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| 10/30/2011 12:00:00 AM

Pasito p'alante, pasito p'atrás

El gobierno Santos ha demostrado que no le importa echarse para atrás cuando lo necesita con tal de fortalecer el consenso y mantener el esquema de la Unidad Nacional. ¿Síntoma de debilidad o estrategia de concertación?

El proyecto turístico del Tayrona tuvo un final abrupto: "Está en un punto muerto", dijo el ministro del Medio Ambiente, Frank Pearl, y apagó un incendio que se había generado por declaraciones del presidente Juan Manuel Santos que sugerían simpatía hacia la iniciativa. Aunque el gobierno no se había comprometido con la idea ni había pasado de una etapa de análisis preliminar, quedó la sensación de que el mandatario ordenó un reversazo.

No es la primera vez. En los 15 meses que lleva la administración Santos, ha habido varios cambios en la posición oficial sobre temas de primer orden. Algunos consideran que proponer ideas y después dar marchas atrás es una característica del estilo político del presidente y que forma parte de una estrategia que consiste en hacer propuestas para entretener a la opinión pública o para que sirvan como globos de ensayo para conocer las reacciones hacia distintas alternativas y, a partir de allí, adoptar las decisiones finales. No faltan quienes ven en el talante pragmático del presidente Santos una tendencia a rectificar para evitar polémicas, no pisar callos y no poner en tela de juicio su alta popularidad. En la campaña electoral de 2010, en uno de los debates televisados, Juan Manuel Santos -entonces candidato de La U- expresó con toda claridad su pensamiento: "Solo los imbéciles no cambian de opinión cuando cambian las circunstancias", dijo.

Ha habido varios reversazos del actual gobierno. A finales del año pasado fue retirado del Plan de Desarrollo un artículo que ampliaba la edad de jubilación de los colombianos, después de la polémica que se desató y del rechazo que expresó, de forma pública, el vicepresidente Angelino Garzón. Otra 'patrasiada' famosa ocurrió en el mes de febrero, cuando el gremio de los camioneros realizó un paro amplio y prolongado para protestar contra el anuncio del ministro de Transporte, Germán Cardona, de eliminar la tabla de fletes que estaba vigente. Con el objeto de normalizar la situación de movilidad en las grandes ciudades, el gobierno retiró los decretos y anunció la apertura de un proceso de concertación con el sector.

El siguiente eslabón de la cadena surgió en los territorios del Ministerio de Educación: la ministra, María Fernanda Campo, puso a consideración de la comunidad académica un ambicioso proyecto para aumentar los ingresos de la educación superior con el fin de mejorar su cobertura y calidad. Los rectores de las principales universidades consideraron que la posibilidad de introducir programas con ánimo de lucro y los instrumentos incluidos para controlar el gasto de los fondos tenían connotaciones de privatización de la educación y de restricción a la autonomía universitaria. Al final, la ministra Campo aceptó retirar esos artículos y no formaron parte del texto que radicó en el Congreso. Lo más insólito es que a pesar de que el gobierno tomó en consideración las preocupaciones de varios rectores, esto no calmó los ánimos y los estudiantes están en paro para oponerse a la versión recortada del proyecto de ley.

En otro proyecto clave de la agenda de reformas -el de la justicia- se produjeron otros dos episodios. Uno tiene que ver con las propuestas que el gobierno había presentado en el texto inicial -supresión del Concejo de la Judicatura, modificación del régimen de tutelas sobre sentencias, cambios en los mecanismos de elección de altos dignatarios- y que fueron erradicadas, con el beneplácito del ministro Juan Carlos Esguerra, en la versión negociada por los senadores de la Comisión Primera. El otro fue la reforma del régimen sobre fuero militar: la modificación de un 'articulito' constitucional crucial fue incorporada en la reforma a la justicia, pero después, en medio de una agitada controversia, el ministro del Interior, Germán Vargas, declaró que sería retirada.

A pesar de lo anterior, no necesariamente hay un hilo conductor en la serie de reversazos. Hay explicaciones puntuales para los cambios de posición del gobierno en cada uno de estos aspectos. El del salario mínimo se podría considerar obligatorio, por la norma constitucional que obliga a mantener el poder adquisitivo. El del desmonte de los fletes fue un aplazamiento para apaciguar el paro, que al final se hizo de manera parcial. El de la justicia fue una concesión a cambio del apoyo para otros aspectos de la reforma. El del fuero militar es un cambio de escenario de discusión para hacerlo más viable. Y en la reforma a la educación las modificaciones se hicieron por decisión de la Mesa de Unidad, conformada por los jefes de los partidos que hacen parte de la coalición de gobierno. Estos cambios de posición pueden ser vistos por algunos sectores como un síntoma de debilidad, pero también como un estilo de gobierno al que le gusta la concertación.

De igual forma son un reflejo de la manera como opera la Unidad Nacional. Una coalición de partidos que convergen en el apoyo a los acuerdos que se negocian en la Mesa, pero que tienen puntos de vista diferentes. Santos es el heredero de Álvaro Uribe, un presidente muy popular pero muy polarizador. Y lo que quiere es dar la talla de su antecesor en materia de aprobación a su gestión, pero dentro de un ambiente de paz política. Eso significa que el actual presidente valora el consenso y, para alcanzarlo, está dispuesto a hacer concesiones. El de Santos es un gobierno de concertación y negociación permanente, con ganancias en algunos proyectos y derrotas en otros. Uribe era más un jugador que iba por todo o nada, y muchas veces, cuando tuvo que ceder, prefirió retirar los proyectos.

Santos es un pragmático de los que consideran que la política es el arte de lo posible, y se siente cómodo con la imagen del jugador de póquer que se utiliza con frecuencia para explicar su estilo político. La pregunta es si logrará de forma indefinida mantener dentro del redil a aliados con visiones tan distintas y hasta contradictorias, o si llegará el momento en que tenga que definir su posición en algunos temas a riesgo de perder aliados. Es un hecho que va a intentar conservar el esquema actual, el de la inclusión de todos, y que tratará de mantener a todo el mundo contento. Así, para lograrlo, tenga que ceder en ciertos temas, dar virajes o acudir a nuevos reversazos. El problema es que en política es imposible mantener por tanto tiempo en la misma línea a sectores tan disímiles.
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