Viernes, 20 de enero de 2017

| 2016/01/29 17:18

Huelguistas de la justicia podrían quedarse sin pago

Así lo advirtieron el Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura, tras anunciar que quienes se resistan a reintegrarse a sus labores podrían ser sancionados.

El Ministerio del Trabajo ya está adelantando ciertas verificaciones para interponer quejas disciplinarias contra los responsables de la huelga. Foto: Archivo SEMANA

El Gobierno y el Consejo Superior de la Judicatura están dispuestos a tomar medidas contra los servidores judiciales que persisten en el cese de actividades. Al parecer, quienes continúan protagonizando esa protesta podrían dejar de recibir pagos y ser sancionados.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, indicó que el Ministerio del Trabajo ya está adelantando ciertas verificaciones para interponer quejas disciplinarias contra los responsables de la huelga. Además, el recién posesionado presidente del Consejo Superior, José Agustín Suárez, señaló que si en las bases de datos no se reportan horas de trabajo al iniciarse febrero, no será posible efectuar los pagos.

El acuerdo al que llegaron el Consejo Superior y los sindicatos de la justicia el viernes 22 de enero no fue suficiente para para que todos los servidores de la jurisdicción civil y de familia se reintegraran a sus puestos de trabajo. Gran parte de ellos en Bogotá desacataron ese pacto y continuaron el cese de actividades que se ha prolongado a lo largo de la semana.

Esa protesta ha sido liderada por Orlando Chinchilla, presidente del recién fundado sindicato El Vocero Judicial. Para ellos, es inadmisible que el Consejo Superior no haya derogado su plan para modificar el modelo de atención al usuario. En su criterio, no es suficiente con el aplazamiento de la entrada en vigencia de ese nuevo esquema. Por eso se declararon en asamblea permanente, hasta tener la seguridad de que el acuerdo fuera revocado.

La posición dista de la asumida por los dos grupos de Asonal Judicial y Asojudiciales. Para ellos, hay un compromiso que ya se asumió con el Consejo Superior de la Judicatura y que no se podía desconocer. Por eso, se han opuesto a la persistencia de los huelguistas de volver a sus labores.

Para la corporación judicial y para el Gobierno es inadmisible que ese grupo de servidores desconozca el pacto. Por eso, anunciaron las medidas que, aunque parezcan extremas, buscan reanudar la atención en los despachos judiciales de Bogotá que se niegan a volver a sus labores.

El ministro Reyes y el magistrado Suárez reconocieron que se están adelantando las primeras gestiones que podrían afectar el bolsillo y los antecedentes disciplinarios de los huelguistas.

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