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| 4/4/2015 10:00:00 PM

¿Para dónde va Ordóñez?

El activismo del procurador sobre el proceso de paz tiene tres interpretaciones: quiere torpedearlo, reformarlo, lo usa como trampolín político.

La última arremetida del procurador Alejandro Ordóñez contra el presidente Juan Manuel Santos no fue de rutina. Llamaron la atención tanto su vehemencia como el momento escogido, pues hace apenas unas semanas había visitado Palacio para intercambiar puntos de vista sobre el proceso de paz con el primer mandatario, y había dejado la impresión de que se había producido una distensión y un acercamiento. Es decir, una pausa en una relación difícil y tormentosa que se ha caracterizado, precisamente, por sus subidas y bajadas. Las diferencias ideológicas, institucionales y de talante entre Santos y Ordóñez no son un secreto para nadie.

Pero el round fue duro. Santos intentó poner contra las cuerdas a Ordóñez con un regaño público: “No se meta en el proceso”, le dijo. “No haga política con la paz”, agregó. Apenas unas horas más tarde, al procurador se le notó la molestia que le había generado la conminación presidencial: “Serénese, presidente”, exclamó, y dejó en claro que seguirá actuando en el proceso de paz “porque así me lo ordena la Constitución”. Incluso aventuró una línea que casi tenía un tono personal: “El proceso de paz, doctor Santos, no está por encima de la Constitución, ni el presidente por encima de la ley, ni siquiera con la excusa de la paz”.

Todo indica que, más que un rifirrafe ideológico con el presidente, o una reedición de su conocida posición crítica sobre el proceso de La Habana, el procurador ha jugado sus cartas para recuperar espacios en la opinión pública. Hacia mediados del año pasado había pasado por un cuarto de hora adverso cuando se supo que el Consejo de Estado estaba a punto de tumbarlo. Un inminente fallo contra su reelección parecía cercano pues había evidencias de que la mayoría estaba alineada con la ponencia del magistrado Alberto Yepes, que habría considerado inconstitucional su escogencia para un segundo cuatrienio. La mala hora se agravó con dos fallos que tumbaron las destituciones que la Procuraduría les había impuesto al exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, y al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Pero el jefe del Ministerio Público ha resurgido. No se produjo la caída de su reelección –que está pendiente- y todo indica que cerca de diez magistrados del Consejo de Estado que están próximos a salir prefieren dejarle la papa caliente a sus sucesores. Y que, en consecuencia, cualquier decisión definitiva no será adoptada antes de varios meses.

Más allá de lo jurídico, Ordóñez ha recuperado iniciativa en la agenda pública y volvió a parecerse a aquel que llegó a considerarse ‘Todopoderoso’ cuando ganó con facilidad en el Congreso una reelección que en otros sectores, como el de los columnistas de opinión, fue muy controvertida. Ahora no solo regresó al ring más privilegiado, el que se comparte con el presidente de la República, sino lanzó iniciativas como la de buscar un Pacto por la Paz y volvió a hablar en voz alta. En una entrevista para el programa Los Informantes, asumió nada menos que la defensa del acorralado expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, y atacó sin prudencia al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo –“gran defensor del gobierno más cuestionado de la historia”- y al fiscal general, Eduardo Montealegre, a quien acusó, nada menos, que de “filtrar las pruebas a los medios para crear un ambiente para tomar una decisión”.

La resurrección de Ordóñez volvió a sacar a flote la idea de que detrás de sus movimientos hay una aspiración presidencial para el 2018. En las redes sociales se movieron en los últimos días fotografías de vallas que se habían instalado en Boyacá hace dos años con el lema: “Boyacá lo apoya y Colombia lo necesita”. Y a la pregunta sobre si está planeando una candidatura presidencial, Ordóñez dio la respuesta más cercana a un sí que le permiten su cargo y las limitaciones legales: “Lo único que sé es que tengo vocación por lo público”. Dejó muy en claro que ni retiro ni jubilación están en sus planes cuando termine su periodo, en septiembre de 2017.

Las dos variables que aumentan la distancia entre Ordóñez y el presidente Santos son la eventual candidatura presidencial del primero, y su intención, real o no, de obstaculizar el proceso de paz. Aún es prematuro evaluar la primera. El procurador tiene buena acogida en el Partido Conservador y en sectores del uribismo, pero en las filas de cada uno de esos partidos hay otros que tienen la delantera, como Marta Lucía Ramírez y Óscar Iván Zuluaga, los finalistas de 2014. En las encuestas tiene una imagen polarizada pero con bajo reconocimiento: el 26 por ciento tiene una imagen positiva y el 22 negativa en la última Invamer-Gallup. En cuanto a los diálogos de La Habana, si bien es cierto que tienen opositores, un eventual pacto entre el gobierno y las Farc para terminar 50 años de violencia seguramente sería acogido por la opinión pública y para quienes tienen aspiraciones políticas no resultaría conveniente quedarse del tren.

Algunos creen que Ordóñez le apuesta al fracaso de la paz para que el país busque en él un regreso del péndulo hacia la mano dura. Es decir, una reedición de la campaña de 2002, cuando Álvaro Uribe se opuso al proceso del Caguán y el fracaso de las negociaciones lo impulsaron en las encuestas y –a pesar de ser casi desconocido- lo llevaron al Palacio de Nariño. Varias declaraciones indican que el Procurador anda en esa estrategia: las exigencias en materia de castigo con cárcel para los miembros de las FARC autores de graves delitos, las constantes alusiones a los mecanismos internacionales de justicia, las críticas al retiro temporal del general Mora de la Mesa de La Habana. Condiciones que podrían hacer inviable la firma de la paz o que obligarían al gobierno a cambiar la arquitectura de lo que está haciendo en Cuba.

Pero hay otra interpretación. Alejandro Ordóñez ha tomado varias iniciativas en relación a la paz que hacen pensar que está hecho a la idea de que hay que subirse al tren. Le envió una carta al expresidente Uribe para invitarlo a vincularse al proceso, y ha convocado a todos los sectores políticos en torno a la idea de concretar un Pacto por la Paz. En estas reuniones se han sentado en la misma mesa Clara López, del Polo Democrático; Alfonso Gómez Méndez y Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal; Marta Lucía Ramírez, del Partido Conservador; León Valencia, académico; y Carlos Holmes Trujillo, del Centro Democrático. En estos encuentros, Ordóñez ha dejado ver una posición pragmática. Una que reconoce que el escenario más probable es que se firme la paz en Cuba y que después sea ratificada por parte de la opinión pública.

El procurador les ha dicho a sus compañeros de mesa que, si se va a llegar a un acuerdo, hay que asegurar que este sea viable y sostenible. Que se puedan cumplir. En plata blanca, que pueda defenderse ante tribunales internacionales, que no viole dos fallos de la Corte Constitucional sobre el Marco para la Paz, (C-577 y C-579), y que reúna un consenso. Por eso ha convocado a sectores opositores, como el uribismo, el conservatismo y Acore. Y aunque no ha logrado la vinculación del expresidente Uribe, sí ha tendido puentes con las otras tendencias. Lo cierto es que esta actitud es más moderada que la que, por ejemplo, expresó el senador del Centro Democrático Alfredo Rangel –como vocero del partido– sobre el proceso de paz.

Lo que no deja duda es el planteamiento de Ordóñez, en su pelea con Santos, en el sentido de que “se meterá en el proceso de paz”. El presidente tiene razón en que la conducción de los diálogos y la búsqueda de la paz forman parte de su fuero. Y en anteriores pulsos también ha dicho que el procurador no puede vigilar su conducta, ya que la Comisión de Acusaciones es juez natural, en lo penal y en lo disciplinario. Ordóñez, en la otra esquina, considera que tiene atribuciones generales: “Asegurar que se respeten la Constitución y la ley” que le dan un papel en el tema de la paz. Lo único seguro, en consecuencia, es que el round entre el presidente y el procurador, en los días anteriores a la Semana Santa, ni fue el primero, ni será el último.
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