¿Para qué se requiere una reforma a la justicia?

Pese a que el Gobierno decidió aplazar la discusión de la Reforma la Justicia para el próximo año, continúa el debate sobre las salidas a la congestión judicial y a la parálisis de la Corte Suprema de Justicia en la elección del Fiscal, entre otras trabas institucionales.

Este viernes, la Comisión Primera de la Cámara convocó a un foro sobre la reforma a la administración de justicia que contó con la participación de académicos, juristas, y representantes de los principales órganos del Estado.

En las ponencias de cada uno se advirtieron posiciones divergentes sobre cuáles deben ser las reformas al sistema judicial, desde cambiar los mecanismos de elección de los principales jefes de los órganos del Estado, hasta dejar la Constitución como está. En lo que sí estuvieron de acuerdo los ponentes es que hay tal congestión del sistema, que se requieren medidas urgentes, y en que la rama judicial no cuenta con los suficientes recursos.

¿Asamblea Constituyente? No, gracias

A la instalación asistió el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien pidió a los ponentes encontrar salidas para lograr elaborar una reforma que haga más eficaz la Justicia.

A la salida, pues Vargas Lleras se dirigía al Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria que se lleva a cabo en Santa Marta (Magdalena), el Ministro advirtió que cerca de 100 congresistas podrían declararse impedidos para votar la Reforma a la Justicia por estar investigados por la Corte Suprema de Justicia. El hecho es uno de los escollos, además de la concertación, que deberá enfrentar la iniciativa para que salga avante en el Congreso.

El Ministro también rechazó la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente como recurso para reformar la Justicia. En su criterio, “la vía para conseguir la reforma es el Congreso”.

La propuesta fue lanzada hace unos días por el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria quien considera que es la manera de resolver la parálisis institucional del Estado. Sin embargo desde diversos sectores del Congreso la propuesta ha sido rechazada.

“Convocar a una Constituyente contribuye a desinstitucionalizar el Estado”

En el foro organizado por la Comisión Primera del Senado, la contralora general de la Nación, Sandra Morelli, presentó su ponencia “Disfuncionalidad y perspectivas del poder judicial”.

La Contralora dijo que los altos tribunales eran “vértices” de la Justicia y que éstos debían volver a sus funciones originales. Es decir, que la Corte Suprema de Justicia se encargue de los procesos ordinarios; el Consejo de Estado, solo de los contenciosos administrativos; y la Corte Constitucional, de los que se refieren a los derechos fundamentales. Dijo que era necesario rediseñar el Consejo Superior de la Judicatura, y abrir el diálogo entre el Gobierno, los presidentes de las cámaras del Congreso y los presidentes de las cortes para definir las políticas judiciales del Estado.

Morelli al final dijo que “el Congreso debe tener la capacidad de reformar la Constitución. Los congresistas tienen que actuar como representantes de la institución y no como sujetos a los que les afecta subjetivamente la reforma”, dijo.

Y lanzó una frase a propósito del debate a la propuesta de convocar a una Asamblea Constituyente: “Convocar a una Asamblea constituyente contribuye a desinstitucionalizar al Estado”.

“No es menester reformar la Constitución”

“La no justicia es lo que más desinstitucionaliza al Estado”, fueron las palabras con las que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, arrancó su disertación titulada “Debido Proceso”.

Ordoñez dijo que la descongestión judicial era un problema de voluntad política. “No es menester modificar la Constitución, es voluntad política”, dijo. “La gran reforma está en cabeza de la misma administración de justicia cumpliendo con el marco constitucional y legal”, agregó. Ordoñez advirtió que la impunidad y la falta de celeridad en la justicia son causas de que la ciudadanía acudiera a la justicia privada.

Se preguntó sobre cómo era posible que una persona tuviera que acudir a la tutela para que se le resolviera un derecho como la pensión o la salud.

Al respecto de la convocatoria a una Asamblea Constituyente dijo “no nos podemos distraer pretendiendo crear escenarios o reducir el problema de la administración de justicia a una reforma”.

Sindéresis para una reforma

El ex magistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández dijo que la reforma a la justicia debía ser muy bien estudiada para que después no “nos vayamos a arrepentir”.

Hernández hizo una descripción de la estructura constitucional que en su criterio presenta fallas y debe cambiarse. Por ejemplo, el hecho de que los magistrados sean investigados por la Cámara y juzgados por el Senado, y que los congresistas a su vez sean juzgados por la Corte Suprema de Justicia. O el hecho de que el Presidente sólo pueda ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, luego de que haya pasado por un juicio político en el Congreso. “A mi juicio, en lo político, el Presidente sí debería ser juzgado por el Congreso, pero ante la posible comisión de un delito debe ser la Corte Suprema de Justicia la que tenga la competencia de investigarlo directamente”.

También dijo que “no deben existir tutelas contra fallos proferidos por las Altas Cortes”, pues, además de que se demora la impartición de justicia, se genera una inestabilidad en el sistema.

“Las reformas propuestas son cosméticas”

El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jorge Enrique Córdoba dijo que el país debería estar dispuesto a asumir una reforma a fondo del sistema judicial.

“Hay que reconocer que el sistema acusatorio fue un fracaso”, sentenció. Dijo que al principio fue partidario del sistema oral de justica pero con el tiempo se ha dado cuenta de que no funciona.

“Llegó la hora de enfrentar una reforma cardinal al sistema”, dijo. El ex magistrado argumentó que la reforma debía hacer más expeditos mecanismos como el principio de oportunidad y la conciliación en los procesos, para evitar la congestión.

Al respecto de las propuestas recientemente formuladas para aumentar las penas como elemento de solución al sistema dijo que esa era una forma tradicional de encarar el problema. Pero, “no es la dureza de las penas sino la certeza de su aplicación lo que separa al hombre del delito. No sigamos arreglando los problemas de la justicia con castigos que no corrigen, no resocializan y no previenen a nadie”.

¿Para qué una reforma?

El ex procurador Jaime Bernal Cuellar, por el contrario, dijo que no se podía atribuir todos los problemas del sistema judicial al sistema acusatorio vigente. Bernal hizo un diagnóstico de las causas de la crisis en la justicia a la que calificó de politizada, con problemas de inseguridad jurídica e ineficiente. Esta fue parte de la lista de causas que enunció el ex procurador.

-Faltan recursos económicos y humanos.

-Abuso del derecho penal para solucionar los conflictos.

-Hay deficiencia administrativa y judicial.

-Conflictos internos entre las corporaciones de la Justicia.

-La filtración de las sentencias por parte de los medios de comunicación.

-Interpretaciones cerradas de la Ley, como en el caso de la juez que dejó recientemente en libertad a varias personas comprometidas con el tráfico de armas porque el allanamiento se hizo en la noche.

-Conflictos entre las ramas del poder.

-Ausencia de una política criminal.

-Inestabilidad en los cargos.

-Falta capacitación.

-Mecanismo de la elección de los funcionarios.

Bernal enfatizó en que antes de elaborar la reforma a la justicia había que preguntarse ¿qué es lo que se persigue?

¿Qué tiene que ver el aumento de los años del período de los magistrados con la descongestión judicial?, se preguntó.

O, ¿aumentar las penas ayuda a despolitizar la justicia?, agregó.

Bernal argumentó que sí eran necesarios los cambios, pero que estos debían tener unos objetivos muy claros. Dijo, por ejemplo, que el sistema de elección del Contralor, del Procurador y del Fiscal debía ser a través de un concurso de méritos. El auditorio aplaudió.

También lanzó varias propuestas, como que “quienes ejerzan estos cargos sean pensionados inmediatamente para que no salgan a buscar puesto… Se deben establecer inhabilidades para que los magistrados eviten salir a hacer campaña política. Eliminar las comisiones administrativas de las cortes. Eliminar la Comisión de Acusaciones del Congreso (encargada de investigar a los magistrados y al Presidente). Establecer mayores requisitos para los aspirantes a magistrados…”. Al final se preguntó: “¿Vamos a tratar de hacer una reforma para mantener poderes o para que se reconozca el derecho fundamental a una justicia eficiente?”.