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| 12/23/1996 12:00:00 AM

PARAMILITARES EN ASCENSO

En 'De primera mano', el exministro Rafael Pardo deja su propio tesfimonio de la historia del pais ente 1986 y 1990. SEMANA reproduce apartes del capítulo relacionado con el crecimiento del fenómeno de las autodefensas.

LA PRESENCIA DE GRUPOS ARMADOS irregulares tiene muchas décadas de existencia en el país. Desde la violencia de los cincuenta, como origen más reciente, han ailorado pequeños grupos, casi siempre locales que aparecen y desaparecen en la mayoría de los casos al servicio de intereses que no van más allá del municipio. En los ochenta, estos grupos se multiplicaron en muchos puntos de nuestra geografia debido a tres causas principales.
La primera causa en orden cronológico, pero la última en importancia, se remonta a la existencia de grupos de campesinos, muchos espontáneos y otros organizados por el Ejército a finales de los sesenta, armados con precarias escopetas con el único propósito de defenderse de la guerrilla. Santa María y Colombia, en el Huila, y Planadas, en el sur del Tolima, eran algunas sedes de estos grupos campesinos.
La segunda causa fue de carácter más estructural. Las treguas con las Farc de marzo de 1984, con el Epl y con el M-19, en 1985, dejaron al Ejército reducido a sus cuarteles para que no se le señalara como violador de la tregua. Los acuerdos no contemplaban esta situación, pero algunos oficiales del Ejército expresaban su inconformidad con los pactos, diciéndole a los agricultores que los uniformados no podían salir de los cuarteles. La guerrilla a su vez aprovecho la tregua para extenderse por muchas zonas del territorio. Así, sólo las Farc pasaron de 1.600 a 3.600 hombres entre 1984 y 1986. Los narcos, por un lado y los ganaderos generalmente honrados, por el otro, cada uno con sus razones propias, cayeron en la tentación de organizar grupos pequeños, medianos o grandes, según sus capacidades económicas, para defenderse de la expansión de la guerrilla.
La tercera y principal causa se originó en un evento que puede parecer episódico, pero que marcó una tendencia determinante en el escalamiento del paramilitarismo: el secuestro, por parte del M-19, de Martha Nieves Ochoa, hermana de miembros del cartel de Medellín. La mafia entera dirigida por Pablo Escobar se movilizó con todos sus recursos y armas y secuestró y torturó a muchos militantes del M-19, hasta lograr la liberación de la secuestrada tres meses después del plagio. La mafia no ocultó su intención de defenderse del secuestro y así lo publicó en un folleto repartido en el estadio de Cali durante un partido de fútbol el 2 de diciembre de 1981, donde anunciaba que doscientas personas, se supone que vinculadas con el narcotrafico, habían organizado un grupo llamado 'Muerte a Secuestradores', Más. Lo realmente significativo no fue tanto el panfleto, sino la decisión de los narcos de montar grupos armados para la defensa de sus intereses, de sus fincas y de sí mismos.
El ingreso en escena de los narcotraficantes volvió aún más complejo e] panorama. A comienzos de los ochenta, estos empezaron a invertir sus extraordinarias ganancias en propiedades rurales, por lo cual se convirtieron en blancos de la extorsión, el robo de ganado y el secuestro, a lo que estaban sometidos los agricultores honrados en varias zonas del país. Estos fenómenos de delincuencia se intensificaron y se extendieron con el fortalecimiento de las guerrillas de las Farc, Epl y M-19 como resultado de las treguas iniciadas en 1984. En este nuevo contexto los traficantes, que tenían desde antes grupos armados para suprotección, sirvieron de agentes aglutinadores para la conformación de bandas paramilitares, que bajo su dirección y financiación, se extendieron geográficamente.
El fenómeno evolucionó de los grupos locales a ejércitos privados con cobertura multirregional, con mando y organización unificados, con entrenamiento tanto militar como terrorista, con una doctrina común de operaciones y, lo más grave para el país, con ambiciones políticas. La razón original de la existencia de los grupos de justicia privada fue casi sin excepción la defensa contra la guerrilla.
En principio fue una reacción espontánea contra la extorsión y el secuestro perpetrados por todos los grupos guerrilleros, pero principalmente por las Farc, y dio origen a un monstruo que, en menos de cinco años, casi logra desestabilizar al Estado colombiano, cosa que la guerrilla jamás ha estado cerca de alcanzar en más de treinta años de su existencia.

MIOPIA FRENTE A PARAMILITARES:
Estos fenómenos se confundieron conceptual y a veces físicamente y generaron no sólo una verdadera maquinaria de terror, sino también una confusión completa en la opinión pública. La UP venía denunciando la actividad criminal el paramilitarismo contra sus militantes y le daba al fenómeno el carácter ineqívoco de ser orientado por el Ejército y permitiido por el gobierno. La mezcla de los tres fenómenos antes descritos daban sustento a las denuncias de la UP. En el interior del gobierno no había ninguna claridad sobre el alcance de este fenómeno. Se llegó al extremo de contradicciones públicas entre el ministro de Justicia de Barco, José Manuel Arias Carrizosa, quien declaraba que la autodefensa era un derecho fundamental consagrado en la Constitución, el consejero Carlos Ossa, quien se mostraba abiertamente opuesto a estos grupos que calificaba sin ambages de criminales, y el ministro de Gobierno, César Gaviria, quien revelara la dimensión del fenómeno, denunciando en el Congreso la existencia de ciento cuarenta grupos paramilitares en el territorio nacional.
El propio procurador, Carlos Mauro Hoyos, afirmaba que, si bien en la Constitución y las leyes de la República se permitía la autodefensa en grupo siempre y cuando estuviera autorizada o convocada por el gobierno nacional, ésta, organizadaz por sus propios integrantes y sin autorización, no estaba permitida. El presidente Barco, reflejando la falta de criterio unificado en el Ejecutivo, se refería a esta polémica entre sus funcionarios como "de carácter semántico". La opinión, lo mismo que el gobierno, se dividió bastante frente a estos grupos, defendidos por unos y atacados por otros sectores influyentes de la vida colombiana.(...)
La falta de una posición común en el gobierno, la absoluta impunidad que impedía desvirtuar, con investigaciones judiciales serias, las acusaciones que se hacían contra las Fuerzas Armadas, el inexplicable silencio de éstas sobre el tema, y evidentes casos de complicidad militar con estos grupos que se veían en comandos de varias regiones, llevaron casi a señalar una especie de responsabilidad, o al menos, una omisión en cabeza del Ejecutivo. La participación de las Fuerzas Armadas, a mi juicio, era clara en incentivar la formación de grupos campesinos como los antes descritos en los sesenta, pero nunca los controló, ni promovió activamente su extensión, ni fueron tampoco el núcleo de la estrategia contrainsurgente. Pero, de otro lado no fueron desautorizados, ni los casos de complicidad sancionados, ni el alto mando fue capaz de explicar el porqué de su existencia.(...)
DE LA AUTODEFENSA AL ANTICOMUNISMO
Con su núcleo de origen en el Magdalena Medio, desde La Dorada hasta Barrancabermeja, las estructuras paramilitares se extendieron y llegaron a te ner en determinado momento alrededor de cien grupos repartidos en buena parte del territorio nacional. Su cobertura incluía, entre otros, La Guajira, el norte del Magdalena, la zona bananera, el centro y norte de Bolívar, las cabeceras del sur de Bolívar, centro del Cesar, Sucre y La Mojana, sur de Córdoba, la región del río Ité en Antioquia, el corregimiento de San Juan Bosco en Santander, los llanos del Yarí en el Caquetá el sur de Putumayo, y el valle del Patía, zonas de los Llanos Orientales, la zona esmeraldífera de Boyacá, el norte de Cundinamarca y el norte y centro del Tolima, por sólo citar algunas áreas.
El grupo de Puerto Boyacá, creado en 1984 y liderado por una organización legal llamada Acdegam=Asociación de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio era muy beligerante en la búsqueda de aceptación pública y legitimación de estos grupos. De ahí procedieron a organizar movimientos políticos que reflejaran la actitud anticomunista beligerante de sus promotores. Con este fin, impulsaron campañas políticas de algunas alcaldías en el Magdalena Medio, Puerto Boyacá, Puerto Triunfo, Puerto Nare, Puerto Berrío, La Dorada, San Rafael, Landázuri, Puerto Parra y Cimitarra. Estos alcaldes después constituyeron una asociación de alcaldes del Magdalena Medio y formaron un bloque político que cubría varios intereses comunes, pero fundamentalmente, era un frente anticomunista y proautodefensa.
La otra intención permanente de los paramilitares fue buscar un tratamiento, por parte del gobierno, similar al que se daba a las guerrillas, o sea, amnistías, indultos, o tratamiento político para los delitos cometidos por sus miembros. Algunos políticos y periodistas plantearon varias veces el tema de la amnistía para las autodefensas o, visto de otra forma, el darles un tratamiento jurídico-político equivalente al de la guerrilla. Con el avance de las negociaciones con el M-19 en 1989, se planteó el tema con mayor fuerza. El propio M-19 pensó en el tratamiento político para las autodefensas como parte del temario de discusión.
La autodefensa campesina en regiones como las ya señaladas había dejado de ser un conjunto desarticulado de grupos locales para convertirse en un articulado aparato terrorista con inagotables fuentes financieras. Entrenamiento sofisticado, armamento abundante y de óptima calidad convirtieron a estos grupos en instrumentos de terror, cuyos propósitos eran desestabilizar al poder político o al menos debilitarlo de manera tal que el narcotráfico, y sus actividades relacionadas, se pudiera desarrollar sin molestias. Los medios eran brutales: el asesinato selectivo y la masacre de inocentes campesinos para intimidar a la población y evitar que sirviera de apoyo a la guerrilla. Su anticomunismo tomó cuerpo en la eliminación de dirigentes de la Unión Patriótica y de todos los opositores políticos.
En marzo de 1989, el Das produjo un descarnado informe confidencial que describ1a, por primera vez y de manera muy completa a la organización Paramilitar del Magdalena Medio. Señalaba sus objetivos, métodos, financiadores y ponía al descubierto la siniestra realidad de estas organizaciones. Se revelaba la presencia de mercenarios israelíes y británicos que habían realizado cursos de entrenamiento en tácticas terroristas y en prácticas militares. La publicación de este informe, un tiempo después, en la revista SEMANA, reveló al público la oscura realidad. Se señalaban también algunos vínculos, con unidades militares y policiales, pero lo revelador eran la dimensión del paramilitarismo y su interrelación con el cartel de Medellín. El país y los sectores del gobierno pudieron ver con claridad los verdaderos alcances de esta amenaza, hasta ese momento no del todo conocidos. Para la época se sabía de elementos sueltos, de interpretaciones parciales y de datos inconexos, pero la película completa la ofreció el Das en este informe. Era una dura realidad para el país y para el gobierno, pero mejor conocerla que seguir en la cadena de especulaciones y en los señalamientos que culpaban a fuerzas oscuras de la ola de crímenes ininterrumpidos.
La directa intervención de Gonzalo Rodríguez Gacha como mentor y financiador de las autodefensas de Puerto Boyacá, con sus ya descritas ramificaciones regionales, fue el detonador de la peor ola de violencia que se hubiera visto en el país hasta la fecha. Con su padrinazgo y dirección, estos grupos empezaron a tener entrenamiento militar y terrorista relativamente sofisticado, con la participación de asesores israelitas e ingleses que vinieron a Colombia entre 1988 y 1989 y dieron capacitación en técnicas de defensa personal, en uso de explosivos, uso de armas y en atentados personales.
Para ese entonces el tema de los grupos de justicia privada se había convertido en una amenaza contra la seguridad de los ciudadanos, del Estado y con tra la existencia y estabilidad del sistema político. El Das estimaba que, para mediados de 1987, los grupos paramilitares tenían alrededor de cinco mil hombres en armas, con una fuerte organización y muchos medios. Tal vez esta organización era del mismo tamaño en número de hombres, pero con mayor capacidad, en ese momento, que todas las guerrillas sumadas. El recurso armado que se había formado para protegerse de los abusos de la guerrilla y de fenómenos como el secuestro, la extorsión y el boleteo, se había convertido en un monstruo peor que la propia guerrilla.
La búsqueda de una justificación política para su existencia armada se hizo permanente. Llegó incluso a reclamar el calificativo de patriótico para estos grupos debido a que algunos sectores los consideraban en la primera línea de batalla contra la subversión. El intento más serio de estos movimientos por incorporarse a la legalidad fue el del Movimiento de Restauración Nacional =Morena= presentado públicamente en agosto de 1989.

LEYES CONTRA TERRORISMO Y PARAMILITARES
En el consejo de ministros del 27 de enero de 1988, tras el rescate de Andrés Pastrana, el asesinato del procurador general Carlos Mauro Hoyos y unos días después de la insólita libertad dada por un juez a Jorge Luis Ochoa, señalado miembro del cartel de Medellín, quien estaba en la cárcel después de ser capturado en el Valle, se expidieron nuevas medidas de estado de sitio, en lo que se llamó Estatuto para la defensa de la democracia, mejor conocido como Estatuto antiterrorista.
Las medidas apuntaban, en términos generales, a fortalecer las funciones de Policía judicial de los organismos del Estado, a incrementar las penas por delitos cometidos con fines terroristas, a castigar en forma severa toda forma de justicia privada, a incentivar la colaboración ciudadana para capturar delincuentes y a controlar la divulgación de informaciones susceptibles de alterar el orden público.
Las medidas, que se expedían en un ambiente particularmente difícil de orden público, eran inspiradas en legislaciones similares adoptadas en otros países, en especial en ltalia, donde confluían actividades terroristas con mafias. Se crearon nuevos tipos delictivos y se aumentaron las penas de prisión para estas conductas, pretendiendo tipificar, de manera más clara, el terrorismo y sus actividades conexas y elevar la sanción a estos delitos. Como novedad especial en los decretos se empezó a mencionar expresamente la palabra paramilitares.
Era el inicio de una legislación orientada a dar instrumentos para combatir las expresiones violentas que surgían todos los días en el país. En el curso de los dos años siguientes se expidieron otros decretos. Se suspendió una norma de la ley de defensa nacional que permitía la existencia de grupos de civiles de apoyo a actividades de seguridad y se prohibió la posibilidad de autorizarles el porte de armas. Se estableció también un consejo gubernamental para coordinar la lucha contra los grupos de justicia privada. Este órgano, denominado en los medios 'comité antisicarial', tenía las funciones de servir como coordinador de las acciones para combatir los grupos paramilitares, los grupos de justicia privada, los escuadrones de la muerte o los grupos de sicarios. Esa era la gama delincuencial que se enfrentaba.
Sin embargo, no fue este Consejo, ni el alza de penas lo que ayudó a cambiar la situación. Tal vez la medida más significativa fue la creación del Cuerpo elite de la Policía como ente exclusivamente encargado de combatir a los paramilitares. Despues de la masacre de Segovia en Antioquia, en la que fueron asesinadas 44 personas, el presidente Barco ordenó crear un grupo especial del Ejército, bajo el mando directo del ministro de Defensa, con la exclusiva función de combatir a estos grupos. Según Barco, esta unidad debía ser la mejor, la más entrenada, con los mejores medios y hombres de la fuerza pública. La intención presidencial, no sólo era dar toda la prioridad a la lucha contra estos criminales, sino involucrar en forma directa al Ejército en la labor. "Si no se les ocurre algo razonable en el Ministerio de Defensa, personalmente voy a destinar el Batallón Guardia Presiden cial a esta tarea ". Después de varias reuniones con el Presidente, el Ministerio argumentó que su función no era de comando y que este grupo debería ser creado en la Policía. Esta actitud causó mucho malestar en el Presidente, pero en todo caso el grupo se creó en la Policía, que le dio prioridad al montaie y puesta en operación de estas nuevas unidades.
Pero además de la actividad del Cuerpo elite, la dimensión del problema se redujo a principios del noventa debido a tres factores: por un lado, la descalificación colectiva de este fenómeno que fue unánime desde el asesinato de Luis Carlos Galán en 1989, la muerte de Rodríguez Gacha en enfrentamiento con la Policia y, finalmente la política de sometimiento a la justicia que permitió que se desmantelaran por su propia voluntad grupos en Cundinamarca, Puerto Boyacá, Urabá y Córdoba. El paramilitarismo no se ha extinguido aún en Colombia, y aunque han vuelto a crecer estos grupos en los últimos dos o tres años, su dimensión es totalmente distinta del monstruo que a finales de los ochenta estuvo a punto de literalmente desestabilizar al país.
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