Huelguistas de la justicia hablan de traición

Ni siquiera el acuerdo entre los sindicatos de la Rama Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura para ponerle fin al cese de actividades que protagonizan jueces civiles y de familia permitió reabrir los juzgados. Dado que varios de los servidores de la especialidad en Bogotá se resisten a volver a sus puestos de trabajo, el Gobierno está evaluando si es necesario tomar medidas contra los huelguistas.

Fuentes del Consejo Superior de la Judicatura indicaron que el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Enrique Borda, ha estado visitando los complejos judiciales de Bogotá en los que permanecen cerrados los juzgados. Esto con la intención de determinar si hay lugar a establecer medidas de tipo sancionatorio, como la de suspender pagos a quienes persistan en el cese.

Los sindicatos de la justicia aseguraron el viernes pasado que los servidores de la jurisdicción civil y de familia que se encontraban en cese de actividades desde el 13 de enero volverían a sus puestos de trabajo este lunes. Lo hicieron luego de firmar un acuerdo con el Consejo Superior para poner fin a la protesta. Pero tres días después de cumplido el plazo, los despachos de esa especialidad en Bogotá siguen cerrados.

Según Orlando Chinchilla, presidente de un sindicato judicial que acaba de ser conformado, los cuatro representantes de los trabajadores que celebraron ese pacto los traicionaron. Por eso, dice, no acatarán ese acuerdo de voluntades y mantendrán las asambleas permanentes que han impedido que se reabran los juzgados.

Mientras tanto, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, José Agustín Suárez, les pidió a los voceros de Asonal Judicial que así como fueron diligentes para abogar por los intereses de sus colegas, ejerzan el mismo liderazgo ante los trabajadores para que se reintegren a las labores.

Ovidio Claros, quien este mismo miércoles fue elegido presidente del Consejo Superior, dijo que la solución, muy probablemente, la tiene el Gobierno. Dijo que entre las reclamaciones de los servidores judiciales hay muchas pretensiones legítimas y que para eso él, como presidente de la Sala Disciplinaria, le expresó al Ejecutivo hace más de un año que era necesario establecer mesas de trabajo con los funcionarios de la rama.

Mientras esto ocurre, cerca de 200 juzgados y unos 80.000 procesos se mantienen paralizados en Bogotá.