Se avizora fin del paro judicial

El tiempo durante el cual ese nuevo esquema no esté operando será utilizado para que jueces y demás servidores judiciales afectados con los cambios se unan a la labor de la Sala Administrativa en la elaboración de un nuevo acuerdo.

Así las cosas, el nuevo diseño será el producto de un trabajo consensuado y no el resultado de decisiones unilaterales.

La decisión se produjo luego de una intensa reunión de más de dos horas, en la cual los sindicatos de trabajadores de la justicia le informaron a los magistrados de la Sala Administrativa sobre la respuesta favorable que dieron los empleados a la propuesta.

La mala noticia para los usuarios es que los juzgados del país continuarán cerrados mientras el Consejo Superior estudia algunas iniciativas de los trabajadores.

En los juzgados civiles y de familia del país se introdujo un cambio radical a la manera como se cumplían las labores administrativas y de atención al usuario. Desde diciembre del 2015, se ordenó la creación de centros de servicios en cada complejo judicial, que concentrarían todas las labores que algunos llaman ‘de carpintería’ y que antes se cumplían en cada despacho de manera individual.

A los servidores de la jurisdicción no les gustó nada el nuevo diseño, que tildaban de fracasado y que le quitaba a los jueces la competencia para nominar a los encargados de esas tareas administrativas. Por eso iniciaron un movimiento de protesta que ha llevado al cese de actividades en gran parte de los despachos del país en la última semana.

Después de unos primeros intentos fallidos para acordar una salida negociada al conflicto, el Consejo Superior ofreció una alternativa que a los dos grupos de Asonal Judicial les pareció atractiva. Estos últimos se comprometieron a socializarla con los asambleístas, sin antes revelarla a la opinión pública.

Fuentes consultadas por Semana.com indicaron que solo una pequeña parte de los trabajadores se opuso a aceptar la proposición. Contrario a lo dicho por la mayoría, consideraban que solo la derogatoria inmediata y definitiva del acuerdo podía dar lugar al levantamiento de la protesta.

Sin embargo, la intención del Consejo Superior de dejar sin vigencia el acuerdo conquistó las voluntades de las mayorías. Ahora el compromiso es que entre los servidores de los juzgados y los magistrados se diseñe ese nuevo modelo para cumplir las tareas administrativas de los juzgados.

La tarea del ministro de Justicia, Yesid Reyes, y del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, fue decisiva a la hora de establecer este definitivo acercamiento, pues sirvieron de mediadores para lograr el feliz acuerdo.