Para-política y reelección

En Colombia se da hoy? una gran paradoja. La mayoría de los colombianos apoya al presidente Álvaro Uribe y quiere que se prolongue en el poder. Y esa misma mayoría, o por lo menos una similar, desprecia al Congreso y le gustaría cambiarlo lo más pronto posible. El problema, o más bien la paradoja, es que esos dos deseos no se pueden complacer al mismo tiempo.

El famoso 84 por ciento de popularidad que ha alcanzado el Jefe de Estado no le servirá de mucho -con un Congreso en ruinas como el que hoy tiene el país-, a la hora de tratar de que se reforme la Constitución para que se apruebe la reelección presidencial para un tercer período consecutivo.

Hasta hace unas semanas, cuando la crisis del Parlamento no había hecho explosión, todo indicaba que estaba en manos del presidente Uribe decidir si se lanzaba o no y que si lo hacía la reforma de la Constitución estaba aseguradara.

La novedad ahora es que esa reforma se le puede estar saliendo de las manos. Y no sólo por cálculos de mecánica política, sino por problemas de legitimidad.

Gracias a la crisis política, la oposición que está en minoría o las disidencias dentro de partidos como La U, tienen en sus votos la posibilidad de bloquear la reelección. Es la historia de David y Goliat: la cauchera del chiquito puede acabar con el gigante uribista.

Guardadas las proporciones, es el mismo papel que jugaron Yidis y Teodolindo en la primera reelección. Con la diferencia, entre otras, de que aquellos -siguiendo el símil bíblico- se vendieron por un plato de lentejas. Los de ahora van a ser más difíciles de alinear.

El escenario es el siguiente: para cambiar el famoso 'articulito' de la Carta Política que permita un tercer período al Presidente, hay dos caminos: el referendo o la vía del Congreso, como se hizo hace cuatro años.

Cualquiera de las opciones tiene serios obstáculos. El número de votos requerido para aprobar un referendo es tan alto (7,5 millones), que no está garantizado ni siquiera con el 84 por ciento de popularidad. Y la reforma vía Congreso, aun siendo aprobada a lo Yidis y Teodolindo, se enfrenta al elemento nuevo de la falta de legitimidad creada por el escándalo de la para-política.

"Cualquiera que sea la forma que defina este Congreso para la reelección del Presidente, está viciada de legitimidad", es la respuesta que da un analista político opositor como Pedro Medellín. Y también lo admiten uribistas como Carlos García, presidente del partido de La U: "Toda esta crisis deslegitima al Congreso, se pierde la confianza de la ciudadanía y afecta al gobierno del presidente Uribe porque somos sus amigos".

La solución más inmediata, entonces, sería devolverle la legitimidad al Congreso. Y en ese orden de ideas, la reforma política que hace trámite hoy, que ya ha sido aprobada en cinco debates y que busca sancionar a los congresistas y a los partidos salpicados por la para-política, se convierte en pieza clave del andamiaje para recuperar la honra perdida.

El problema es que esta iniciativa, conocida como la reforma de la 'silla vacía', parece tener sus días contados. El elemento clave en esta reforma es que las curules de los congresistas culpables de para-política no tengan reemplazo. Esta sería una manera de sancionar al partido que los acogió.Una simple operación de matemática electoral dice que tal vez no saldrá con vida en su séptimo debate. En la comisión primera del Senado son 19 miembros, y para aprobar la reforma se necesita la mitad más uno de los votos, es decir, 10. De los 19, hay cinco investigados o detenidos por la para-política (Eduardo Enríquez Maya, Carlos García, Rubén Darío Quintero, Ciro Ramírez y Luis Fernando Velasco) y uno que reemplazó a otro implicado (Juan Carlos Vélez a Mauricio Pimiento). Los seis tendrían que declararse impedidos para votar la reforma por conflicto de intereses, pues se está discutiendo qué hacer con sus curules: ni ellos ni sus suplentes deberían poder decidir si les quitan la curul, pues son parte interesada.

De los 13 restantes, cinco están decididos a hundir la reforma si llega tal y como está; son Gina Parody y Armando Benedetti, de La U; Gustavo Petro y Parmenio Cuéllar, del Polo, y Samuel Arrieta, de Convergencia. Es decir, en el mejor de los casos, sólo se tendrían ocho votos a favor de la purga, que no serían suficientes. Sin contar que entre esos ocho hay escépticos como Óscar Darío Pérez, cuyo voto no está asegurado.

De no pasar esta reforma política antes del 20 de junio, quedaría muy golpeado el Congreso para aprobar el cambio del 'articulito' de la reelección. Con 65 miembros enredados ya en el escándalo y otros 10 o 20 que podrían llegar, prácticamente la tercera parte del Congreso estaría en entredicho. En esas condiciones es impensable una reforma de tanta trascendencia.

Quedaría la opción del referendo. Esta también requiere la aprobación del Congreso.Pero por lo menos, tendría la presentación de su origen popular. Sus promotores, conscientes de la poca legitimidad del Legislativo, han decidido no contentarse con recoger 1,2 millones de firmas como ordena la norma para poder radicar el proyecto ante el Congreso, sino que van a llevar cinco millones de rúbricas. Por eso, además, la fecha del 20 de julio para radicar el proyecto de referendo al Congreso se movió para octubre y se empieza a dilatar así los plazos de un trámite ya de por sí apretado en el tiempo.

"Es una decisión para que no digan que es una alianza de los grupos de poder en el Congreso. Si se hace en el Congreso, todo el mundo puede decir que es una manguala de los uribistas, pero nadie puede decirlo si son nueve millones de votos en el referendo", explica Carlos García, presidente de La U.

Puede que no sea difícil conseguir los cinco millones de firmas, pero la gran dificultad estará a la hora de conseguir los 7,5 millones de votos en las urnas que se requieren para aprobar el referendo. Dos dirigentes de partidos uribistas le reconocieron a SEMANA que podrían verse en calzas prietas. De hecho, ese número de votos nunca se ha visto en el país. En 2002, para la Presidencia, Uribe obtuvo 5,8 millones de votos, y en las elecciones de 2006 casi 7,4 millones. De por medio, además, está la experiencia amarga del fracaso del referendo de 2003, que si bien no es comparable por la dificultad de los temas y el número de preguntas, es un antecedente de mal agüero para algunos.

Los uribistas más optimistas hacen cuentas alegres y dicen que el 84 por ciento de popularidad del Presidente se podría traducir en más de los 7,5 millones de votos necesarios. Pero a ese porcentaje de popularidad habría que comenzar a restarle: los que son uribistas pero no quieren un tercer período, los que les da temor expedir un cheque en blanco que tiene serias implicaciones institucionales, y los que a pesar de admirar a Uribe no votan, pues al fin y al cabo la abstención en Colombia es de cerca del 50 por ciento.

Jorge Londoño, de Invamer Gallup, aporta una reflexión que más parece una estocada: "En términos de opinión pública estas semanas creo que son muy dramáticas para el Congreso. Con la reforma no se soluciona el problema. A mí manera de ver, la reelección está liquidada".



El gobierno contraataca

Más allá de si está pensando en la reelección o no, lo cierto es que el presidente Uribe es consciente de la gravedad de la crisis. No es para menos. Esta semana se sumaron cinco más a la lista de investigados, para un total de 65, de los cuales 29 están en la cárcel. Y aun más cuando los dardos de la Corte de los últimos días pegaron muy cerca del corazón político de Uribe: investigación preliminar al presidente del partido de La U, Carlos García, y a la presidenta del Congreso, Nancy Patricia Gutiérrez.

El gobierno con su bancada uribista ha diseñado de urgencia una estrategia a dos tiempos para tratar de recomponer la crisis. El primer paso es lograr darle la vuelta al marcador en la comisión primera del Senado y así aprobar la reforma purgante que limpiaría la imagen del Congreso. Para lograr los dos votos que en el mejor de los escenarios hacen falta para aprobarla, tendrían que conquistarlos de entre los cinco que se oponen a la iniciativa o lograr que los investigados o sus reemplazos puedan votar la reforma. En este último caso se corre el riesgo de viciar el trámite.

En el primer caso tendrían que introducirle cambios importantes a la iniciativa, como por ejemplo sacar los artículos que aumentan el umbral para los partidos de 2 a 5 por ciento y el que exige un 30 por ciento del potencial electoral en firmas para inscribir una candidatura a una alcaldía como la de Bogotá. Así tal vez conquistarían votos como el de Gina Parody o el de Armando Benedetti, de La U, o incluso los del Polo (Petro y Parmenio), pero correrían el riesgo de provocar la retirada de partidos grandes como el Liberal, el Conservador o Cambio Radical, que ven en esos artículos una ventaja para los partidos institucionales.

La segunda estrategia del gobierno y su bancada es la de mover los hilos para provocar un gran acuerdo político para antes del 20 de junio, en el cual se les dan todas las gabelas necesarias a los partidos, estos se comprometen a sacar adelante esta reforma -o 'reformita' como la llaman algunos- con las sanciones, y luego en el segundo semestre se debatiría lo que Nancy Patricia Gutiérrez llama una "gran reforma", que incluiría temas estructurales como financiación estatal de campañas y el no al voto preferente. Nancy Patricia, quien como presidenta del Senado está dispuesta a convocar el acuerdo entre los partidos a partir de esta semana, lo plantea de la siguiente manera: "El Senado está en un radicalismo absurdo. A la oposición le toca meterse, si nos deja la reforma sólo al uribismo, quedamos en manos de Colombia Viva, Colombia Democrática y Convergencia. Y no es eso lo que queremos".

¿qué va a pasar?

La incertidumbre es total. ¿Qué pasa si no se aprueba la reforma política antes del 20 de junio? "Sería la debacle", responde Nancy Patricia.

Además de la puja en el Congreso, buena parte de la suerte de la crisis se decidirá en la medida en que aumente o no su impacto en el termómetro de la opinión pública. Se podría aplacar, por ejemplo, si comienzan a darse absoluciones. Hasta ahora sólo se ha dado la de José de los Santos Negrete. La Fiscalía posiblemente evacuará con mayor prontitud los casos que tiene -los 21 que renunciaron a su investidura de congresistas-, mientras que en la Corte Suprema el panorama no se ve tan despejado. Los parlamentarios implicados temen que sea cierto el rumor de que mantendrán abiertas todas las investigaciones hasta que terminen de hablar los jefes paramilitares en los tribunales de Justicia y Paz.

El presidente Uribe comenzó esta semana a mandar mensajes y giró unos cuantos pesos de su abultada chequera de popularidad para tratar de atenuar la crisis. Llamó la atención de la Corte Suprema ya no sobre casos particulares -como el episodio que involucró al magistrado investigador Velásquez-, sino sobre la manera de proceder del alto tribunal en general con palabras de alto calibre. Le pidió "objetividad total" en las investigaciones y "no abrirles puertas a las tentaciones de inestabilidad institucional". Para Uribe, "este país nuestro va bien en muchos caminos y por eso es la hora de llamar a preservar la solidez institucional".

El proceso de la para-política que ha marcado la historia de los últimos dos años en Colombia comienza ahora a transitar un momento crítico. Los ojos de todos están encima de las decisiones de la Corte, cada nuevo nombre es mirado con lupa y cualquier traspiés se lo podrán cobrar caro.

La Corte tendrá que afinar aun más su criterio, su rigor y su responsabilidad porque también existe un peligro de desprestigio del proceso que podría dar al traste con la credibilidad de la justicia. Sobre todo porque desde las trincheras del paramilitarismo ya se empiezan a lanzar torpedos que buscan salpicar nombres de personalidades para desestabilizar las instituciones. Quedará entonces la última instancia para la recuperación moral del país, la Corte Suprema, que deberá decidir qué políticos deben ir a la cárcel y qué personalidades públicas involucradas son parte de una maquiavélica estrategia del paramilitarismo para deslegitimar a la Justicia y desestabilizar el país.

Todo lo anterior no significa que si el Presidente quiere, no pueda ser reelegido. Pero sí significa que al depender su reelección directa o indirectamente del Congreso, hay serios problemas de legitimidad que preocupan no sólo a los colombianos, sino también a la comunidad internacional. n