Pasión de gavilanes

La aprobación del Estatuto Antiterrorista ha levantado ampolla desde el día en que se presentó. Sin embargo el miércoles pasado el ambiente alrededor del proyecto se calentó aún más y provocó una pelea a puño limpio en el Capitolio.

Ese día estaba prevista la votación del estatuto en la plenaria de la Cámara. El gobierno había perdido el referendo, la reelección estaba hundida, la izquierda había ganado con Lucho en Bogotá. Si se hundía este proyecto la goleada al presidente Alvaro Uribe era 4-0.

Alonso Acosta, el presidente de la Cámara de Representantes, miraba preocupado el reloj porque había 68 votos a favor de discutir el proyecto y 40 en contra. Faltaban 16 para conseguir el quórum necesario para avanzar en la aprobación de la ley. Esta le otorgaría facultades excepcionales de policía judicial a los militares para casos de terrorismo durante los próximos cuatro años.

Pasados 15 minutos de haber votado su inclusión en la agenda del día las bancadas del Polo Democrático Independiente (PDI) y del Partido Liberal empezaron a presionar para que se cerrara la votación. Pero Acosta mantuvo abierta la votación mientras ingresaban al recinto otros representantes. Esto enfureció a los del Polo. Un asesor de Gustavo Petro comenzó a provocar a los uribistas, gritándoles, "van a perder, van a perder". Perdiendo los estribos, el representante conservador Alfonso Campo le pegó un puño. Y se armó la grande. La presidencia levantó la sesión en medio de los gritos de "bandidos, bandidos" de la bancada de oposición al gobierno.

El jueves, con los ánimos más calmados por la renuncia de Fernando Londoño y tras una intensa labor de cabildeo de la ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, se aprobó el proyecto por una mayoría de 104 votos contra 31.

Más allá de la vergonzosa escena, la trifulca pone en evidencia una vez más que el Estatuto Antiterrorista es el caballito de batalla de los antiuribistas y de los uribistas.

Los primeros consideran que otorgarles a los militares la facultad de detener personas, allanar domicilios e interceptar comunicaciones sin orden judicial no sólo viola tratados internacionales firmados por Colombia sino que podría conducir a serios abusos por parte de la Fuerza Pública. Invocan las épocas del estatuto de seguridad de Turbay Ayala y reviven los fantasmas de las caballerizas del Cantón Norte, donde militares torturaron a miembros del M-19 y otros militantes de izquierda.

La bancada uribista, en cambio, considera que los militares necesitan estas herramientas para ser más efectivos en la lucha contra el terrorismo. Y alegan que en todo caso el proyecto incluye suficientes controles para evitar los abusos. Está circunscrito a situaciones de terrorismo y sólo para aquellos sitios donde es muy difícil que llegue un funcionario de policía judicial por la grave situación del orden público. El debate sigue abierto.