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| 5/27/2014 12:00:00 AM

Participación política: el otro gran debate del proceso de paz

El fiscal, el procurador y el alto Gobierno vuelven a cruzar espadas, esta vez sobre la eventual participación en política de los guerrilleros.

Una audiencia convocada por la Corte Constitucional discute este martes en Bogotá un punto crucial para la suerte de las negociaciones entre el Gobierno y las FARC en La Habana: las condiciones en que los guerrilleros desmovilizados y sin armas pueden participar en política.

La Corte considera una demanda del exministro de Defensa y connotado uribista Rafael Guarín contra el artículo tercero del Marco Jurídico para la Paz. Esta fue una reforma a la Constitución del 91 aprobada el año pasado por iniciativa del Gobierno para aplicar mecanismos de justicia transicional de manera diferencial a guerrilleros y agentes del Estado, en caso de un acuerdo de paz.

Uno de los puntos clave de esa reforma es el artículo 3, que le da al Congreso la potestad de definir, en una ley estatutaria, cuáles son los delitos conexos al delito político, es decir cuáles crímenes cometidos por la guerrilla lo fueron en el marco de la rebelión contra el Estado. Tales delitos no impedirían que quienes lo cometieron participen en política. El artículo excluye de la participación en política a quienes hayan cometido, de manera sistemática, crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Guarín sostiene que otros delitos, como los crímenes de guerra, los actos de terrorismo o el narcotráfico, por su carácter atroz no pueden ser conexos al delito político.

En este marco se dio un nuevo enfrentamiento entre el procurador y el fiscal.

“El derecho internacional y el DIH no se han configurado como regímenes para permitir la participación política de los desmovilizados sino para garantizar los derechos de las víctimas”, sostuvo el procurador Alejandro Ordóñez, llamando a castigar drásticamente y a cerrar el paso a la participación en política a quienes hayan cometido no sólo crímenes de lesa humanidad y genocidio sino crímenes de guerra, actos de terrorismo y otros delitos internacionales (como el narcotráfico).

El procurador sostuvo que esos crímenes “automáticamente rompen cualquier nexo con el delito político”.

“Estamos frente a una constitucionalización de todas las formas de lucha”, dijo, y mirando a Eduardo Montealegre, soltó: “a delitos severos, penas severas no trabajo social, señor fiscal. Eso es lo que se exige a los estudiantes de colegio”.

En la orilla opuesta, el fiscal adoptó unas de sus posiciones más drásticas en estos debates sobre las condiciones en las que se puede pactar la paz. Partiendo de la posición filosófica de que “donde empieza la política termina la guerra” el fiscal le pidió a la Corte declarar inexequible la parte del artículo 3 que restringe la participación en política de quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad y genocidio.

Montealegre sostuvo que esa fórmula sustituye (es decir, reemplaza) dos principios claves la Constitución: el principio democrático de participación política y el principio supremo de la búsqueda de la paz.

“La paz es el fin último que debe regir toda la actuación del Estado. Todas las autoridades del Estado deben propender al logro de la paz, incluso cuando esto suponga ciertas restricciones a la justicia”, expresó el fiscal.

Él sostuvo que el artículo 3 limita de forma absoluta la participación en política; restringe la libertad del Congreso para definir cuáles son los delitos conexos al delito político y cercena la posibilidad de buscarle una salida negociada al conflicto armado.

Todo esto, afirmó “implica da carácter absoluto a cierto tipo de justicia retributiva que le gusta al señor procurador y que es un obstáculo para la salida negociada al conflicto”.

Entre dos extremos

Si el fiscal y el procurador encarnaron las posiciones más drásticas del debate, Sergio Jaramillo, a nombre del Gobierno, y Juan Fernando Cristo, en el del Congreso, defendieron la exequibilidad del artículo y la necesidad jurídica y política de que los guerrilleros puedan participar en política una vez se desarmen y se desmovilicen.

“La participación política es el centro de gravedad de este y de cualquier proceso de paz”, dijo el alto comisionado para la paz, quien expuso ocho razones para que el artículo que la consagra en el Marco Jurídico para la Paz quede tal como está.

Jaramillo sostuvo que la decisión sobre participación política no sólo es esencial para llevar a buen puerto el proceso de paz, como lo muestran las negociaciones con el M-19 y otros grupos en los años 90, sino que es una manera de garantizar los derechos de las víctimas y para separar definitivamente las armas de la política.

“Es equivocado afirmar que hay obligaciones internacionales – dijo, contestando de hecho al procurador–. (La decisión sobre participación política) es eminentemente nacional”, señaló.

Además, sostuvo que tradicionalmente en Colombia la definición de cuáles son los delitos conexos al político ha sido en general competencia del Legislativo. Por ello, llamó a la Corte a “esperar y luego hacer el control constitucional” de la ley estatutaria que debe reglamentar este aspecto.

Con los argumentos del comisionado coincidió Juan Fernando Cristo, quien habló no sólo en su calidad de funcionario sino de víctima. “Nadie puede imaginar un proceso de solución negociada sin que ello signifique que pueda concluir en una participación en política de quienes empuñaron las armas”, explicó.

A nombre del Gobierno también defendió la potestad del Congreso de definir la conexidad el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez. “Nada podría contribuir más al afianzamiento de la Carta Política del 91 que los que hoy están en armas, participen en política”.

Así, esta audiencia que terminará a las 6:00 p. m., ha abierto otro de los debates claves del proceso de paz. Las dos cosas que más inquietan a los colombianos –y que serán de hecho parte de los argumentos hacia la segunda vuelta de las elecciones– son si los miembros de las FARC desmovilizados deben pagar penas de cárcel y si podrán participar en política.
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