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| 8/9/1993 12:00:00 AM

PARA VERTE MEJOR

Nadie sabe que hacer con un Veedor que ve más de lo que toca. SEMANA analiza por que este personaje tan popular le estorba a tanta gente.

PARA VERTE MEJOR
HASTA HACE ALGUNOS DIAS POCOS COLOMbianos sabían quién era Jorge García Hurtado. Sólo lo reconocían como el señor con acento antioqueño y mirada aquilina que tenía el cargo de Veedor. Veedor de qué? Casi nadie lo sabía, pues en el mar de nuevos cargos fiscalizadores con nombres pomposos que quedaron en el nuevo orden constitucional, el del Veedor como el del Defensor del Pueblo eran considerados de segunda clase.
Ahora, súbitamente, el Veedor se ha convertido en el símbolo de la lucha contra la corrupción. Y todo esto lo ha producido la sentencia del Consejo Superior de la Judicatura, que le ha solicitado al Presidente de la República su destitución. La opinión pública tampoco entiende muy bien que es el Consejo Superior de la Judicatura, pero la impresión generalizada de todo el episodio es que hay un señor honesto que quiere evitar que se roben los dineros del erario público y que por eso lo están sacando a sombrerazos.
Cuál es la realidad de todo esto? En primer lugar, que el cargo del Veedor es un cargo coyuntural creado con un solo propósito: vigilar que los recursos del Tesoro Público, o aquellos provenientes del exterior, no pudierar ser utilizados electoralmente en las campañas políticas. Esta vigilancia tenía que operar solamente durante tres años, que era el período considerado de transición entre la vieja y la nueva Constitución.
Como en el régimen anterior eran tolerados los auxilios parlamentarios como instrumento electoral y en el nuevo ésta figura se prohibio, se considero oportuno crear un cargo fiscalizador para que los viejos hábitos no se perpetuaran .
De los tres años de vigencia que iba a tener la figura del Veedor ya han transcurrido dos, y dentro de uno habría desaparecido el cargo en relativa oscuridad de no haher sido por los acontecimientos de la semana pasada.

UNA RECOMENDACION DE ALVARO
Dado el término perentorio de ocho días hábiles que el artículo 34 transitorio de la nueva Constitución le daba al Presidente para nombrar al Veedor, César Gaviria, sin darle mayor trasccndencia al nombramiento acogió una recomendación de Alvaro Gómez Hurtado y de Rodrigo Marín Bernal para nombrar a Jorge García Hurtado. Este resultó ser un personaje exótico. El adjetivo más benigno con que se le ha descrito es el de extravagante. Y no pocos han puesto en tela de juicio su cordura. En todo caso Garcia Hurtado en cuestión de fiscalización de los dineros del Estado ha resultado una mezcla entre el ayatollah Jomeini y Laureano Gómez. Por todas partes ve una conspiración contra el erario público. Para él, las cosas son en blanco y negro y sin muchos matices. Tiene una visión de la clase política como la que tendría cualquier taxista: todos los políticos roban y la política no es más que el saqueo del erario público. Como esta apreciación concuerda con la que tienen la mayoría de los colombianos, García Hurtado se ha convertido de la noche a la mañana en un ídolo y en un mártir.
Por este radicalismo el Veedor ha terminado siendo una piedra en el zapato para la clase política y, en cierta forma, para todo el sistema. El paso más difícil entre la Constitución nueva y la vieja ha sido el tránsito del mundo con auxilios al de sin auxilios. En el afán de prohibir los auxilios con fines políticos no se reglamentó la transición constitucional de los llamados "buenos" auxilios, que son aquellos destinados a fines sociales, académicos o culturales.
En medio de toda esta maraña de interpretaciones se presentaron unas situaciones jurídicas confusas alrededor de giros de auxilios indiscriminados que podrían ser considerados como violaciones flagrantes a la Constitución. Por lo general las autoridades competentes trataron con comprensión estos casos, basándose más en la presunción de buena fe que en el contenido de la ley. Por cuenta de esta actitud la mayoría de los protagonistas salieron bien librados, aunque hubo excepciones como la de Juan Martín Caicedo, sus secretarios de despacho y los concejales que acabaron encarcelados.
En contraste con esta actitud flexible, el Veedor ha resultado rígido como un riel. La presunción de buena fe no opera en su caso y no sólo se ciñe a la letra de la ley sino que va más allá de esta en lo que el considera el cumplimiento de sus funciones. García Hurtado ha estado acusado de incursionar en áreas que no son de su competencia, la cual esta circunscrita a impedir que los dineros públicos se desvíen a campañas electorales. El problema radica en que el Veedor considera que en Colombia no hay campañas electorales con fechas fijas sino una campaña permanente que nunca termina.
De esta presunción se llega a la conclusión de que toda actividad píblica puede ser electoral y, en consecuencia, que todo el gasto del Estado puede llegar a ser manejado en función de las elecciones.
Esta interpretación radical y las actuaciones que de ella se han derivado por parte de la Veeduría han creado un problema de dimensiones monumentales.
El Veedor, de quien se esperaba una fiscalización en época preelectoral sobre las fundaciones con las cuales los parlamentarios manzanilleaban, tiene en este momento en jaque al alto Gobierno por todas las grandes decisiones en materia de gasto público. Tiene demandado el presupuesto nacional por arbitrario al incorporar facultades que violan su propia ley orgánica de presupuesto. La Corte Constitucional tiene a consideración esta demanda. También se fue lanza en ristre contra el plan de desarrollo que fue aprobado por el Conpes. El argumento en este caso es que el plan de desarrollo tiene que ser elaborado con la participación de la "sociedad civil" y aprobado por el Congreso, y que por lo tanto un documento emanado en una encerrona entre unos ministros y unos tecnócratas carece de validez jurídica.
Además de todo esto tiene demandado al ministro de Hacienda, Rudolf Hommes por ponerle conejo en más de 600 mil millones de pesos a las regiones del país. El Ministro ha aclarado que se trata solamente de una diferencia de interprctación contable, pero esto no ha convencido a García Hurtado.
En cuanto a las campañas electorales, el Veedor ha anunciado que piensa establecer un tope para las cuantías de los aportes del sector privado con el propósito de evitar que la "plutocracia" controle las elecciones. Este objetivo es sin duda alguna loable, pero muchos consideran que no está relacionado directamente con su función, que es la de fiscalizar en materia electoral el uso de los dineros públicos pero no el de los privados.
Y como si esto fuera poco, el Veedor decidió meterse de frente con Colfuturo. La controvertida fundación de la primera dama ha sido denunciada por varios sectores no sólo por la naturaleza jurídica de los recursos sino por la destinación de los mismos. Algunos candidatos han manitestado que estos dineros pueden ser utilizados con fines electorales. Ante estas denuncias, García Hurtado tenía todas las facultades para investigarla. Así lo hizo. Presentó un informe, en el cual llegó a la conclusión de que no se estaba haciendo una utilización electoral del fondo de becas de la primera dama, pero inmediatamente procedió a cuestionar la legalidad de todos los aportes y a pedir investigaciones para los funcionarios responsables. Esta posición es muy popular y muchos críticos del Gobierno la comparten. Sin embargo, nuevamente se ha hablado de extralimitación de funciones. ya que el Veedor tiene competencia solamente para evitar la desviación de recursos públicos hacia campañas políticas.
Pero curiosamente, en donde peor le ha ido al Veedor ha sido en la intervención más relacionada con sus funciones. Este ha sido el caso del Icetex, donde se hacía mucha politiquería a través de fondos de becas manejados por los parlamentarios. Aún en este escenario su actuación ha sido controvertida, pues congeló los fondos de esa entidad con posterioridad a las elecciones y no en los tres meses anteriores, como lo estipula el Decreto 293 de 1991, que reglamenta las funciones del Veedor. Por cuenta de esta diferencia de fechas es que el Consejo Superior de la Judicatura decidió destituírlo con el argumento de que se trababa de una flagrante violación de la ley. El Veedor manifestó que el no compartía la interpretación de la norma en relación con las restricciones cronológicas ya que, según él, en el mismo decreto existe una disposición que lo faculta para actuar cuando lo considere conveniente. "Yo no soy policía por solo tres meses como quieren algunos... yo soy policía todo el tiempo", afirmó a SEMANA.
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