Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2005/12/03 00:00

Paramilitares como sustitutos

Evidencia desclasificada sobre los "aliados" antiinsurgentes del Ejército

Paramilitares como sustitutos

El tema de la eventual complicidad del Ejército colombiano con las atrocidades paramilitares probablemente no será abordado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, instalada la semana pasada con el fin de contribuir a la desactivación de las milicias de derecha del país a partir del esclarecimiento de lo sucedido con el fenómeno paramilitar y de la reparación a las víctimas. La ley provee una amnistía casi total para la mayoría de los paramilitares y exige a los responsables de delitos de lesa humanidad tan solo un poco de buena voluntad y modestas reparaciones monetarias a sus víctimas. La Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía -que operará simultáneamente con la Comisión- sólo tendrá 60 días para preparar los casos, e incluso aquellos encontrados culpables de crímenes atroces pueden contar con servir condenas relativamente leves. La Ley de Justicia y Paz tampoco obliga a los comandantes paramilitares a entregar información sobre las operaciones y el financiamiento de sus organizaciones. Es lo que el presidente Álvaro Uribe llama "un balance entre la justicia y la paz". Afortunadamente, documentos estadounidenses recientemente desclasificados, incluidos relatos de primera mano de militares colombianos de alto rango, están comenzando a correr el velo de la reserva. Obtenido por el National Security Archive bajo la ley de la libertad de información de Estados Unidos, estos documentos proveen nuevos detalles acerca del involucramiento de militares en ataques paramilitares y ofrecen una perspectiva única e íntima de las presiones institucionales que estimularon un alto grado de cooperación con la fuerzas paramilitares -desde el consentimiento tácito de los oficiales de alto rango hasta la participación directa de los suboficiales en el terreno y sus tropas-. Un caso que seguramente va a ser examinado por la Comisión o por la Fiscalía es el de la serie de masacres paramilitares en y alrededor de las poblaciones de la Gabarra y Tibú en el verano de 1999. Bloques de las AUC incursionaron en la lucrativa región cocalera en mayo de 1999 para "extirpar" la influencia guerrillera en el área, matando unas 150 personas en más de una docena de ataques durante los siguientes tres meses. En la mayoría de los casos, los militares simplemente no reaccionaron a las incursiones paramilitares. En medio de esta brutal ofensiva, la Vicepresidencia de Colombia "reportó privadamente" a la embajada de Estados Unidos que soldados del Ejército colombiano "se habían puesto brazaletes de las AUC y participado directamente" en una de las masacres. "La seguidilla de masacres desde mayo sin una respuesta de la Fuerza Pública es aterradora", reportó el embajador Curtis Kamman en un cable enviado a Washington. "¿Como ocurrieron siete masacres sin ninguna interferencia bajo de las narices de cientos de miembros de las organismos de seguridad?". Pronto el embajador tuvo una respuesta. En noviembre, un funcionario de la embajada estadounidense entrevistó al coronel del Ejército colombiano Víctor Hugo Matamoros, comandante de la Quinta Brigada Mecanizada en Cúcuta que fue investigado, pero luego liberado, de las acusaciones de haber fomentado los grupos responsables por las masacres de la Gabarra. Matamoros ofreció una "sorprendentemente franca" explicación de por qué sus tropas no intervinieron en los ataques paramilitares: "Mire, yo tengo que proteger 100 kilómetros de oleoducto, así como varios puentes y la Policía Nacional... además, tengo que combatir a las guerrillas... si usted tiene tantas labores para cumplir con tan pocos recursos, y usted está enfrentado a dos grupos armados ilegales, uno de los cuales (las guerrillas) le está disparando, y el otro (los paramilitares) les dispara a ellos, usted obviamente combate primero a las guerrillas y luego se preocupa por los paramilitares". "Los militares del área se niegan a combatir a los paramilitares de la zona", escribió el funcionario de la embajada en su reporte de viaje. "Él está convencido que hacer eso antes de que las guerrillas sean derrotadas no tiene sentido desde el punto de vista militar". La actitud aquiescente del coronel hacia el paramilitarismo no debería haber sorprendido a nadie en la embajada. Otros documentos dicen lo mismo, "todas las indicaciones dicen que el paramilitarismo ha continuado creciendo... y el gobierno ha hecho poco para confrontarlos", reportó el funcionario de la oficina andina del Departamento de Estado en enero de 1999. "Las fuerzas de seguridad no intervinieron durante 19 ataques separados, en los cuales 143 civiles fueron asesinados en cuatro días de enero". En febrero, un oficial militar estadounidense dijo que la fuerzas de seguridad "no habían perseguido activamente" a los paramilitares porque los veían como "aliados en la lucha contra las guerrillas, su enemigo común". El Informe de Inteligencia para Altos Mandos de la CIA, para septiembre 16 de 1999 ofrecía una evaluación igualmente negativa. Según ese reporte, los comandantes militares de la zona "no se enfrentan a los grupos paramilitares que operan en sus áreas porque los insurgentes son su enemigo común". Presionados por limpiar su récord en derechos humanos y humillados por una fuerza guerrillera cada vez más efectiva, militares colombianos habían comenzado a delegar cada vez más su trabajo sucio a los grupos paramilitares. De este modo, a pesar de que habían disminuido las violaciones de los militares, un informe del Departamento de Estado titulado "Colombia: Un telón de fondo violento" encontró que "la frustración del Ejército ante su incapacidad de derrotar a las guerrillas ha contribuido a un aumento en las violaciones de los paramilitares". El resultado fue "una menor agresividad del Ejército en el campo de batalla, y por lo menos un apoyo tácito a los paramilitares, quienes liquidan supuestos guerrilleros y simpatizantes sin tener en cuenta consideraciones legales". Los documentos describen un patrón de abuso crónico en el Ejército, más una cultura institucional que una política específica. Un coronel "retirado" de la famosa Brigada 17 del Ejército colombiano le confesó a un agregado militar estadounidense que dentro de las Fuerzas Militares existía un "síndrome de reportar bajas" que tendía "a incitar violaciones de los derechos humanos por parte de soldados que en otras condiciones tendrían buenas intenciones para tratar de obtener una cuota alta y así causar una buena impresión a sus superiores". Esa forma de pensar había generado lo que el oficial describió como "una actitud soterrada, o por lo menos pasiva" entre oficiales militares "cuando se trata de permitir que los paramilitares colaboren al conteo de bajas guerrillas del Ejército colombiano". La cooperación con los grupos paramilitares era un hecho tácito, según el coronel. Los abusos eran condonados tácitamente por la expectativa de los altos mandos militares, quienes se protegían a sí mismos negándolo todo. Antiguos comandantes de la Cuarta Brigada Harold Bedoya y Jorge Enrique Mora "se hacían los de la vista gorda", según el coronel, y "se cuidaron de involucrarse directamente en apoyar o fomentar las actividades paramilitares". El ex comandante (Bedoya) y el futuro comandante (Mora) de las fuerzas armadas simplemente "ignoraron lo que estaba ocurriendo y sintieron que el Ejército colombiano no debía ser de ninguna manera responsabilizado por las atrocidades cometidas". Los generales podrían salirse con la suya. Las condiciones favorables de sometimiento y el estrecho límite de tiempo concedido a las investigaciones de la Fiscalía garantiza que se descubrirá muy poca información nueva sobre el papel crítico que han jugado militares colombianos en el fomento y el apoyo de grupos paramilitares, frustrando lo que de otra manera hubiese podido ser una oportunidad para utilizar el proceso de desmovilización para recoger información valiosa sobre los apoyos del paramilitarismo en Colombia. A menos que se haga un esfuerzo para explorar la historia de esta colaboración, es poco probable que los colombianos obtengan justicia o paz. *Director del Proyecto de documentación colombiana en el Archivo de Seguridad Nacional.

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