PECADO DE PALABRA

DURANTE SU ADMINIStración, el presidente Julio César Turbay se inmortalizó negativamente con la frase "Hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones". Hoy, 15 años después, esta salida permanece como uno de los resbalones verbales más famosos de la historia contemporánea. Independientemente de si la corrupción puede ser eliminada en su totalidad o no, los presidentes en sus declaraciones públicas no pueden ser tan realistas. La meta de la corrupción para los inquilinos de la Casa de Nariño tiene que ser eliminarla y no reducirla "a sus justas proporciones".
Pues bien, algo similar sucedió en las últimas dos semanas con algunas declaraciones que estuvieron en boca de nada menos que los dos más altos jerarcas del gobierno: el presidente de la República, Ernesto Samper, y su ministro de Gobierno, Horacio Serpa. Samper Pizano, con motivo del atentado del ELN al oleoducto Caño Limón-Coveñas. dijo el martes de la semana pasada a varios periodistas lo siguiente: "La disposición del gobierno es hacer la paz en medio de la guerra, pero esperamos que así como el gobierno no bajará la guardia, también los grupos alzados en armas deberían disminuir la intensidad de sus ataques".
Este planteamiento, si bien es tan realista como el de Turbay, como declaración presidencial produjo el mismo impacto. Los presidentes en su fuero interno tienen todo el derecho a soñar con una disminución de las hostilidades de la subversión, pero en público tienen que condenarlas categóricamente, sobre todo cuando el estado de ánimo del país es de indignación por la voladura de un oleoducto que dejó una inmensa mancha de petróleo en el río Magdalena.
Pero si la lengua del presidente Samper dejó ver algo de resignación frente a la posición de la guerrilla, la de su ministro de Gobierno, Horacio Serpa, llegó a reflejar una gota de solidaridad. En su edición del 18 de enero, en el programa de televisión Expediente, Serpa se refirió así al madrinaje que existe entre la subversión y el narcotráfico: "A mí me preocupa mucho ver metida a la guerrilla en esto del narcotráfico porque eso desvirtúa muchísimo el sentido de la lucha guerrillera (...) Eso es terrible y los insurgentes de Colombia deben pensar muy seriamente en eso porque se pueden ofrecer tropiezos hacia el futuro de la reconciliación ".
Para un ministro de Gobierno no debería ser objeto de preocupación el hecho de que la guerrilla pierda su mística. Igualmente no es lógico que desde su posición les recomiende volver al fervor de antaño. Las declaraciones de Serpa dejan la impresión que, de la narco guerrilla, lo que a él lo mortifica es lo narco. Esto no corresponde con el sentimiento generalizado de la población colombiana, y particularmente con la de los habitantes de la zonas de violencia, quienes piensan que la presencia de la guerrilla, con o sin narco, es suficientemente preocupante.
Las anteriores declaraciones en el fondo son más anecdóticas que graves. Sin embargo dejan entrever ciertas contradicciones en las políticas oficiales. El propio presidente Samper fue enfático en reiteradas ocasiones al decir que el único funcionario autorizado para hablar de la política de paz era el alto comisionado, Carlos Holmes Trujillo. También afirmó que no dejaría que este tema se convirtiera en un espectáculo público, que es precisamente la impresión que están dejando todas estas declaraciones. Al respecto, un amplio conocedor de la realidad colombiana, César de Hart, presidente de la Sociedad de Agricultores Colombianos -SAC- dijo a SEMANA: "La situación de seguridad en el campo es delicada. El gobierno tiene que enfrentar la consecuencia política de la brutal realidad de la narcoguerrilla. Pronunciamientos oficiales como los de la semana pasada no son alentadores para los habitantes del campo en Colombia". -