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| 5/30/2016 10:49:00 AM

Paro agrario es por el incumplimiento del Gobierno: campesinos

En medio de las protestas se conoció que un indígena murió en la vereda La Delfina, cerca de Buenaventura, Valle del Cauca.

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EFE

Una nueva jornada de protestas fue convocada por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular contra las políticas gubernamentales que consideran no responden a la voluntad de los habitantes de las zonas rurales de conseguir "la paz con justicia social y ambiental". Los organizadores argumentan además que el Gobierno no les ha cumplido lo acordado en huelgas anteriores, como la del 2013, que paralizó las carreteras en buena parte del país.

El Ministerio del Interior lamentó esa decisión de la Cumbre Agraria, con quienes “se ha trabajado un promedio de 1.100 horas, manteniendo un diálogo permanente, que ha derivado en importantes resultados políticos y fiscales”, según indicó en un comunicado.

En este sentido, afirmó que el Gobierno “no ha ahorrado esfuerzos”  para cumplir los compromisos suscritos en el 2013.

Los sectores campesinos han manifestado sus reivindicaciones en dos huelgas, una en agosto y septiembre del 2013 y otra en abril y mayo del 2014.

Tras esos paros llegaron a un acuerdo con el Gobierno para la celebración de reuniones frecuentes entre representantes del Estado y diferentes mesas regionales. Desde entonces, los representantes campesinos han denunciado en varias ocasiones que el Gobierno no ha concretado en las reuniones respuestas a sus reivindicaciones.

Entre los temas que se negocian y han generado desacuerdos figuran aspectos como la sustitución de miles de hectáreas de cultivos de coca.

Sin embargo, el Gobierno afirmó que como muestra de la voluntad de diálogos se instaló la Mesa Nacional que hasta el momento ha realizado 18 reuniones plenarias. Además se han instalado cinco mesas regionales en Arauca, Antioquia, el Catatumbo, Cauca y el sur de Bolívar, en las que también ha habido reuniones frecuentes.

Así mismo, destacó que como consecuencia de los acuerdos logrados en esos espacios de negociación "se han comprometido más de 250.000 millones de pesos (unos 81,5 millones de dólares)" para el sector campesino.

El Ministerio del Interior agregó que durante este año se ha desarrollado "seguimiento a las garantías para los integrantes de organizaciones de defensores de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales que ejercen la protesta social".

Por su parte, la Cumbre Agraria considera que la movilización, denominada "Sembrando esperanza, cosechando país", es necesaria porque "las políticas del Gobierno ponen en riesgo los bienes naturales, la soberanía nacional y la supervivencia física y cultural de las comunidades rurales y del conjunto del pueblo colombiano".

Entre esas políticas destacan los Tratados de Libre Comercio, la Ley de Seguridad Ciudadana y el nuevo Código de la Policía, entre otros.

Por otra parte, los manifestantes pedirán al Gobierno que garantice la participación de las comunidades en la construcción de una reforma agraria que "redistribuya y democratice" la propiedad de la tierra en el país y "reoriente el modelo de desarrollo económico en armonía con la naturaleza y la diversidad cultural".

Muere indígena

Un indígena murió en enfrentamientos con la Policía durante el paro agrario que comenzó este lunes convocado por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.

El fallecido, identificado como Willington Quibarecama Nequirucama, fue "arrollado" por una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía en la aldea de La Delfina, que forma parte de la ciudad de Buenaventura, en el Pacífico, agregaron esas fuentes.

Durante los enfrentamientos resultaron heridas cuatro personas, una de ellas de gravedad.

Los disturbios se produjeron en la madrugada de este lunes, en la carretera "Cabal Pombo", que comunica la ciudad de Cali (suroeste) con Buenaventura.

Por ello, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) solicitó en un comunicado "la presencia de los organismos institucionales encargados de velar por los respetos de los derechos humanos".

Así mismo, exigieron "investigar administrativa, disciplinaria y penalmente las responsabilidades de los autores de estos hechos hasta su individualización y judicialización ejemplar como corresponde".

La ONIC también pidió al Gobierno el "cese inmediato" de las "acciones represivas y asesinas" del Esmad, y a las autoridades regionales "la protección, acompañamiento y disposición a establecer las mesas de diálogos en los municipios de presencia de las comunidades indígenas".

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