Domingo, 4 de diciembre de 2016

| 2016/06/17 11:17

Los reveladores audios del caso del Parador de Buga

Semana.com revela las conversaciones interceptadas que dejarían al descubierto la manguala que existiría entre la jueza y los beneficiarios de una millonaria demanda contra el Estado.

La historia arrancó en 2005 cuando el extinto Instituto Nacional de Concesiones (INCO) que fue reemplazado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) inició un proceso de expropiación administrativa del reconocido hotel y restaurante llamado el Parador de Buga.

En la audiencia con la que se busca legalizar la captura y cobijar con medida de aseguramiento a la jueza bugueña Norella Acosta Tenorio, se conocieron los reveladores audios de las llamadas interceptadas que motivaron la investigación contra la funcionaria, en el escándalo judicial conocido como el Parador de Buga.

Si bien de esos audios se viene hablando desde hace un par de años en los medios de comunicación, tal como lo hizo el periodista Daniel Coronell en su habitual columna en esta revista, sólo ahora esas pruebas se hicieron públicas.

Y sucedió esta semana durante la audiencia de la legalización de captura de la jueza Acosta. Allí la Fiscalía se jugó sus cartas para pedir que la funcionaria judicial fuera cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario acusada de varios delitos como prevaricato por acción, concusión y cohecho propio.

Este embrollo judicial se convirtió en toda una truculenta historia que ya suma un muerto, dos hermanos involucrados, dos juezas capturadas y el nombre del exfiscal Mario Iguarán.

El nombre de Iguarán salió al baile en este caso luego que le cuestionaron que siendo fiscal recibió la denuncia de Jaime Grajales Patiño, uno de los cinco hijos del dueño del parador de Buga, en la que confesaba que detrás de la millonaria demanda contra el Estado existía una supuesta complicidad entre sus otros hermanos, los jueces del caso y abogados.

Irónicamente la investigación no prosperó, el joven Grajales fue asesinado (se sospecha que detrás de ese crimen estaría uno de sus hermanos) y el exfiscal Iguarán, que también es bugueño, se convirtió en abogado de la familia Grajales ante la demanda contra el Estado.

La historia arrancó en el 2005 cuando el extinto Instituto Nacional de Concesiones (INCO), que fue reemplazado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), inició un proceso de expropiación administrativa del reconocido hotel y restaurante llamado el Parador de Buga.

Ese establecimiento comercial ubicado a orillas de la carretera Cali-Buga sería afectado por las obras de construcción de la doble calzada del Valle del Cauca. Aunque la obra vial ya se concluyó y está operando, quedó abierto el pleito legal por diferencias en el valor que se pretendía pagar por ese predio expropiado.

Lo llamativo del asunto es que quienes lideraban la demanda por un precio mayor eran los hijos extramatrimoniales del propietario del Parador de Buga, el señor Jaime Grajales Santa.

Luego las autoridades descubrieron que esos hijos (Carlos Andrés Grajales Gamba y Jairo Grajales Ospina) se valieron de un poder con firmas falsificadas de su padre, que padece alzheimer, para adueñarse del negocio y recibir la indemnización. Por ese fraude fueron capturados los dos hermanos Grajales y una jueza de Argelia, Valle, pero luego quedaron libres.

Pese a ese fraude, la demanda contra la ANI exigiendo un mayor precio por el Parador de Buga siguió su curso y la jueza Acosta Tenorio autorizó y validó un nuevo avalúo que multiplicó por ocho el precio inicial que se tenía. Es decir, gracias a la decisión de esa jueza, el Parador pasó de costar 2.100 millones de pesos, a casi 17.000 millones.

Ese precio, sumado a los intereses y la indexación, es lo cuesta la demanda actual por 40.000 millones que tendría que pagar la ANI y está a punto de definirse ese desembolso en una audiencia programada para el viernes 17 de junio y hoy también se define la captura de la jueza Acosta. Es decir, el mismo día que la señora Acosta es acusada de corrupta, otro juez define el pago de la millonaria demanda que ella atendió.

De ahí la importancia de los audios. Son cuatro fragmentos en los que se oye la voz de una mujer que, al decir de los investigadores, es la jueza Acosta, hablando sobre el proceso del Parador del Buga. La conversación es de alto interés para el proceso porque su interlocutor es Carlos Andrés Grajales Gamba, el demandante.

De comprobarse que las voces son de ellos, quedaría en evidencia que tal como se lo denunció la víctima fatal de este proceso, esa millonaria demanda está montada en un tinglado de corrupción que involucra a jueces, abogados y sus clientes.

El primer audio es una conversación aparentemente entre Acosta y Grajales, en la que hablan sobre la sospechosa visita de un fiscal que investiga el caso: Aquí estuvo toda la mañana ese tipo (…) que quería conocerme.  (…) Lo noté como raro, como extraño, (…) como que quiere buscar algo”, le dice supuestamente la jueza a su interlocutor.

Un segundo audio permite inferir que los demandantes estaban tranquilos porque creían que el abogado de la ANI no presentaría ningún recurso para objetar el desembolso del dinero de la millonaria demanda, pero se enteran que última hora entra el mencionado recurso que les frenaría del pago.

“Ahí me acaba de llamar ella (al parecer la jueza) pues que urgente, que lo ubique que porque eso estaba listo, estaba fijo y a los 10 minutos interpusieron el recurso”. Añade que todo eso es “una cagadota no de Escobar, sino del otro tipo pues sí lo tenía arreglado”.

El tercer audio es más elocuente y se oye presuntamente a la jueza recriminando a los demandantes por apresurados, “yo les dije a ustedes que eso no era así, ese apresuramiento no era así (…) ahora yo que hago, (…) uno está en entredicho porque eso está muy vigilado, (…) allá todo el mundo está con los ojos abiertos”.

El cuarto audio deja entrever que para los demandantes (Calos Andrés Grajales Gamba y su asesor jurídico) el abogado de la ANI sería su cómplice, pero los engañó, “abusaron de la confianza de nosotros dos, frente a que el tipo estaba arreglado”, “cómo a lo último va a flaquear por una decisión como la que tomamos ahí, para arreglar con el tipo de allá de Bogotá”, “qué maricada, por hacer bonito, hicimos feo”.

Ahora queda esperar si ante semejantes evidencias de presunta corrupción, el juez que tiene la responsabilidad de autorizar el desembolso de la millonaria demanda, insiste en pagarles a los hermanos Grajales un pleito que, al parecer, se ganaron a punta de irregularidades.

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