La respuesta de la Unidad de Víctimas al regaño del Consejo de Estado

Hace unos días el Consejo de Estado hizo un fuerte llamado de atención a la directora de la Unidad de Víctimas, Paula Gaviria, por considerar que la funcionaria parecía interesada en evitar que ese organismo fuera notificado de algunas acciones judiciales que no eran favorables a la entidad que dirige. El organismo se defiende de esos señalamientos.

La funcionaria había sido sancionada por desacatar un fallo de tutela. En esa providencia el tribunal aprovechó para pedirles a Gaviria y sus colaboradores que no obstaculicen los trámites de notificación de ese tipo de decisiones. Mientras tanto, desde la entidad no se descarta que muchas de esas acciones judiciales estén asociadas a intentos de fraude.

Así lo dejó ver el director de Gestión Social y Humanitaria de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas (Uariv), Ramón Rodríguez. Aseguró que se han percatado de la existencia de personas que convencen a las víctimas de sumarse a acciones constitucionales a cambio de dinero. Personas como esa, dice, han sido responsables de acciones de tutelas masivas, toma de edificios públicos y en algunos casos hasta estafas.

“Desde la Unidad hemos hecho seguimientos a la forma de operar de estas personas y una vez se gana el fallo, estas personas son las encargadas de elevarlo a las altas cortes y de manera inmediata solicitan siempre el desacato. De no hacerse efectiva la ayuda a las víctimas incluidas en estas tuteles masivas, realizan tomas o vías de hecho en las instalaciones judiciales o de la Unidad para las Víctimas, con presencia de niños, adultos mayores o personas de especial protección”, aseguró.

Al interior de la entidad ha causado extrañeza el llamado de atención del Consejo de Estado. Consideran que no ha existido gestión más ambiciosa ni más exitosa en el mundo y por eso destacan el hecho de que en un solo cuatrienio hayan sido atendidas 580.000 víctimas, que han sido beneficiarias de la reparación administrativa que ofrece la Ley de Víctimas. Con todo, la terea plantea aún demasiados retos, pues más de 7’800.000 víctimas han sido inscritas en el registro único.

La magnitud de los deberes exige una estrategia. Y así trató de explicarlo directora de la entidad, Paula Gaviria. Señaló que la labor de la Unidad exige gradualidad y priorización. De ahí que la atención se deba concentrar inicialmente en los grupos más vulnerables, como son los ancianos y las víctimas de violencia sexual.

“(…) Se utiliza la acción de tutela para acceder de manera más rápida a los beneficios de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, cuando existen normativamente principios que se deben cumplir para responder a las solicitudes de las víctimas, sin perjuicio de los criterios de priorización previstos, y avalados constitucionalmente, según la Sentencia C-753 de 2013”, aseguró.

Cabe aclarar, sin embargo, que la decisión de la corporación judicial no cuestiona el cumplimiento de las metas misionales de la entidad. El Consejo de Estado se limitó a sancionar por desacato a la directora del organismo, debido a que no respondió un derecho de petición que le dirigió una presunta víctima de la violencia.

Por eso, el órgano jurisdiccional le impuso una multa de un salario mínimo y le hizo un llamado para corrija las situaciones que han impedido que la institución sea notificada de trámites relacionados con este y otros incidentes de desacato.