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| 11/9/2013 4:00:00 AM

Parlamento Andino: duro de matar

Acabar con este millonario ‘elefante’ es más difícil de lo que parece. ¿Cuál es la salida?

El acta de defunción del Parlamento Andino, integrado por Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, todavía no está escrita. A partir de esta semana, cuando se abre el periodo de inscripciones para las listas al Congreso, no hay forma de impedir que los partidos políticos inscriban listas al mecanismo de integración que casi nadie en Colombia sabe para qué sirve. 

La razón es simple: en derecho las cosas se deshacen como se hacen. De la misma manera en que se le dio vida a la elección por voto popular de los parlamentarios andinos colombianos se debe acabar: a través de una ley. Pero llegó la jornada de inscripciones y jurídicamente el Parlamento Andino sigue vivo aunque políticamente sea prácticamente inexistente. 

En las elecciones al Congreso de 2010 el país eligió por primera vez a los cinco parlamentarios andinos por voto popular. Los primeros cuestionamientos surgieron por la escasa participación de entonces, cerca de 5,5 millones de votos, y porque ningún partido superó al voto en blanco, que obtuvo 1,5 millones de votos. No faltó quien dijera que había que repetir los comicios. Pero lo más grave no fue la falta de representatividad de esa corporación, sino que poco a poco se ha sabido que la entidad gasta enormes recursos y sirve para muy poco. 

A través de derechos de petición José Manuel Acevedo, columnista de Semana.com, ha descubierto que Colombia ha gastado más de 30.000 millones de pesos desde 1993, cuando entró a hacer parte del Parlamento Andino. Elegir a los representantes colombianos en 2010 costó cerca de 10.000 millones de pesos y los salarios de los cinco parlamentarios alcanzaron en el año casi 1.300 millones. Para las próximas elecciones se prevé que el gasto solo en tarjetones podría ser de 12.000 millones de pesos. 

El gasto no se justifica para una entidad colegiada cuyas decisiones no son vinculantes y cuyo aporte a una verdadera integración de los países de la región es nulo. Por estas razones, la semana pasada el ministro del Interior, Aurelio Iragorri, presentó un proyecto para derogar la ley que le dio vida a la elección popular de parlamentarios andinos. Así estos serían elegidos entre los mismos congresistas y no acarrearía un gasto adicional al Estado. El proyecto tiene mensaje de urgencia.
 
En caso de que la ley no salga pronto, la única manera de evitar el gasto de recursos es que ningún partido inscriba una lista. Por eso Iragorri les pidió que se abstengan de presentar candidatos. Sin embargo, ese llamado es una respuesta política a un problema jurídico. 

El Consejo Nacional Electoral ya emitió avisos publicitarios en los que explica el proceso de inscripciones de listas para la elección del Parlamento en los próximos comicios. El problema es que si al menos una sola agrupación política presenta su lista de candidatos, los cinco cupos para Colombia quedarían en manos de esa colectividad y reversar la elección podría complicarse.
 
En medio del debate, algunos partidos como La U, Cambio Radical, Mira y el Partido Liberal han dicho que no presentarán listas. El director del Partido Conservador, Omar Yepes, anunció que esa organización lanzará candidatos, mientras “no haya una política oficial que lo impida”. Las minorías políticas, que necesitan de la burocracia y recursos que da la elección, podrían asumir la misma postura. 

El pasado 19 de septiembre, los países que integran el Parlamento Andino tomaron la decisión de acabarlo y pasar sus funciones a una entidad de Unasur. Pero solo cuando se haga efectivo un protocolo que modifique el Acuerdo de Cartagena (que le dio vida al Parlamento) y los congresos de los países que lo integran lo voten, eso no será posible. El problema, por ahora, es cómo aprobar una ley exprés en pleno año electoral para evitarse un gasto que ha probado ser totalmente innecesario.
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