Difícil posición del magistrado Munar

El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de Judicatura (CSJ) es un hombre polémico, por decir lo menos. Hace unos días aseguró que no es un pecado saltar de una alta corte a otra, con el beneplácito de sus compañeros, ya que la justicia “requiere de los mejores”.

Sin embargo, su postura lo tiene a un paso de abandonar la corporación puesto que esta conducta está claramente proscrita por la misma Constitución.

Pero no es por lo único que debe preocuparse. Un mes lleva ya en paro la gran mayoría de juzgados del país, que reclaman más recursos para la administración de justicia. Ello incluye las peticiones para que se dé fin a la interinidad y se nombren en propiedad a los cerca de 8.000 funcionarios que laboran en los despachos de descongestión.

Esta semana, ante el despacho de Munar se radicaron dos cartas de altos funcionarios de la Justicia que exigen soluciones y dan cuenta de la grave situación de la que nadie –ni el CSJ ni el gobierno nacional- parece condolerse.

Por un lado, el fiscal general, Eduardo Montealegre, advirtió que casos emblemáticos como el del Interbolsa y el del ‘carrusel’ de la contratación de Bogotá están frenados por la ausencia de los jueces.

Para la cabeza del ente acusador, “existe una profunda preocupación al ver que los casos priorizados por el ente investigador por su alta complejidad o impacto social han tenido importantes retrasos en el momento de la presentación ante los jueces de la República”.

En la misiva se precisa que es necesaria la asignación de jueces que tomen las riendas de estos casos de connotación nacional, para “evitar dilaciones que afecten la adecuada administración de justicia y la reparación de las víctimas en casos de importancia nacional”, indica el documento.

Las críticas también se dejaron venir desde el Consejo de Estado, que, a través de su presidenta, María Claudia Rojas, manifestó su preocupación por la incertidumbre en la que se encuentra el futuro de los cargos de los despachos de descongestión, en especial de los 2.000 que sirven a los procesos administrativos.

Advierten los magistrados que de no prolongarse los nombramientos, “esta jurisdicción se verá forzada a suspender los términos más de 48.000 procesos, lo cual traería nefastas consecuencias para administrar justicia, en grave detrimento de los derechos de los ciudadanos”.

Semana.com habló con el magistrado Munar, quien indicó que las puertas de la corporación siempre han estado abiertas para dialogar con los funcionarios que se mantienen en paro. “Es muy complejo analizar un pliego de siete peticiones, de las cuales seis son salariales y en la actualidad no se cuenta con recursos para ello”, indicó.

Igualmente, en el tema de descongestión, afirmó que estos cargos se nombrarán en propiedad a partir del 2015. No obstante, afirmó que “su desempeño sí será evaluado para determinar su continuidad”.

Lo cierto es que no sólo son víctimas de esta situación los grandes casos de la Fiscalía o los procesos que cursan en las cortes. Los ciudadanos de a pie han visto también vulnerados sus derechos, y los esfuerzos de las autoridades tampoco pueden rendir fruto si no pueden judicializara quienes capturan. Lo peor es que no se ve la luz al final del túnel.