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| 10/28/2006 12:00:00 AM

A paso de tortuga

Tras el anuncio de la Procuraduría de abrir investigación contra los militares del caso Jamundí, la Fiscalía encendió las alarmas para alertar que hay intereses en dilatar el juicio.

La masacre de Jamundí, en la que miembros de un pelotón del Ejército dieron muerte a 10 policías y un civil, sigue dando mucho de qué hablar. No es para menos. El jueves de la semana pasada, la Procuraduría abrió formalmente investigación contra 30 militares del Batallón de Alta Montaña porque "...estos servidores habrían incurrido en homicidio agravado", dice uno de los apartes del informe oficial.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los militares involucrados en los hechos, que ocurrieron el 22 de mayo de este año, han presentado versiones contradictorias para tratar de explicar su presencia en el lugar de la masacre. No menos grave es que, para la Procuraduría, es claro que los militares se dieron cuenta perfectamente de que se trataba de policías a quienes les estaban disparando. Uno de los principales acusados es el coronel retirado Bayron Carvajal, comandante del Batallón de Alta Montaña, quien es investigado, entre otras, por "empleo ilegal de la Fuerza Pública".

Pero si bien el anuncio público de la Procuraduría fue importante, no menos trascendental, y a la vez inquietante, es lo que ocurrió el pasado 20 de octubre. Ese día el fiscal general, Mario Iguarán, le envió una carta al presidente de la sala administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cali, Augusto Trujillo, en la que le manifestaba graves inquietudes sobre el caso de la masacre de Jamundí. "Quiero expresar mi más profunda preocupación por la dilación, aplazamiento y prórrogas otorgados a los pertinentes trámites que han conllevado a esperas inagotables", dice uno de los apartes de la comunicación.

En posteriores declaraciones públicas, el fiscal Iguarán dijo que "es evidente que los jueces encargados del caso le están haciendo juego a la estrategia de la defensa de los militares, que consiste en dilatar por todos los medios el comienzo del juicio, en busca, eventualmente, de que se venzan los términos de ley, lo cual posiblemente terminaría con la libertad de los miembros del Ejército involucrados en la masacre".

Para Iguarán, al igual que para la Procuraduría, resulta inexplicable que uno de los casos más graves, y del cual está pendiente la comunidad internacional, esté prácticamente congelado cuando los organismos investigativos tienen listas contundentes evidencias y pruebas que demostrarían la culpabilidad de los militares en la masacre. Más de 40 testigos, entre ellos 18 expertos en diferentes áreas como balística, topografía, medicina legal, etc., hacen parte de la artillería de la Fiscalía. Varios de los testigos con los que cuenta el ente investigador contarían cómo los militares ejecutaron con tiro de gracia a algunos de los policías. Se probaría también que por lo menos ocho de los policías fueron baleados por la espalda y no tuvieron oportunidad de reaccionar.

Aunque el próximo 7 de noviembre se hará una audiencia preparatoria, es claro que por estas dilaciones por cuenta de los jueces, el caso corre el riesgo de, incluso, quedar en la impunidad. Prueba de ello es que hace dos semanas fue asesinado uno de los testigos del caso. Sin duda un preocupante antecedente, mucho más cuando la comunidad internacional, y en especial Estados Unidos, considera a Jamundí un tema de primer orden. Así lo ratificó la delegación de alto nivel de Washington al gobierno y la Fiscalía en su visita la semana pasada.
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