Lunes, 24 de noviembre de 2014

| 2012/06/16 00:00

Y la paz fue Ley: marco jurídico para la paz

El presidente Santos tiene, por fin, el marco constitucional que quería para la paz, pero, en su búsqueda, ha generado confusión y suspicacias.

El senador Roy Barreras celebró, el jueves 14, la aprobación del marco jurídico para la paz, el acto legislativo que impulsó durante meses en el Congreso. A la derecha, aparece durante la acalorada discusión que protagonizó ese día durante la plenaria del Senado, con el senador Juan Carlos Vélez, de La U, uno de los grandes opositores del proyecto.

El presidente Juan Manuel Santos está en un lío: quiere tanto la paz que reformó la Constitución para darle un marco legal, pero, entre un país cada día más escéptico sobre la seguridad y una guerrilla golpeada pero activa, necesita la guerra. Su discurso público, que va de prometer bala a decir a los generales que la paz es la victoria, tiene a muchos confundidos y a la oposición envalentonada. Y aprobar por anticipado un marco jurídico constitucional para negociar la paz, como hizo la semana pasada en el Congreso, no ha hecho sino atizar la polarización y el desconcierto.

El jueves 14, el gobierno consiguió lo que quería: pese a la cerrada oposición del uribismo más radical, el Senado aprobó por aplastante mayoría en octavo y último debate el llamado marco jurídico para la paz, el cual le da al presidente, en teoría, las herramientas para pactar un acuerdo negociado con la guerrilla en el futuro. La iniciativa ha dado pie a polémicas de fondo.

La justicia transicional, el reconocimiento del "conflicto armado interno" y el "tratamiento diferenciado" de los grupos armados y los agentes del Estado que hayan sido parte del conflicto se elevan a rango constitucional. El fiscal general podrá decidir a cuáles crímenes cometidos en el conflicto dar prioridad, y el presidente, pedir al Congreso una ley estatutaria que seleccione para ser investigados a los "máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática". Se podrá renunciar a perseguir judicialmente a los demás, y suspender la pena o dar penas alternativas. Estos beneficios cubren a quienes "se desmovilicen colectivamente en el marco de un acuerdo de paz", con la condición de que reconozcan su responsabilidad, contribuyan a la verdad y la reparación de las víctimas y entreguen a los secuestrados y a los niños que tengan reclutados.

Se creará una Comisión de la Verdad con la potestad de recomendar los criterios para la selección. La ley estatutaria deberá definir cuáles son los delitos conexos al delito político (es decir, los que no impiden la participación en política), aunque quedan excluidos "los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos de manera sistemática". Este marco jurídico no cubrirá "grupos armados al margen de la ley que no han sido parte del conflicto armado".

El proyecto consiguió unir a lo más radical del uribismo, empezando por el expresidente, con defensores de derechos humanos como José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch. Unos y otros critican al gobierno por abrir la puerta a la impunidad a autores de delitos atroces. Hasta en el lenguaje coincidieron. Vivanco declaró la reforma una "amnistía encubierta"; Uribe, en un comunicado, dijo que "en la práctica, equivale a amnistía o indulto". Coincidencias reveladoras de las inmensas dificultades que enfrentará el presidente Santos en caso de un proceso de paz.

Este nuevo marco jurídico tiene la virtud de que le libera constitucionalmente las manos al gobierno para maniobrar. Las altas cortes han venido cerrando el camino jurídico para una negociación, con sentencias como las que declararon delito de lesa humanidad el concierto para delinquir agravado o impidieron la aplicación del principio de oportunidad a los desmovilizados de las autodefensas. Sin embargo, la reforma deja inquietudes de fondo. La primera es la de su oportunidad. Aunque el gobierno sostiene que solo cuando haya perspectivas claras de una negociación presentará la ley estatutaria al Congreso, inscribir por adelantado en la Carta esta declaración de lo que el Estado está dispuesto a conceder no tiene precedentes en la resolución de conflictos en el mundo.

Y hay otras dudas. "No se le dará curul a Timochenko", dijo Roy Barreras, insistiendo en que habrá sanción penal para todos los grandes responsables de delitos graves. Pero la letra de la reforma deja la puerta abierta a que sean objeto de beneficios penales. Excluir de participación en política a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o genocidio no aclara a qué crímenes específicos se refiere, pues la primera de esas figuras no está tipificada en la legislación penal (sin contar con que la exclusión queda condicionada a que esos delitos se hayan cometido "de manera sistemática"). Y excluir de los beneficios a "grupos armados de la ley que no hayan sido parte en el conflicto armado interno", como reza el acto legislativo, no necesariamente exceptúa a los paramilitares ya desmovilizados ni, incluso, a las llamadas 'bandas criminales', pues hay quienes opinan que sí son parte del conflicto.

Estas son las grandes discusiones que ha revivido la reforma constitucional. ¿Castigar a todos los que hayan delinquido en el conflicto? ¿Perdonarlos a cambio de verdad y reparación a las víctimas? ¿Hasta dónde debe llegar el perdón y a quiénes concedérselo? ¿Incluir a militares involucrados en 'falsos positivos'? Estos dilemas generan reacciones opuestas y apasionadas en una sociedad en la que no hay palabra más estigmatizada que la que simboliza la blanca ave que, en los años de Álvaro Uribe, casi se volvió sinónimo de subversión.

Por eso, el presidente Santos está en un lío. Promover esta discusión en el Congreso en frío, sin ningún proceso de paz a la vista, podrá ser jurídicamente previsor, pero genera toda clase de suspicacias y sirve en bandeja un apetitoso plato a opositores que solo ven la guerra total como opción. A esto se añaden las constantes referencias públicas de Santos a la paz y a la eventualidad de una negociación. "La paz es la victoria", dijo hace poco a los militares. "Somos el único país que sigue en guerra de todo el continente", declaró en Tolemaida, al activar nuevas brigadas. Una insistencia que ha generado especulaciones y suspicacias sobre si habría comunicaciones o negociaciones bajo la mesa entre el gobierno y la guerrilla -algo que el alto gobierno niega rotundamente-.

Todo esto es dañino para una sola cosa: la paz misma. Si el único 'fin del fin' de medio siglo de conflicto armado en Colombia es un cierre negociado, como considera la mayoría de los expertos, el presidente está ante un dilema. Tiene, a la vez, la necesidad de tejer un discurso que ambiente el tema y haga pedagogía en favor de una solución política frente a una conciencia pública sobre la cual aún planea el fantasma del Caguán, y la de mantener la confianza de que la seguridad sigue mejorando. Parte del lío es que el debate de la paz tiene lugar en medio de un creciente pesimismo público a ese respecto. Por más que los datos oficiales digan lo contrario, la percepción de la gente es que la inseguridad empeora. Esto da aire a los críticos, mientras los mensajes que llegan de lo alto mezclando la necesidad de la paz con el llamado a los militares a dar "más plomo" y hablando de jefes de las Farc "chuleados", como ha hecho Santos por estos días, contribuyen a confundir, no a educar.

Si en verdad Juan Manuel Santos está convencido de que quiere pasar a la historia como quien puso fin a medio siglo de conflicto armado mediante una paz negociada, bien haría en revisar su discurso. Y asumir que, por más que ponga en la Constitución los presuntos mecanismos para conseguirla, la tortuosa realidad del conflicto tiene su propio ritmo. La paz no se hace por ley.

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