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| 10/7/2017 10:15:00 PM

Aterrizaje forzoso del paro de pilotos de Avianca

Con la declaratoria de ilegalidad del paro de los pilotos de Avianca, se aceleraría la solución a este conflicto laboral que está afectando seriamente a la economía y al país. ¿Por qué puede seguir la huelga?

Tras tres días de escuchar los argumentos de las partes, los jueces de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá estuvieron de acuerdo con Avianca en que el cese de actividades convocado por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) es ilegal, no solo porque tenía serios vicios de forma en la convocatoria, pues no la hizo por mayorías, sino porque estaba afectando un servicio público esencial.

Durante estos 17 días de cese de actividades se han cancelado más de 2.800 vuelos, lo que afecta no solo a sectores como la hotelería, el turismo y el comercio, sino a todo tipo de negocios y hasta ahora a más de 300.000 personas. Esos costos, sin duda, le pasarán factura al crecimiento de la economía durante este trimestre.

Sin embargo, no es claro que este sea el capítulo final de esta confrontación laboral entre Avianca y el sindicato que agrupa a cerca de la mitad de sus pilotos. Acdac ya anunció que interpondrá un recurso de apelación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, este máximo tribunal tendrá que ratificar (o reversar) la decisión.

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De hecho, durante el transcurso del proceso el sindicato ya había elevado varios recursos ante la corte para tratar de reversar algunas decisiones del tribunal, como negar la solicitud de la CUT para hacerse parte del proceso y no aceptar la contrademanda presentada contra la aerolínea. Con esto, es claro que el sindicato de pilotos continuará acudiendo a todas las instancias posibles que ofrece la ley y que seguirá dilatando una decisión definitiva sobre el cese de actividades.

Según algunos expertos consultados, como Iván Daniel Jaramillo, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, estos procesos ante la Corte Suprema podrían tardar entre dos y tres meses en circunstancias normales. Sin embargo, dada la importancia de este caso y la urgencia que han pedido desde todas las orillas gremios, empresarios, usuarios y el propio gobierno, podrían tomar dos o tres semanas. Un lapso inadmisible porque el país no aguanta más.

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Al repasar algunos antecedentes, Jaramillo recuerda que en precedentes como el del paro de la rama judicial, la Corte Suprema ha optado por considerarlos ilegales, pues afectan servicios públicos esenciales. Pero que si bien lo declara ilegal, insta a las partes a negociar la terminación del conflicto sin consecuencias como despidos colectivos.

En efecto, ante la ilegalidad declarada del paro, Avianca tendría la facultad de despedir a aquellos pilotos que persistan en no regresar a sus labores. Esa decisión podría traer el rechazo del sindicalismo, pero también puede ser que, ante esa posibilidad, la mayor parte de los pilotos decidan retomar sus labores.

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Esto, junto con la autorización que ya tiene Avianca para contratar personal extranjero durante los siguientes tres meses, le permitiría a la empresa tratar de normalizar la situación para la temporada de fin de año. La compañía aérea tiene previsto que se integren al menos 100 pilotos extranjeros el 1 de noviembre.

La otra alternativa disponible para resolver el conflicto es la actuación del tribunal de arbitramento que ya convocó el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, Acdac también lo rechazó, pues alega que es “inconstitucional”, ya que no se cumplieron los 60 días de paro que exige la ley para invocar este instrumento. Con estos argumentos interpuso una tutela contra el Ministerio de Trabajo y se ha negado a elegir su árbitro.

No obstante, el Ministerio de Trabajo defiende la legalidad del tribunal con el argumento de que la actividad de los pilotos es un servicio público esencial. Y para conformarlo nombró mediante sorteo a María del Carmen Chaín López, para que actúe como el árbitro por parte de Acdac. Por su parte, Avianca designó para representarla a Carlos Ernesto Molina, exmagistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La ley dice que el tercer árbitro se decidirá por mutuo acuerdo entre los anteriores.

En fin, el país espera decisiones expeditas y que el sindicato no siga acudiendo a todo tipo de mecanismos para dilatar las soluciones. De por medio está no solo el futuro de la propia compañía y sus empleados, sino de toda Colombia.

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