Santos, ¿con licencia para participar?

En la tierra del vallenato,  el presidente Juan Manuel Santos lanzó varias puyas a sus contradictores. No fueron canciones jocosas, sino más bien críticas destempladas. “Yo no sé qué tipo de principios o programas pueden salir de una alianza entre Peñalosa y Petro. No me la imagino. O una alianza entre Pastrana y José Obdulio. O una alianza entre los aspirantes al Senado Uribe y Robledo. No sé qué tipo de principios pueden salir de ese tipo de alianzas”, dijo el mandatario en Valledupar durante el Acuerdo por la Prosperidad 114 hace una semana. Críticos, rivales y varios analistas consideraron que el presidente estaba participando indebidamente en política. 

Solo cuatro días después, esta vez revestido de la solemnidad que dan las alocuciones presidenciales, dio un breve discurso en el que reseñó los avances en el aumento del empleo y la reducción de la pobreza. Admitió que aunque los logros son importantes “falta mucho”, expresión que repitió en varios momentos. Al final invitó a los colombianos a continuar enfrentando los problemas con resolución y firmeza. “Sigamos avanzando”, dijo. 

El llamado tenía un mensaje manifiesto que buscaba recalcar los buenos resultados de su gestión en esas materias, pero había uno menos obvio: es necesario más tiempo para cumplir la tarea a cabalidad. 

Pero el episodio que abrió el primer debate sobre los límites de la participación política del presidente fue hace un par de semanas. Santos asistió al lanzamiento de la fundación Buen Gobierno, la plataforma, que en cabeza de su exministro de Vivienda Germán Vargas Lleras, defenderá su gestión y programa ante una virtual campaña por la reelección. No se dirigió al público, pero su sola presencia era un mensaje simbólico que refrendaba el acto político. Ese día, la palabra más recurrente fue “reelección”. 

Estos hechos políticos provocaron una seguidilla de declaraciones que advierten el riesgo de que Santos esté cruzando el límite de la injerencia en la próxima campaña presidencial. El expresidente Andrés Pastrana fue el primero en pedirle al procurador general que active la Ley de Garantías para defender la igualdad de condiciones de los competidores en la contienda democrática, aunque el presidente aún no es candidato y tampoco podría serlo. 

En respuesta, el procurador Alejandro Ordóñez atinó a recordarle al jefe de Estado a través de una carta que hasta que no anuncie formalmente su candidatura debe abstenerse de “incurrir en actos políticos que puedan vulnerar el ordenamiento jurídico”. 

Las declaraciones más duras llegaron después del acto de gobierno de Valledupar, hace una semana. Representantes de los verdes, Progresistas, del Polo y el Centro Democrático señalaron que se le había ido la mano. Y la Misión de Observación Electoral (MOE) exhortó al presidente a no referirse a asuntos políticos de partidos ajenos a su Unidad Nacional. 

Las tres escenas en las que el mandatario participó fueron actos políticos ad portas de una campaña electoral, pero distintos en su naturaleza. La teoría dice que el ataque a otras filiaciones partidistas no es un acto de gobierno ni hace parte de la defensa permitida a sus programas. De hecho, la Ley de Garantías prohíbe al presidente “referirse a los demás candidatos o movimientos políticos en sus disertaciones o presentaciones públicas, como jefe de Estado o de gobierno”.  

Sin embargo, el papel aguanta todo. En la práctica la política no es otra cosa que la controversia pública, atacar y defender ideas;  que un gobierno defienda sus banderas para reelegirse y que la oposición ataque sus flancos débiles y las promesas incumplidas. Por lo tanto, lo planteado por la ley en ese sentido suena tan irreal como caricaturesco. Los gobiernos siempre van a criticar la oposición y la oposición a los gobiernos. Esa es la esencia de la democracia. 

Lo que sí está claro es que el presidente como jefe de Estado en ejercicio tiene una gran responsabilidad. Su mensaje es más potente, su poder más grande, su imagen más visible. Por lo tanto tiene una gran ventaja sobre sus competidores, quienes en la campaña electoral deben gozar de las garantías, el acceso a los medios de comunicación y el respeto suficientes. 

Por eso, lo más importante es que el presidente sea muy responsable con sus mensajes. Sus referencias a la oposición deben ser cuidadosas de esos derechos. 

El problema de fondo es que no hay claridad legal sobre qué está permitido y qué no. Durante casi un siglo estuvo prohibida la participación de funcionarios en actividades partidistas y controversias políticas. Con la Constitución de 1991 se abrió la puerta para que se puedan hacer, pero todavía no se ha regulado la materia. Es decir, existe una prohibición expresa que impide a los servidores públicos participar en política, hasta que no se regule cuándo y cómo pueden hacerlo. 

Y la Ley de Garantías que se aprobó en 2005 con el fin de equilibrar la competencia cuando haya un candidato-presidente definió los límites de esa participación del mandatario, pero solo durante el periodo en que oficialmente arranca la competencia, es decir, seis meses antes de los comicios. 

Pero si en la legislación hay vacíos, la jurisprudencia tampoco arroja luz al problema. Hay dos casos emblemáticos en los que gobernantes elegidos por voto popular quedaron fuera del ring político por su injerencia en los certámenes electorales. El procurador Ordoñez inhabilitó al exalcalde de Medellín Alonso Salazar porque denunció públicamente la influencia de la mafia en la campaña de un candidato de un grupo político contrario. 

Esa sanción fue motivo de controversia pues sentó un precedente difícil de explicar: un gobernante no podría denunciar actividades ilícitas previas a una campaña porque podría alterar el equilibrio democrático. En 2010 el mismo Ordóñez inhabilitó al exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, tras comprobar que en una reunión política instó a votar por un precandidato presidencial. En ese caso hubo menos controversia pues había evidencia de que el gobernador estaba en un acto de campaña en el que se difundió propaganda y hubo arengas en favor de un candidato. 

Los intentos por trazar la línea divisoria entre lo que es defender un programa de gobierno y lo que es participación han fracasado. A finales de 2011 el senador fallecido Juan Carlos Rizzeto radicó un proyecto que identificaba en cuáles actividades podrían participar los funcionarios y en cuáles no. 

El proyecto naufragó en medio de las críticas de escépticos que consideraban que si se aprobaba la ley se le daría patente de corso a los gobernantes interesados en influir en las campañas. Actualmente hay otro proyecto similar radicado desde agosto por el senador Carlos Enrique Soto, pero esa iniciativa en un año electoral seguramente tendrá la misma suerte. 

“Acá tenemos un doble discurso entre la realidad política y el deber ser”, explicó el constitucionalista Juan Manuel Charry. En su criterio la política colombiana ha tomado el camino en reversa, pues en lugar de definir de una vez por todas cuáles son las actividades políticas en las que un funcionario no puede participar, lo prohíbe todo y después sí busca las excepciones. 

Mientras tanto todo el mundo en el servicio público hace política veladamente. Para la directora de la MOE, Alejandra Barrios, el problema en el caso del presidente es que él ocupa la mayor dignidad del Estado. Debido a esa prelación, sus comentarios sobre la política interna de otros partidos tienen repercusiones no solo frente a sus seguidores sino en todo el debate político.

 “Lo que le dijimos fue conserve su investidura, porque comienza un proceso electoral que no se ha caracterizado por la altura del debate y frases como las que pronunció solo aumentan la pugnacidad”, dijo. 

En un país con un fuerte presidencialismo como Colombia es imposible pedirle al jefe de Estado que no opine o se abstenga de mostrar sus ejecutorias antes de que comience la campaña. A esto se suma que la figura de la reelección es nueva y los mecanismos de control, incluida la opinión pública, todavía no han encontrado el justo medio para equilibrar la competencia. 

Mientras permanezca en el limbo legal qué está permitido y qué no, las actuaciones del presidente seguirán causando controversia. Esa ambigüedad no permite a las autoridades que ejercen control trazar la línea con exactitud. Además de evitar que un candidato-presidente tenga mucha más ventaja sobre sus posibles competidores, es necesario que los funcionarios sepan con certeza cuáles son los límites de su actividad política, incluso así no haya arrancado la campaña.