Páselas por inocente

Se dice que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Pero en Colombia este principio es más una excepción que una regla, sobre todo cuando los investigados son políticos. En estos casos los procesos se vuelven escándalos en los que una parte de la opinión apuesta por la cárcel y otra por la libertad. Desde el punto de vista de los medios la razón principal es que, como los implicados son hombres públicos, su vinculación a un proceso judicial es ante todo un hecho político. Y que por eso a la gente le importa más el inicio de los procesos que la suerte final de sus protagonistas. Otra opinión es que cuando un fiscal sospecha de un político prefiere siempre procesarlo y esperar a que en el transcurso del juicio se sepa la verdad a que le lluevan rayos y centellas por no investigarlo. Estas dos teorías son válidas aunque son más pragmáticas que jurídicas. Sin embargo existen otras que tienen que ver con la interpretación de la ley, con la política y con las pruebas.

La interpretación

La primera teoría es que muchas de la normas de la Constitución se están aclarando sobre la marcha dentro de los propios procesos judiciales. El mejor ejemplo es lo que le ocurrió al gobernador electo de Cundinamarca Pablo Ardila. A finales de 1996 los magistrados de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia decidieron investigar a los congresistas que habían exonerado a Ernesto Samper en el proceso 8.000. A su vez, a la comisión de acusaciones de la Cámara llegó una denuncia que planteaba que los magistrados no podían hacer esa investigación. Ardila hacía parte de esa comisión y le correspondió llamar a indagatoria a los magistrados. Al saberse investigados, éstos se sintieron indignados. Entonces decidieron juzgar ellos mismos a Ardila por haberlos citado a declarar y lo llamaron a indagatoria a través de conjueces. Ardila asistió y a los pocos días lo metieron preso. Seis meses después, cuando lo iban a condenar, una tutela aclaró que, según la Constitución, no se puede juzgar a los congresistas por lo que hagan en desarrollo de sus funciones y que. por lo tanto. Ardila no había cometido ningún delito.

La politización

La segunda teoría es que como los candidatos para Fiscal General de la Nación son escogidos por el Presidente de la República, los fiscales tienen siempre un origen político. Y que como Colombia es el único país del mundo en el que la Fiscalía mete a la cárcel a la gente, la justicia, en algunos casos, se politiza. Esto fue lo que denunciaron Jaime Calderón Brugés, Alvaro Leyva Durán y Diego Pardo Koppel, tres de los colaboradores de Andrés Pastrana. Siendo presidente Ernesto Samper propuso a Alfonso Gómez Méndez como Fiscal General de la Nación. Cuando llegaron las elecciones Calderón Brugés era registrador y Pastrana ganó. Algunos meses después Gómez Méndez le abrió a Calderón un proceso por enriquecimiento ilícito. Lo acusó de haberle aceptado un préstamo a un testaferro de los narcos y lo metió preso. Luego de dos años, cuando el proceso salió de la Fiscalía, un juez de Bogotá concluyó que Calderón no se había enriquecido ilícitamente y lo dejó libre.

Al ex ministro conservador Alvaro Leyva le pasó algo parecido. Estaba gestionando en México el inicio del proceso de paz de Andrés Pastrana cuando la Fiscalía ordenó su captura por enriquecimiento ilícito. Leyva viajó a Costa Rica, en donde explicó su caso y fue protegido por el gobierno de ese país con un asilo político por persecución política. Luego la ONU le reconoció el estatus de refugiado de la Convención de Ginebra. Un año después, durante un viaje a España, Leyva fue detenido por orden de la Fiscalía. Los jueces españoles lo pusieron preso mientras estudiaban el caso. En esto se demoraron dos meses, hasta que aceptaron el asilo de Costa Rica. Entonces ordenaron su libertad. Pocos días después, y luego de cinco años y medio de exilio, un juez de Cali dijo que Leyva era inocente y que su proceso judicial nunca ha debido haberse iniciado.

El caso de Pardo Koppel es por razones distintas. Pastrana lo había nombrado embajador en México cuando la Fiscalía lo acusó de beneficiarse de un préstamo de 400 millones que le hizo el Banco del Estado. Como el banco se estaba quebrando, el Fiscal lo acusó de recibir dinero y pagarlo con comerciales de televisión perjudicando a los ahorradores. Ordenó un allanamiento y lo apresó. El ex embajador más tarde obtuvo la libertad condicional y hace un mes, luego de varios años, un juez lo declaró inocente. En este caso resultó también exonerado Miguel Uribe Londoño, yerno del ex presidente Julio César Turbay.

Ante la duda, acusa

Existe otra teoría que tiene que ver con las funciones de la Fiscalía. A veces, cuando los fiscales no encuentran pruebas, deciden acusar de todos modos para curarse en salud y para que los jueces decidan. Este parece el caso del ex ministro Fernando Botero Zea. Una compañía extranjera hizo una donación a las cuentas personales de Botero en Nueva York para la campaña de Ernesto Samper. El ex ministro quedó de traer el dinero a Colombia para la campaña y, al final, la Fiscalía dijo que se había quedado con una parte. A los dos años un juez sentenció que, aunque Botero no hizo total claridad sobre el destino de los recursos, la Fiscalía tampoco pudo demostrar que él se hubiera quedado con parte de la plata pues nunca se pudo establecer cuál era de él y cuál de la campaña. Botero, entonces, fue declarado inocente.

Otro caso es el del ex embajador Carlos Arturo Marulanda. En 1996 un grupo armado llegó a la hacienda de la familia de Marulanda, en el sur del Cesar, y desalojó violentamente a 50 campesinos que estaban allí. El fiscal de entonces, Alfonso Valdivieso, no encontró en las declaraciones de los campesinos nada que inculpara al ex ministro. No obstante, cinco años más tarde, los mismos campesinos volvieron a declarar ante el nuevo fiscal Gómez Méndez. En esta ocasión dijeron que los hombres que los habían sacado de las tierras les habían dicho que Marulanda los había contratado. En abril de 1999 la Fiscalía decidió meter preso a Marulanda, quien fue capturado en Madrid y luego de más de un año fue extraditado a Colombia. Ya en el país, la fiscalía de Luis Camilo Osorio llegó a la conclusión de que Marulanda no tenía nada que ver y lo declaró inocente.

Estos son ejemplos de que la justicia en Colombia tiene varias contradicciones. El Congreso ya aprobó una reforma que les quita a los fiscales el poder de detener a la gente y se lo da a los jueces. Este no es un remedio definitivo pero es un paso en el camino correcto. No obstante, la reforma que entrará en vigor en 2005 ya tiene críticos. Algunos dicen que el problema no está en las normas sino en quien las aplica. Que no importa qué diga la ley, si un funcionario judicial quiere torcerle el cuello, lo logra. Otros afirman que esta es una visión pesimista del asunto. Que es cierto que ha habido errores pero que son más los aciertos. Habrá que esperar para ver las bondades de la reforma. Pero mientras tanto se puede sacar una gran conclusión: que con tantas teorías y con tantas historias es perfectamente normal que los colombianos, que ni son abogados ni han tenido acceso a los expedientes, terminen llenos de dudas.