Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2016/01/25 16:48

Cese de actividades de la justicia no ha terminado

Pese al acuerdo celebrado el jueves para poner fin al conflicto laboral en la jurisdicción civil y de familia, varios juzgados de Bogotá siguen cerrados.

Los integrantes de los despachos adelantan asambleas permanentes en las que discuten si vuelven o no a sus puestos de trabajo. Foto: Archivo SEMANA

Aun cuando en términos formales los servidores de la justicia terminaron el cese de actividades, los efectos siguen siendo los mismos. Miles de procesos se retrasaron y ciudadanos que vieron cercenada su oportunidad de acceder a la justicia. Eso mismo siguió sucediendo en Bogotá, donde decenas de juzgados decidieron mantener el cese de actividades con el que empezó el 2016, pese al acuerdo celebrado el viernes para levantarlo.

Juzgados de esa especialidad que operan en los edificios Nemqueteba y Hernando Morales, en el centro de Bogotá, hicieron caso omiso del acuerdo celebrado el viernes pasado entre el Consejo Superior de la Judicatura y dos agrupaciones de Asonal Judicial para levantar la protesta que adelantaban servidores del ramo. Por eso, los despachos amanecieron cerrados, mientras sus integrantes adelantan asambleas permanentes en las que discuten si vuelven o no a sus puestos de trabajo.

Desde el 13 de enero pasado los jueces civiles y de familia del país entraron en un nuevo cese de actividades. Lo hicieron como acto de protesta por el cambio en el modelo de atención al usuario que introdujo la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura desde finales de diciembre del 2015.

El nuevo esquema se proponía concentrar en centros de servicio las labores administrativas que se desarrollaban en cada despacho judicial. Los servidores de esa especialidad se opusieron a esa nueva estructura, a la que consideraban fracasada y a la que además acusaban de desconocer la naturaleza del juez como cabeza visible del proceso judicial.

Para no prolongar más los padecimientos de millones de ciudadanos que se vieron perjudicados con ese conflicto laboral, la Sala Administrativa del Consejo Superior se comprometió el miércoles pasado a aplazar la vigencia del nuevo modelo, si se levantaban las protestas.

Los dos grupos de Asonal Judicial consultaron la propuesta con sus bases el jueves pasado. Al menos el 80 % le dio su visto bueno a la iniciativa, lo que condujo a la redacción definitiva del acuerdo en una reunión con magistrados de la Sala Administrativa que se desarrolló ese mismo día.

En la mañana del viernes se firmó el pacto, en compañía del ministro del Interior, Yesid Ramírez, y del defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora. La presencia de estos dos garantes, pareció dar tranquilidad a las partes sobre el cumplimiento de sus compromisos.

En síntesis, se suspendería la vigencia del acuerdo hasta el 29 de febrero, mientras servidores de los juzgados civiles y de familia y el Consejo Superior preparaban un nuevo acuerdo.

Ese pacto también establecía la posibilidad de que los trabajadores pudieran proponer otros cambios para mejorar el funcionamiento de la jurisdicción. Además, se establecía la posibilidad de prorrogar el aplazamiento de la entrada en vigencia del acuerdo que dio lugar a la protesta. Según María del Pilar Arango y Fredy Machado, voceros de Asonal Judicial, la firma de este compromiso permitiría que los servidores judiciales volvieran a sus puestos de trabajo este lunes.

Sin embargo, no todos se acogieron a esa directriz. Los edificios Nemqueteba y Hernando Morales, principales centros de operaciones de los juzgados civiles y de familia en Bogotá, continuaron cerrados al público este lunes. En numerosos carteles escritos a mano se informó a los usuarios sobre el cierre de las oficinas y se invitó a otros trabajadores y profesionales del derecho a que se unieran a la protesta.

Quienes laboran en esas dependencias continúan reunidos en asambleas permanentes, discutiendo si vuelven o no a sus puestos de trabajo. Para ellos, la única salida confiable es la derogatoria inmediata del acuerdo en el que se planteó el cambio en el modelo de atención al usuario.
 
Mientras tanto, los usuarios seguirán teniendo vedado su acceso a la administración de justicia.

Paro judicial

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