Viernes, 31 de octubre de 2014

| 2013/07/26 00:00

Paz: la ponencia que salvaría al Marco Jurídico

Semana.com conoció en exclusiva la ponencia del magistrado Jorge Pretelt: esa normativa no sustituye a la Constitución.

El presidente Juan Manuel Santos interviene en la audiencia pública sobre el Marco Jurídico para la Paz, realizada el 25 de julio en la Corte Constitucional. Foto: Cortesía SIG / Presidencia

Al intenso debate que se presentó el pasado jueves entre todos los sectores de la sociedad relacionados con la paz -con el presidente Santos a bordo-, se le sumó un apoyo de gran calibre, como lo es el de la Corte Constitucional. La ponencia del magistrado Jorge Pretelt, conocida en exclusiva por Semana.com, pide declarar ajustado a la ley el polémico Marco Jurídico para la Paz.


En el documento de 43 páginas se desvirtúa por parte del magistrado ponente, Jorge Pretelt, cada uno de los aspectos de la demanda de la Comisión Colombiana de Juristas que asegura que el Marco Jurídico para la Paz es contrario a la Constitución y que podría salir “peor el remedio que la enfermedad”


El jurista Gustavo Gallón pide que se declaren inconstitucionales las expresiones del Marco Jurídico para la Paz: “Máximos” (refiriéndose a que las víctimas sólo podrán acudir a la justicia por los máximos responsables, mas no para exigir la investigación y el juzgamiento de que quienes no tengan esta condición). “Cometidos de manera sistemática” (según los demandantes, esto puede implicar que no se castiguen todas las infracciones al DIH, sino sólo aquellas que hayan sido cometidas de manera sistemática).


Por último, la expresión “todos los” (referente a la renuncia condicionada a la persecución judicial por parte del Estado de los casos no seleccionados por la Fiscalía).


Para el magistrado Jorge Pretelt, “lo que consagra el Marco Jurídico para paz es que los crímenes que violen el DIH deben ser investigados y juzgados no de manera individual, sino a través de una estructura de macrocriminalidad, para evitar casos como el de Justicia y Paz” refutando el aspecto de la demanda “todos los”.


Para la Corte es claro el evidente fracaso de la Ley de Justicia y Paz, que a la fecha tiene únicamente cuatro sentencias condenatorias, luego de la desmovilización de 35.299 miembros de grupos paramilitares, por lo cual, según la ponencia, “serían necesarios 100 años para realizar la imputación de todos los denunciados, lo cual, en vez de garantizar la justicia, puede generar una impunidad generalizada”, precisa el documento.


En el análisis realizado por el magistrado se deja claro que “la justicia transicional (mecanismo de justicia alternativa, diferente a la cárcel) no desconoce en sí misma el pilar de garantía de los derechos humanos; por el contrario, es una forma especial de articulación de diversos mecanismos para proteger los derechos a la verdad, la justicia y rla eparación”, por lo que el aspecto “máximos” queda desvirtuado.


Según el documento, la Corte estima que si se sigue investigando caso por caso de violaciones al DIH, “se podría terminar en una situación generalizada de impunidad, pues en virtud de la cual, como todos deben ser castigados, nadie lo es".


Para el aspecto de la demanda “cometidos de manera sistemática”, el magistrado Jorge Pretelt asegura en su ponencia que el Marco Jurídico para la Paz no favorece la impunidad de los crímenes de guerra cometidos de manera sistemática, es decir, en el marco del conflicto armado, deberán ser sancionados y los que no sean cometidos en el conflicto armado no tendrán los beneficios del acto legislativo, por el contrario, serán juzgados por la justicia ordinaria.


Sin embargo, a pesar de la exequibilidad de la ponencia, para el magistrado Pretelt se tienen que tener en cuenta aspectos como: "Tiene que existir la terminación del conflicto armado como condición para la aplicación del Marco Jurídico para La Paz, igualmente se tienen que salvaguardar los derechos de las víctimas como mujeres y menores de edad víctimas del conflicto armado en Colombia", precisa la ponencia. 


Igualmente exige que se garantice la transparencia del proceso de selección y priorizacion, así como garantizar la debida diligencia en las investigaciones por DIH.


En conclusión, esta ponencia debe ser debatida por los nueve magistrados de la Corte Constitucional, quienes deberán definir si el Marco Jurídico para La Paz está o no ajustado a la ley.


Causa extrañeza que un denominado uribista como el magistrado Pretelt saque una ponencia en contra de las tesis del expresidente en las que señala que el proceso de paz es un fracaso. Al igual que el liberal magistrado Alberto Rojas Ríos tiene una marcada posición respecto a la ponencia.

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