Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 1990/04/02 00:00

Para variar... más violencia

Mientras el narcoterrorismo cede, la violencia guerrillera y paramilitar se recrudece.

Para variar... más violencia

El temor por el incremento de la violencia a medida que se acercaran las elecciones venia desde el año pasado. El estado de zozobra creado por el narcoterrorismo no daba lugar para pensar otra cosa. Y así fue. Más de 50 acciones terroristas entre masacres, asesinatos, secuestros, asaltos y atentados dinamiteros hicieron de las dos últimas semanas unas de las más violentas que recuerde recientemente el país. Pero contrariamente a lo que muchos preveían, no fue el narcotráfico el encargado de sembrar el terror sino, una vez más, la tradicional violencia política que durante más de 40 años ha mantenido al país en permanente enfrentamiento.
El año había empezado mal: 27 acciones guerrilleras en los primeros diez días mostraron la tónica de lo que podía ser 1990. Los hechos se encargaron de demostrar que podía ser aun peor. La escalada, que hasta hace pocos días había sido atribuída por las autoridades básicamente a una estrategia orquestada por el ELN para sabotear las elecciones, sumada al intento de las FARC de recuperar el Magdalena Medio perdido a manos de la organización de Gonzalo Rodríguez Gacha (Ver SEMANA, enero 16, 1990), no sólo se extendió prácticamente a todas las regiones que durante los últimos años habían sido escenario de la más encarnizada violencia -Urabá, el Magdalena Medio, los departamentos de Antioquia, Cesar, Córdoba, Meta, Santander, Chocó- sino que además volvió a colocar a la población civil como el blanco de la guerra. Asesinatos como el de la alcaldesa de Apartadó, Diana Cardona, el de tres líderes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare y la periodista Silvia Duzán en Cimitarra (ver artículo siguiente), la masacre de 5 dirigentes de la UP en Unguía (Chocó) y las continuas amenazas y atentados contra los militantes de la Unión Patriotica cuyos muertos llegaron a 73 en tan sólo 60 días, vinieron a sumarse a los secuestros (incluídos los de varios alcaldes), el boleteo, las emboscadas y los atentados a oleoductos y torres de energía, en una guerra que empezó a exigir una nueva explicación.
Por un lado, es claro que los grupos guerrilleros han emprendido una gran escalada iniciada desde comienzos del año. De ella hacen parte los continuos secuestros de alcaldes y dirigentes políticos por parte del ELN, los atentados al oleoducto y a las torres de energía, y la ola de secuestros con fines de financiación a hacendados y ganaderos en regiones como Córdoba y Cesar. Sin embargo, estas acciones que inicialmente se le atribuían a una estrategia puramente preelectoral, pasaron a convertirse en parte de una guerra cuyos objetivos parecen ir mucho más allá. Duramente golpeados por la arremetida emprendida por el ejército contra los distintos frentes guerrilleros desde octubre del año pasado y que este año llegó inclusive hasta las goteras del campamento donde se encuentra el secretariado mayor de las FARC, las tres organizaciones guerrilleras -FARC, ELN y EPL- han dispuesto -según pudo establecer SEMANA- una respuesta militar conjunta cuyo propósito fundamental es demostrarle a los altos mandos del ejército y al gobierno que la guerrilla colombiana no está derrotada y aún tiene una gran capacidad de desestabilización en el país.
Deslegitimados nacionalmente por la pérdida de apoyo en las bases populares y el proceso de paz con el M-19 e internacionalmente por los cambios fundamentales ocurridos dentro del mundo comunista y más recientemente por la derrota del sandinismo en Nicaragua, los líderes guerrilleros intentan nuevamente ensayar la estrategia del recrudecimiento de la guerra como forma de recuperar el escenario perdido. Es por eso que no resulta sorprendente que a finales de la semana pasada -la más violenta en lo que va corrido del año- el EPL y el ELN anunciaran una tregua unilateral por el período de elecciones, en una típica combinación de balas con palabras como táctica de guerra.
Pero no es sólo eso. El desarrollo de esta ofensiva volvió a poner a la orden del día a los grupos paramilitares, cuya capacidad militar se creía diezmada después de la muerte de "El Mexicano". En regiones como Urabá y el Magdalena Medio han vuelto a tener lugar masacres y atentados contra dirigentes políticos -especialmente de la Unión Patriótica- cuya autoría se le atribuye al regreso de estas bandas de hombres armados quienes -si bien ya no mantienen la unidad nacional y de propositos que les dio la organización de Rodríguez Gacha -volvieron a convertirse en los originarios grupos de autodefensa cuyo objetivo era contrarrestar la acción de la guerrilla y dirimir los conflictos regionales.
La carne de cañón en este fuego cruzado entre guerrilla, paramilitares y ejército han vuelto a ser los supuestos aliados civiles de uno y otro bando a quienes cada grupo asesina acusándolos de apoyar al enemigo. Y ante este tipo de violencia es poco o nada la efectividad que ha demostrado tener el gobierno.
La situación es tal que cada una de las partes involucradas en el conflicto ha terminado por acudir a mecanismos antes insospechados para tratar de parar la guerra. El gobierno, acosado por la proximidad de las elecciones decidió la semana pasada, no sólo incrementar significativamente el pie de fuerza en regiones como Córdoba, donde el enfrentamiento ha llegado al extremo de que los ganaderos decidieron poner en venta gran parte del departamento, sino que además terminó por culpar directamente al ELN y a Los Extraditables, del incremento de las acciones terroristas. Si bien es cierto que los atentados del año pasado fueron producidos en gran medida por los narcotraficantes y que muchos de los de este año se deben al ELN, la salida de los ministros de Defensa y de Gobierno, en respuesta directa a los reclamos de la UP por el asesinato de sus dirigentes, no deja de ser simplista.
Frente a ella, la Unión Patriótica que durante años se limitó a acudir reiteradamente al gobierno para pedir protección para sus militantes, decidió también la semana pasada, no sólo retirarse del Tribunal de Garantias Electorales, sino además enviar directamente comunicados tanto al ELN como a Los Extraditables, solicitándoles que aclararan si eran ellos los autores de las masacres contra sus dirigentes, tal como lo insinuaba el gobierno. Al cierre de esta edición, sólo el ELN había dado respuesta, negando rotundamente tener que ver con estos atentados y acusando al gobierno, el ejército y los organismos de inteligencia de ser los orquestadores de la campaña de exterminio contra la Unión Patriótica.
Si bien no es fácil dar crédito a la palabra de este grupo guerrillero, hechos como el del soldado del Batallón Bomboná sorprendido por el Alcalde de Segovia (Antooquia) -según él -con un mensaje dirigido al burgomaetre por el Movimiento Muerte a Revolucionarios del Nordeste- uno de los grupos paramilitares más feroces de la región-, no deja de ser preocupante. Para nadie es nuevo que en la organización de los grupos de autodefensa mucho tuvo que ver el ejército y sus famosos manuales contraguerrilla en los cuales se promocionaba la organización de grupos de civiles armados para que sirvieran de apoyo al ejército en la lucha contra las organizaciones guerrilleras.
En lo que tiene que ver con la guerrilla, su siluación tampoco es fácil. Es evidente que los golpes propinados por el ejército en los últimos meses la han afectado organizativa y militarmente. Pero además, que -a diferencia de otras épocas- el gobierno y muy posiblemente el que haya de llegar el próximo 7 de agosto ya no está dispuesto a seguirle haciendo el juego a las tácticas combinadas de diálogo y ofensiva militar. Así lo ha hecho saber el propio Presidente Barco y varios de sus ministros en distintas oportunidades y así lo demuestra la intensificación de las acciones militares -incluídas las del Cuerpo Elite de la Policía- en las zonas dominadas por la guerrilla y consideradas por mucho tiempo territorio prácticamente vedado para cualquier incursión de las fuerzas armadas.
Para la Unión Patriótica la situación tampoco deja de ser preocupante. En un momento en que se juega electoralmente no sólo su permanencia como fuerza mayoritaria distinta a los partidos tradicionales sino además el liderazgo interno entre "mamertos" y "perestroikos", como se ha llamado respectivamente a los partidarios de continuar con la ortodoxa comunista y los favorecedores de la apertura, en abrir otro frente de lucha para defender la vida de sus miembros, le significa un gran esfuerzo adicional. Todo ello sin contar con la enorme pérdida que ha significado para el movimiento el asesinato de sus más connotados dirigentes, particularmente en las regiones donde había obtenido mayor apoyo político en las pasadas elecciones.
La posición del gobierno tampoco es envidiable. Su primer reto es garantizar que se podrán realizar elecciones en todo el país. Pero una vez pasado el 11 de marzo, tendrá que empezar a buscar fórmulas que resulten verdaderamente efectivas para parar el recrudecimiento de la violencia paramilitar y guerrillera. Si bien para ello cuenta con el apoyo de la mayoría de la población que -ya cansada de las balas no importa de donde vengan- está dispuesta a todo con tal de detener la guerra y además con unas fuerzas Armadas cuyos recursos, armamento y entrenamiento, han sido mejorados notablemente, la tarea no será nada fácil. La experiencia ha demostrado que es muy poca la efectividad real de las autoridades frente a las acciones de violencia generalizada e indiscriminada perpetradas tanto por la guerrilla como por los grupos paramilitares. Frente a la primera, porque no obstante su desventaja numérica y militar, sigue conservando las ventajas propias de la guerra de guerrillas en una geografía como la colombiana. Frente a los segundos, porque a pesar de los esfuerzos por identificar y desmantelar estos grupos, hasta ahora las autoridades no han podido obtener resultados efectivos, debido entre otras cosas a que en muchas regiones estos se hayan patrocinados y protegidos por hacendados, ganaderos e inclusive miembros de las propias Fuerzas Armadas que operan en las regiones donde ellos actuan.
Ante este panorama, es claro que si bien no existe el riesgo de que -a pesar de las intenciones- guerrilla y paramilitares logren sabotear las próximas elecciones, excepto quizás en algunas regiones apartadas, es muy posible que semanas como la pasada, vuelvan a repetirse varias veces durante este año y los que vienen, hasta que los colombianos logremos erradicar finalmente de nuestras vidas, la cultura de la muerte.

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