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| 7/15/2011 12:00:00 AM

"Parece que la intención es ablandar con diplomacia a la justicia"

El director de la Fundación Plural, Armando Novoa García, explicó por qué, en su criterio, la Reforma a la Justicia propuesta por el Gobierno es una amenaza a las investigaciones judiciales abiertas a congresistas y funcionarios.

En estos días que se cumplen 20 años de promulgación de la Constitución, el Gobierno ha propuesto una Reforma a la Justicia. A propósito del significado de la iniciativa en medio de las celebraciones, el abogado Gabriel Bustamante habló con director del Centro de Estudios Constitucionales Plural, Armando Novoa García.
 
Vea todo el especial Constitución del 91, 20 años de vida
 
En criterio de Novoa quien fue presidente de la Comisión Especial Legislativa creada por la Asamblea Constituyente de 1991 , “corremos el riesgo de volver al régimen del 86, cuando nadie controlaba a los congresistas y gozaban de total impunidad”.
 
Semana.com: ¿Qué consecuencias puede tener la reforma a la justicia, por la vía consensuada, propuesta por el presidente Juan Manuel Santos?
 
Armando Novoa García: Santos reinstitucionalizó al Estado y adoptó un lenguaje respetuoso por la autonomía y la independencia del poder judicial. Sin embargo, las propuestas de reforma son muy similares a las del presidente Uribe y su origen parte de la misma lectura crítica de la Constitución de 1991, a la que acusan de crear un desequilibrio de poderes, al darle un gran protagonismo al poder judicial, especialmente a la Corte Suprema de Justicia y a la Corte Constitucional, en detrimento de las competencias del Ejecutivo y el Legislativo. Parte de esa prevención surge por el actual proceso de la parapolítica, o por sentencias como la T-025 de 2004, frente al desplazamiento forzado; o la T-760 de 2008, frente a la salud, por ejemplo. Por esto, lo que busca Santos diplomáticamente es lo mismo que buscó Uribe por la confrontación, esto es: limitar las actuaciones de los jueces, quitarles competencias judiciales frente a los actores políticos y recortar el control judicial de los derechos fundamentales que trajo la acción de tutela.
 
Semana.com: ¿Esto va en contravía del espíritu mismo de la Constitución?
 
A.N.G.: Si, es un nuevo credo que nos retorna a un Estado eminentemente presidencialista, por la vía de una reforma negativa en materia de justicia y un retroceso en la protección de los derechos fundamentales.
 
Semana.com: Pero, la elección como Ministro de Justicia del exconstituyente Juan Carlos Esguerra Portocarrero, que es uno de los creadores de la acción de tutela y defensor de la Constitución de 1991, ¿no es un mensaje contrario a lo que viene usted anotando?
 
A.N.G.: Juan Carlos Esguerra es un constituyente excepcional, autor de uno de los libros más importantes sobre la acción de tutela, como es “La protección jurídica de los ciudadanos”, con un pensamiento democrático, sin tacha y comprometido con los postulados de la carta de 1991. Sin embargo, como ministro, habrá que ver si llega con la agenda de la Constitución de 1991, o a defender la agenda del Gobierno, que contiene, entre otras propuestas, la reforma a la justicia que conocemos hasta ahora.
 
Semana.com: ¿Qué es lo que más le preocupa de la reforma a la justicia propuesta?
 
A.N.G.: Lo más alarmante es el contexto en que se da el proyecto, ya que, con el actual Congreso, gravemente involucrado en profundos escándalos judiciales y con carta blanca para reformar la Constitución, lo que se abre es una caja de pandora.
 
Semana.com: ¿Por qué?
 
A.N.G.: El año pasado se aprobó una reforma que modificó el régimen de impedimentos y los conflictos de intereses de los congresistas, una reforma que pasó de bajo perfil y que fue sancionada por el presidente Santos en tiempo record. Dicha reforma permite que los congresistas, tratándose de enmiendas a la Constitución, no se declararen impedidos en ninguna circunstancia. Esto explica por qué no se presentó la reforma a la justicia antes, en espera de tener vía libre para hacer lo que quieran con la Constitución.
 
Semana.com: ¿Cuáles podrían ser los efectos?
 
ANG: Imagínese por ejemplo al Partido Conservador, que está involucrado en graves acciones de corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes o con el carrusel de las notarías, alterando a su conveniencia la competencia de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia; o a los partidos involucrados con la parapolítica, introduciendo la segunda instancia y dejando sin piso todas las investigaciones al respecto por el principio de la favorabilidad.
 
Semana.com: ¿Y los riesgos?
 
A.N.G.: Por esta vía los congresistas pueden cortarle las alas a la Corte Suprema de Justicia, pueden decretar amnistías o indultos para la clase política que hoy se encuentra judicializada, crear figuras para autoprotegerse e incluso volver a la inmunidad parlamentaria. Corremos el riesgo de volver al régimen del 86, en el que a los congresistas nadie los controlaba y gozaban de total impunidad. En ese escenario no se habría podido llevar a cabo el proceso judicial de la parapolítica, por ejemplo.
 
Bajo ese sistema fue como Pablo Escobar gozo de total impunidad cuando fue parlamentario en los años 80. Pero a los colombianos ya se les olvidó esto y no son conscientes del retroceso que podría significar una reforma a la justicia en este sentido.
 
Semana.com: Pero la reforma deberá pasar el control de la Corte Constitucional…
 
ANG: Si. Por eso preocupa el estilo diplomático de este Gobierno y que la Corte Constitucional se quede sola en esta batalla. Durante todos estos años el Consejo de Estado y la Corte Suprema han sido refractarios para defender los derechos fundamentales, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales; y hoy, frente a las tutelas contra sentencias, vuelven a enfrentarse al Tribunal Constitucional. Además, si se quita el poder de cierre que tiene la Corte Constitucional, por ser la guardiana de la integridad de la Carta Política, los derechos fundamentales van a quedar bajo el arbitrio de tres interpretaciones.
 
Semana.com: Usted ha mencionado que la principal reforma a la justicia no está en este proyecto, sino en la reforma que habla del equilibrio fiscal. ¿Por qué es tan grave esta enmienda constitucional recientemente aprobada por el Congreso?
 
A.N.G.: Esta reforma tiene la clara intención de limitar la competencia de la Corte Constitucional frente a las sentencias que afectan grandes franjas de población, como la sentencia de salud, T-760 de 2008. Vea, por ejemplo, como el incidente de impacto fiscal del que habla esta reforma sólo se le aplica a la Corte Constitucional y a ninguna otra corte o tribunal. Mejor dicho, parece que la intención es ablandar con diplomacia a la justicia y presionarla con la opinión pública, con armas como el incidente mencionado.
 
Semana.com: ¿Qué interpretación podemos sacar de la propuesta de acabar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es la encargada de investigar a los magistrados y al presidente de la República?
 
A.N.G.: Lo que preocupa no es lo que dicen, sino lo que no dicen. ¿Cómo va a ser el proceso de negociación para sacar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y qué papel jugará en esto la reforma a los alcances de la Corte Suprema de Justicia, que es quien juzga a los congresistas?
 
Semana.com: Por último, ¿qué elementos debería tener una reforma a la justicia en Colombia?
 
A.N.G.: Verdaderos elementos para solucionar los problemas que tiene la rama hoy, como son: la congestión judicial, la falta de acceso por millones de colombianos, la precariedad del presupuesto, la impunidad, elementos que no se discuten actualmente, y lo más grave, en este proyecto de reforma a la justicia los grandes ausentes son los ciudadanos, quienes sufren las deficiencias del sistema judicial y sin embargo no son tenidos en cuenta.
 
* Gabriel Bustamante Peña es el asesor jurídico de la Corporación Viva la Ciudadanía.
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