¿Qué pasará con el paro de la justicia?

Nadie sabe qué podrá pasar el próximo martes 13 de enero. En el papel, ese día la rama judicial tiene que reintegrarse a sus labores, pero en la práctica es muy difícil que eso suceda. Aunque muchos de los jueces quieren volver a sus despachos, después de casi cuatro meses de paro, lo más probable es que no logren entrar a los complejos judiciales. La orden de Asonal, el sindicato que los representa, es continuar las protestas. Con el Inpec también en paro, ni siquiera las cárceles están recibiendo los presos ni se está conduciendo a quienes no han sido condenados a las audiencias. La situación de la justicia se pone cada vez peor y no se ven luces de que pueda mejorar pronto.

Aunque en Colombia los paros de la justicia no son una novedad, el que se vive en la actualidad es uno de los más graves de la historia reciente. Los grandes poderes del Estado están hoy alineados para desinflar las protestas, pero por ahora no es mucho lo que han logrado. El ministro de Justicia, Yesid Reyes, y el superministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, han estado al frente para negociar con los sindicatos. El contralor, Edgardo Maya, dio la orden de no pagar los salarios de quienes no están trabajando. El fiscal, Eduardo Montealegre, amenazó con investigar penalmente por constreñimiento a quienes sigan en huelga. Y el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, anunció que el gobierno podría pedir que se declare el paro ilegal.  Aun así, ya se anunció que las protestas siguen.

¿Por qué nadie ha podido ponerle punto final al paro? Lo primero que hay que decir es que lograr que el paro termine con un acuerdo es hoy casi imposible. El gobierno se enfrenta a dos peticiones que son inviables pero que representan un punto de honor para Asonal y que parecen no tener quiebre.

La primera es eliminar la reestructuración de la Fiscalía, una de las principales banderas de Eduardo Montealegre. Cuando este llegó al cargo, la entidad tenía un plazo impuesto por la Corte Constitucional (diciembre de 2014) para implementar un concurso para la selección de sus funcionarios (similar al de los docentes, los militares y la rama judicial). Sin embargo, por medio de la Ley 1654 de 2013  (que le otorgó facultades extraordinarias al gobierno) lo que se hizo fue un revolcón que cambió la estructura de la Fiscalía. Mediante la expedición de unos decretos ley, se logró la inyección de más de 1 billón de pesos de presupuesto (alcanzando el mismo rubro que toda la rama judicial) y la creación de 3.200 cargos nuevos (tenía 27.000), muchos de libre nombramiento. Adicionalmente, otro decreto aplazó la orden de hacer el concurso tres años.

Para Freddy Machado, presidente de Asonal, esa reestructuración no benefició a los fiscales que llevan décadas en la entidad, sino que creó cargos a dedo “para pagar cuotas políticas”. Independientemente de quién tiene la razón, ni el gobierno ni el propio fiscal tienen nada que hacer al respecto pues incluso para echar para atrás la reestructuración se requiere tramitar y aprobar otra ley en el Congreso.

La segunda petición es inviable por motivos económicos. Tiene que ver con lo que en la  rama judicial se conoce como ‘la nivelación salarial’ y las ‘bonificaciones’. Lo primero no es más que igualar por lo alto los sueldos de quienes ganan menos (los jueces) con quienes ganan más (los magistrados). Este tema ha sido un malestar histórico dentro de la rama. Fue el eje de las protestas de 2012 en el que el gobierno finalmente le dio la razón a los sindicatos. Ese paro terminó con un convenio en el que se planteó esa nivelación gradualmente hasta 2018 y en el que se destinaron 1,4 billones de pesos.
 
El Ministerio de Justicia calcula que con esto cada salario en la justicia aumentará el 44 por ciento y que para 2018 un juez se ganará en Colombia en promedio 10 millones de pesos. Pero Asonal no quiere esperar a 2018 y exige que la nivelación sea ahora y mucho más amplia. Por ejemplo, entre sus reclamos está que los jueces de mayor rango ganen el 80 por ciento de los magistrados, lo cual representaría una suma altísima para el Estado. A esto se agrega que en los diferentes paros, la rama judicial ha venido ganando ‘bonificaciones’, es decir, un dinero extra que llega con el sueldo. Asonal pide que este entre a formar parte del salario de los empleados, lo cual a su vez aumentaría sus prestaciones sociales como, por ejemplo, el valor de su pensión. El Ministerio de Hacienda calcula que eso costaría 6 billones de pesos, media reforma tributaria.

A la fecha el tire y afloje por esos dos puntos irreconciliables le ha salido muy costoso al país. Se calcula que las pérdidas por cuenta del paro superan los 100.000 millones de pesos, que hay represados más de 120.000 procesos y que se han aplazado en la Fiscalía más de 27.000  audiencias. A pesar de que, según el presidente de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, en la protesta participan menos del 12 por ciento de los jueces y menos del 1 por ciento de los funcionarios de la Fiscalía, el impacto ha sido inmenso.

Además de lo que viven miles de ciudadanos todos los días, la mayoría de los casos de connotación nacional están paralizados. La fiscal que lleva InterBolsa, Alexandra Ladino, advirtió que sus detenidos pueden quedar en libertad por vencimiento de términos.  También se han afectado los procesos contra el exalcalde Samuel Moreno, el de la muerte de Colmenares, el del exgobernador Kiko Gómez, el del cantante Jorge Oñate, el hacker Sepúlveda, entre 85 casos especiales y de connotación nacional que identificó la Fiscalía. Adicionalmente, en los últimos meses del año pasado los juzgados ni siquiera recibían acciones de tutela, lo cual pone en peligro los derechos fundamentales de miles de ciudadanos.

En los procesos penales, la situación llegó a su peor momento esta semana, cuando al paro de la justicia se sumó el Inpec. Realmente ellos llevaban con un cese de actividades que habían denominado ‘plan reglamento’ desde hace cinco meses. Pero ahora pasaron a una segunda fase y anunciaron el cierre de las cuatro principales cárceles del país (La Picota y la Modelo, de Bogotá; Bellavista, de Medellín, y Villa Hermosa, de Cali). Como las cárceles no están recibiendo presos, todos se están concentrando en las URI, que es donde los detenidos pasan las primeras 36 horas.

El ministro Yesid Reyes estuvo toda la semana viendo dónde acomodaba los detenidos (se cree que en Colombia se capturan seis personas por hora). El alcalde Gustavo Petro le abrió 150 cupos en la Cárcel Distrital y le facilitó dos inmuebles provisionales.  Bogotá había llegado a un punto escandaloso. En el barrio La Granja se acondicionó un ‘parque por cárcel’, y decenas de personas permanecieron días esposadas a los columpios y juegos infantiles. Otros detenidos fueron acomodados en camiones de la Policía en donde no tenían baños ni dónde dormir. La desesperación es tal que los reclusos han incendiado dos camiones.

Si con la justicia es difícil negociar, con el Inpec lo es aún más. No solo porque son uno de los pocos sindicatos armados del país y porque tienen el control de las cárceles, sino porque están divididos en 64 grupos que casi nunca se ponen de acuerdo. Muchas de sus peticiones son justas, por ejemplo, un seguro de vida por las difíciles condiciones que enfrentan los guardias, pero cuando un sindicato aceptó, otro pidió que este beneficio se extendiera también a las secretarias y personal administrativo. El gobierno ha ofrecido 12.000 millones de pesos, pero tampoco se ve que esto solucione el problema.

Casi nadie se explica el poder de convocatoria que ha tenido Asonal en este paro, al punto de casi poner en jaque toda la administración de justicia. Para quienes están en la negociación la respuesta es muy sencilla: el candado. A diferencia de paros anteriores en donde las protestas eran de puertas abiertas y cualquiera podía entrar a los juzgados, así fuera para ver jugar parqués a los funcionarios, este año Asonal decidió cerrar con llave los despachos. Las imágenes de disturbios con antimotines a bordo que han visto los colombianos han sido por disputas entre quienes quieren trabajar y quienes quieren mantenerse en huelga. Como hay orden de no pagarles a los que no laboren, esas diferencias entre los mismos funcionarios pueden aumentar aún más. Solo si se abren los despachos este martes se sabrá realmente qué tan grande es el paro que tiene bloqueada a la Justicia.