Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2015/11/08 22:00

Unos 1.400 empleados de la justicia quedarían sin empleo

La Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial y el Gobierno coinciden en que el dinero para financiar la creación de los 6.088 cargos anunciados por el Consejo Superior es insuficiente.

Complejo Judicial de Paloquemao. Foto: SEMANA

En todo un lío de nunca acabar se ha convertido la creación de unos 6.000 cargos permanentes que ocupaban en provisionalidad los servidores judiciales encargados del plan de descongestión.

Tras los ires y venires y los amagos de paro, lo que se comienza a poner en evidencia es que la plata no alcanza. Así se lo hizo saber la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial al Consejo Superior. En una carta enviada a la Sala Administrativa, dijo que no dará su visto bueno al uso de los recursos si no se modifica el acuerdo que creó los cargos permanentes.

En similares términos se pronunció el Gobierno. El Ministerio de Hacienda le advirtió a la Sala Administrativa que si el acuerdo no reduce el número de cargos, los recursos para financiar otros compromisos de la justicia en el 2016 serán insuficientes.

La recomendación de la cartera es reducir el número de cargos. A su juicio, deben ser cerca de 4.600 -ya no 6.000- las plazas permanentes. Esto significa que unos 1.400 servidores judiciales estarían en la cuerda floja.

Por su parte, la Dirección Ejecutiva de la Rama advirtió que si no se modifica el acto administrativo que legaliza los cargos, no podrá emitir los certificados para el uso de los dineros con los que espera financiar su creación. Como quien dice, el Consejo Superior está entre la espada y la pared.

Los problemas se iniciaron hace cerca de dos semanas. A través del publicitado acuerdo, se ordenó la creación de 6.000 cargos permanentes que serían ocupados por servidores judiciales que hacen parte del plan de descongestión. Nada se dijo sobre los otros 2.000 que también hacían parte del plan.

Días después se emitió otro acto administrativo que dio continuidad a las medidas de descongestión e involucra a la totalidad de los servidores, es decir, a los 8.000.

La discusión

Ahí se armó el lío. Primero fue el Gobierno, que al liberar los recursos le advirtió a la Sala Administrativa que el dinero no alcanzaría para financiar los planes de descongestión del 2016. Su llamado era a que se redujera esa ampliación en la planta de personal para poder atender sin problemas los dos frentes, tanto la descongestión como los nuevos cargos permanentes.

Pero lo que era una recomendación respetuosa pareció convertirse en la evidencia de un craso error. En una carta, la directora ejecutiva de Rama, Celinea Oróstegui, advirtió que los 113.000 millones de pesos con los que se cuenta sólo alcanzaban para financiar la creación de los cargos permanentes. Con la firma del acuerdo, en el que se renueva el plan de descongestión, los costos pasan a 121.000 millones, es decir, la plata no alcanza.

Según estos cálculos, habría un déficit superior a 7.800 millones de pesos. De ahí que la Dirección Ejecutiva haya amenazado con no emitir los certificados de disponibilidad presupuestal hasta que se modifique el acuerdo.

Esto lleva a la Sala Administrativa a situarse entre la espada y la pared, pues ya asumió un compromiso con 6.000 servidores judiciales, pero depende de la Dirección Ejecutiva para poder cumplirles.

Este organismo, responsable de la ejecución del gasto, parece decidido a no dar su brazo a torcer. Advirtió que no entregará su aval para la creación de los cargos permanentes. Dice que si se aumenta el personal en el número que pretende el Consejo Superior, sus costos serán superiores a la disponibilidad presupuestal.

En la carta también se advierten las sanciones a las que se exponen los magistrados si no modifican el acto administrativo. Indica expresamente la responsabilidad individual que asumirían los funcionarios que permitan la entrada en funcionamiento de cargos que no tienen respaldo presupuestal.

Veremos qué posición asume la Sala Administrativa del Consejo Superior. De momento, el presidente de la Sala Administrativa, José Agustín Suárez, parece molesto por la carta de la Dirección Ejecutiva, pues en su respuesta le insistió que no se han violado los topes presupuestales.

En el medio quedan unos 1.400 servidores judiciales que, a hoy, no tienen seguridad sobre la continuidad de sus cargos al terminar este noviembre.

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