Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2008/09/27 00:00

Paros que se hacen sentir

Dos sectores estratégicos del país -la justicia y el abastecimiento de combustibles- están en suspenso por las huelgas de sus trabajadores. ¿Qué hay detrás y qué puede pasar?

En la rama judicial hay 40.000 trabajadores en paro. En los últimos seis años el presupuesto de la rama judicial creció en un 96 por ciento, pero hay brechas muy grandes en los salarios de los diferentes niveles del sector

En los últimos dos meses el gobierno se ha enfrentado a tres paros de trabajadores de sectores estratégicos. En agosto, los transportadores de carga por carretera pusieron en jaque el comercio exterior del país, y ahora son los trabajadores de la rama judicial y los obreros que cortan caña los que protagonizan las protestas.

La huelga de los 40.000 trabajadores de la rama judicial va a completar un mes y la parálisis de los 12.500 cortadores de caña en el suroccidente del país va para 15 días.

La novedad es que el gobierno no puede actuar como lo hizo en el pasado, declarando ilegales los paros, pues prácticamente en estos casos se estrena la nueva Ley que regula el ejercicio de huelga en Colombia. La competencia que tenía el Ministerio de la Protección Social para  calificar  la  ilegalidad de la huelga se trasladó a la jurisdicción laboral. Es decir, ya no es el gobierno el que decide, sino la rama judicial.

El asunto es que las dos protestas que aún no terminan dejan pérdidas diarias por 8.000 millones de pesos y ambas afectan a la mayoría de los colombianos.

El impacto judicial se siente por cuenta de la parálisis en la administración de justicia en casi todo el país. En 26 días de huelga la Policía ya dejó libres a más de un millar de personas aprehendidas en flagrancia.

La primera carta que se jugó el presidente Álvaro Uribe para desarmar el paro judicial fue recordar que su gobierno es el que más recursos le ha inyectado a la justicia. Eso es cierto. En los últimos seis años el presupuesto de la rama judicial creció en 96 por ciento; pasó de 1,5 billones en 2002 a tres billones para 2009. Pero el problema no es ese. Según Leonor Viñas, jueza única especial de Barranquilla, los jueces y empleados de despacho son tratados "como la plebe de la rama judicial". Su molestia parece razonable. Ella atiende procesos por secuestro extorsivo, narcotráfico y gana poco más de cinco millones de pesos, mientras el sueldo de un magistrado auxiliar ante las Cortes o tribunales se acerca a 14 millones de pesos. Los secretarios de juzgados no llegan a los dos millones de pesos, escribientes y citadores están por el orden del millón de pesos.

Ese abismo salarial no es autoría del actual gobierno sino producto de la Ley 4 expedida en 1992, que autorizó nivelar salarios en la rama judicial bajo el concepto de equidad. Lo curioso es que la aplicación de dicha norma se concentró en las altas esferas, pero dejó con los crespos hechos a empleados de bajo rango. En 2004 apareció otro decreto, el 4040, que echó más leña a la hoguera, tras autorizar bonificaciones para magistrados, fiscales y procuradores por valor de 50.000 millones de pesos, lo que mejora sus ingresos en 32 por ciento. Mientras jueces y empleados del sector lograron entre 2005 y 2006, con otro paro, primas de productividad judicial por 125.000 millones de pesos. Asonal insiste en que hace falta nivelar en 700.000 millones de pesos los sueldos. El gobierno ofreció 110.000 millones, con el argumento de que no hay más plata. Ahí va el rifirrafe.

El otro pulso sindical es el de los trabajadores de la caña que se procesa para producir azúcar en 13 ingenios ubicados en Cauca, Valle y Risaralda.

De esas empresas, cinco tienen destilerías donde se genera etanol, y dos de ellas, Incauca y Providencia, pertenecen a la organización Ardilla Lülle, la cual produce el 50 por ciento del alcohol carburante de todo el país. Por esa razón el paro de corteros tocó el bolsillo de los colombianos, ya que por cuenta de la huelga se acabó la producción diaria de un millón de litros del etanol que se le mezcla a la gasolina y el galón de ésta subió en promedio 100 pesos en Santander, Bogotá, Eje Cafetero, Cauca, Valle y Nariño. Expertos en el tema de hidrocarburos consideran irónico que ahora el precio de la gasolina suba por cuenta de los biocombustibles.

De los tres partes que tiene la industria azucarera (los dueños de la tierra y cultivos, los que cortan la caña y quienes la procesan), los menos privilegiados son los 12.500 corteros, personas de familias humildes y con ingresos promedio de 600.000 pesos al mes. Sólo 485 de esos obreros están contratados directamente por los ingenios; 9.500, por cooperativas, y los restantes, a través de intermediarios. Los corteros insisten en mejorar sus ingresos y para ello exigen contrato laboral con los ingenios.

Luis Fernando Londoño, presidente de Asocaña, vocero de la industria, señala que los trabajadores en huelga no son empleados de los ingenios sino asociados de las 102 cooperativas a través de las cuales contratan el servicio de corte de caña. Agrega que como tal no pueden atender exigencias laborales y a su vez califica la huelga como "un bloqueo abusivo".

Cabe anotar que el paro de los corteros tiene un antecedente significativo, el de los trabajadores de la palma, que prácticamente terminó en paro cívico en Puerto Wilches a comienzos de este año. En ambos, los trabajadores protestan por este nuevo tipo de contratación vía cooperativas, en la cual, según ellos, pierden garantías laborales. Y que es un sistema que se está imponiendo en la producción agroindustrial del país.

Pero, más allá de los detalles de cada paro, hay quienes piensan que los dos tienen un actor tras bambalinas llamado TLC, lo que hace de la protesta un trofeo político.

El representante a la Cámara Roy Barreras, de Cambio Radical, dijo a SEMANA que "hay una estrategia para hacer coincidir los bloqueos de ambas protestas y con ayuda de los camioneros extenderla hasta el 9 de octubre, cuando se conmemora la muerte del Che Guevara". Por su parte, el ministro de Protección Social, Diego Palacios, advirtió que "tras el paro cortero hay fuerzas oscuras", y su colega del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, afirmó que la huelga judicial "carece de toda justificación".

La tensión laboral podría crecer si otras fuerzas sindicales del país deciden unirse a los paros, en solidaridad. De hecho, este miércoles, varias centrales obreras están convocando a una manifestación de apoyo a estos dos sectores.

Algunos piensan que no es descabellado creer que los sindicatos le tienen medido el aceite al gobierno y saben que mientras esté sobre la mesa la necesidad de lograr la aprobación del TLC, la exigencia de derechos laborales siempre será elemento de presión.
 

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