidatos tienen un corte autoritario. Humala es un exmilitar que ha tenido un discurso bastante duro. Por el otro lado, la hija de Fujimori tiene a los seguidores de su padre y los analistas dicen que su discurso no se diferencia del discurso del expresidente. De ahí que el electorado peruano esté en una situación difícil, dos características que saltan rápidamente a la vista. Otra característica es que los dos tienen familiares directos en prisión; Fujimori, a su padre por derechos humanos y corrupción, y Humala, a su hermano por el asesinato de varios policías en una asonada que hicieron en un pueblo de la Sierra Central. Eso entraña una decisión difícil.
 
Keiko Fujimori se ha visto obligada a pedir perdón por los excesos cometidos del fujimorismo, y jurar por Dios, esto lo dijo literalmente, que no iba a indultar a su padre. Los dos ofrecen garantías a la opinión pública de que no van a hacer lo que la gente sospecha, pero parte del electorado no les cree. Por eso hay un 20 por ciento que no tiene decidida su preferencia electoral. Es probable que mucha gente termine votando en blanco.
 
Semana.com: ¿es costoso para un estado combatir la corrupción?
 
J.U.: Depende de cómo se mire. En Perú todo el proceso pudo haber costado un millón de dólares, pero se recuperaron 75. O sea que fue rentable. Pero yo creo que una política anticorrupción no se debe medir solo en términos económicos, sino en la efectividad a largo plazo que genera gobernabilidad y mitiga el conflicto social. Además, es un deber de los Estados investigar y castigar la corrupción, independientemente del costo, es una obligación.
 
Semana.com: Finalmente, podría enunciar los aspectos clave de un proceso exitoso de lucha contra la corrupción.
 
J.U.: Lo primero que mencioné es la voluntad política. El liderazgo ético es muy importante porque así se pueden hacer las leyes que permiten la investigación y abrir los procesos judiciales.
 
Pero también es necesario hacer alianzas estratégicas con otras instituciones. En un mundo globalizado se requiere de alianzas con otros países, para combatir el crimen organizado que funciona como redes transnacionales. En el caso nuestro nos ayudaron fiscales estadounidenses, pero también Suiza y otros países. En el proceso de investigación fue muy importante la participación de gente joven y la modernización de los instrumentos legales. También es importante dar prioridad los recursos y los objetivos de las investigaciones. En casos donde los recursos son insuficientes se debe definir una estrategia para concentrar los esfuerzos en personas que debían ser castigadas ejemplarmente. Así lo hicimos en Perú y nos funcionó.