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| 11/24/2010 12:00:00 AM

'Paras' rasos sin principio de oportunidad: ¿qué hará el Gobierno?

Tras el fallo de la Corte Constitucional, el Gobierno tendrá que explorar otras alternativas para resolver la situación de unos 19.000 exparamilitares. El Mininterior admite que el escenario es complejo.

Luego de que la Corte Constitucional decidió que no se puede aplicar el principio de oportunidad a cerca de 19.000 desmovilizados, el Gobierno no tiene una salida jurídica posible para solucionar la situación de estos exparamilitares que sólo son juzgados por su pertenencia a la organización ilegal.
 
La situación pone en serios aprietos al Gobierno. Así lo considera el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien encendió las alarmas al señalar que si estos paramilitares rasos deben responder por concierto para delinquir agravado y deben reparar a las víctimas, muchos de ellos podrían volver a las armas.
 
El proceso de reinserción atraviesa por un nuevo obstáculo. Vargas Lleras considera que muchos desmovilizados podrían rearmarse y ser reclutados por bandas criminales. Informó, además, que ya hay cerca de 800 órdenes de captura.

“No pudiéndose aplicar el principio de oportunidad para estas personas, habrá que buscar una alternativa porque hoy en la práctica, la única posibilidad es que se acojan a la Ley de Justicia y Paz, que significa contribuir con la verdad y reparar a las victimas”, dice Vargas Lleras.

Sin embargo, la posibilidad de que 19.000 personas se acojan a la Ley de Justicia y Paz también supone un colapso para la Fiscalía, ya que en cinco años de instrumentarse esta ley tan solo se ha producido una sentencia, la del caso Mampuján, y solo un desmovilizado de los casi 3.000 que se acogieron a esta ley está ad portas de ser juzgado.
 
A los llamados paramilitares rasos tampoco se les puede aplicar delito político, pues la Corte Suprema de Justicia en una sentencia del 2007 consideró que la sola pertenencia a las organizaciones ilegales constituye concierto para delinquir agravado, un tipo penal que impide que se les pueda aplicar indulto o amnistías.
 
Por eso es más difícil para el Gobierno cobijar a estos desmovilizados con los alcances de la prórroga de la ley de orden público, que establece indultos o suspensión de órdenes de captura y que está a un solo debate de ser ley de la República.
 
La única salida que admite Vargas Lleras es una fórmula que también contribuya a que estos desmovilizados colaboren con verdad y reparación. “Los principios que sienta la Corte Constitucional es que se puede avanzar en la desmovilización de ciertas personas siempre y cuando concurrran a un procedimiento en que se pueda establecer verdad y reparación”.

Para la Fiscalía la situación también es compleja. El fiscal general (e.), Guillermo Mendoza Diago, explicó que a partir del fallo de la Corte Constitucional, habrá que analizar si estos desmovilizados pueden ser juzgados por concierto para delinquir simple, aunque admite que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ya se ha referido en sentido contrario.

Mendoza Diago también explicó que la fórmula de aplicar el principio de oportunidad fue una salida desesperada impulsada por el Gobierno anterior, pues en la práctica supondría un desgaste sin precedentes para la Fiscalía, que tendría que resolver 19.000 casos de forma particular.

Lo cierto es que hoy los 19.000 ex paras siguen en un limbo jurídico. Y tras más de cinco años de su desmovilización tendrán que someterse a la justicia, pagar ocho años de cárcel, lo cual podría afectar el proceso de reinserción.
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