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| 5/13/2006 12:00:00 AM

Pecados de guerra

Las escandalosas denuncias de ejecuciones realizadas por la IV Brigada de Antioquia desnudan problemas de fondo: incentivos perversos y falta de controles internos. Así no se puede ganar la guerra.

Las denuncias son graves. En los últimos 15 meses se habrían presentado en Antioquia cerca de 30 asesinatos de civiles, que fueron presentados como guerrilleros dados de baja en combates. Los hechos ocurrieron en Antioquia, e involucran a soldados de la IV Brigada, la guarnición militar que se considera el eslabón previo para que los generales asciendan a la comandancia general. Por allí pasaron los generales Harold Bedoya, Jorge Enrique Mora Rangel, Carlos Alberto Ospina y Mario Montoya, por nombrar sólo algunos.

Esta vez no se trata de denuncias de ONG. Fueron la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia, la Fiscalía, la Procuraduría y la ONU las que pusieron el dedo en la llaga. Ya no se trata de casos aislados, sino de una tendencia que dejó atónitos tanto al vicepresidente de la República, Francisco Santos, como al ministro de Defensa, Camilo Ospina. La preocupación en el alto gobierno es tanta, que se conformó una comisión de investigadores de alto nivel, cuyos avances se deben reportar cada semana y se debe dar a conocer un resultado final en la primera semana de julio.

Los episodios violentos son diversos y en todas las regiones del departamento. En marzo pasado, el Ejército informó que había dado de baja a ocho guerrilleros en Santa Rosa, Antioquia. Entre las víctimas estaba Rubén Darío Corrales, un hombre que, según su familia, salió de Barbosa en la mañana a hacer un trasteo y nunca volvió. En Urrao, una mujer y su hijo fueron sacados de su vivienda. Luego aparecieron muertos, y reportados como guerrilleros que estaban activando un campo minado. Dos ladrones, que habían sido capturados en varias ocasiones y salían libres por falta de pruebas, aparecieron muertos en Caldas, y fueron reportados como guerrilleros del ELN. Un muchacho mudo fue ejecutado en Buriticá, Antioquia, y presentado como guerrillero, según denunció la familia. Hay muchas más historias como estas (Ver recuadro).

Expertos en seguridad consultados por SEMANA atribuyen estos hechos a dos aspectos clave de la idiosincrasia militar: los premios y los castigos. ?

Los premios

Cuenta Stendhal en su novela La Cartuja de Parma que cuando Fabricio del Dongo llegó vestido de soldado a la batalla de Waterloo, encontró el campo de batalla sembrado de muertos. Pero no pudo saber si el Ejército francés había ganado o perdido la guerra. En Vietnam, aunque el Ejército de Estados Unidos mató tres veces a todo el Vietcong, tuvo que salir de allí derrotado. Así de engañoso puede resultar en una guerra el llamado body count o conteo de cuerpos: no siempre el número de bajas del enemigo es un indicador de éxito.

El body count es un indicador importante para saber la magnitud de un conflicto, y para conocer su dimensión como tragedia humana. Pero no se debería tomar como parámetro para premiar a los oficiales, para decidir el descanso o la permanencia de las tropas en un sitio, ni como criterio para otorgar distinciones. La mayoría de las guerras contrainsurgentes ha demostrado que las bajas no son un indicador fiable para saber si se va ganando o perdiendo una guerra. Por el contrario, se trata de una disputa por la legitimidad y, en particular, por el control territorial y por ganarse el apoyo de la población.

Por eso, tanto el Ministerio de Defensa como una parte importante de la oficialidad han intentando cambiar esta mentalidad, midiendo los avances en seguridad con indicadores como la reducción de homicidios o el aumento de la actividad económica en una región. Aunque parezca increíble, el mayor recaudo de impuestos, o la baja en la deserción escolar en un municipio pueden ser mejores indicadores sobre cómo va la guerra, que la muerte de guerrilleros. "Las bajas son una circunstancia que se puede presentar o no, pero no son un fin", dice el general Ospina, comandante de las Fuerzas Militares. Pero los casos recientes demuestran que el afán por las bajas sigue siendo el motor de muchos soldados y oficiales en el terreno. Y que, posiblemente, este afán los lleve a asesinar civiles que luego son presentados como insurgentes. Actos que perjudican a la propia institución militar, y la alejan de la población.

Los castigos

La otra cara de la moneda es la falta de control. Todos los casos que se están denunciando en Antioquia han sido objeto de investigaciones disciplinarias dentro del Ejército. Todas fueron cerradas por falta de mérito. ¿Por qué la tapadera? Primero, porque los investigadores son los superiores de quienes cometen el delito y ellos mismos tendrían que pagar las consecuencias de esos errores. En segundo lugar, porque para muchos de estos oficiales, el castigo desmoraliza a la tropa. Y, finalmente, por una falta de claridad sobre quién es el enemigo. Se suele poner en un mismo nivel al guerrillero que lleva un fusil al hombro, que al campesino que colabora con los insurgentes. ¿Es legítimo disparar contra este último como si fuera un combatiente? Este es uno de los dilemas que enfrentan los militares. En todo caso, en Colombia no hay pena de muerte. Si no hay combate, el camino es la captura, por dispendioso que le resulte el proceso a la Fuerza Pública. Así lo indica la más reciente directiva del Ministro de Defensa, que otorga una prima de hasta un año de salario adicional a los militares que capturen a cabecillas de la guerrilla.

La experiencia internacional también enseña que es importante construir reglas de enfrentamiento, algo que no ha sido posible en Colombia, por más esfuerzos que se han hecho. Se trata de establecer claramente cuándo está permitido disparar y cuándo no. En el Reino Unido, por ejemplo, para combatir al Ejército Republicano Irlandés (IRA), las Fuerzas Armadas construyeron unas reglas llamadas la yellow card, donde el criterio básico era: en caso de duda, no dispare.

El otro cuello de botella de estos casos denunciados es la Justicia Penal Militar. Muy pocas investigaciones han avanzado. SEMANA supo que las denuncias de la IV Brigada rebosaron la copa del alto gobierno frente al tema de la Justicia Penal Militar, y que se avecina un revolcón sin precedentes en este tema. La ineficiencia de este sistema ha llevado al gobierno, y al propio sector defensa, a pagar miles de millones de pesos en indemnizaciones, por casos que, quedando impunes acá, terminan en los tribunales internacionales. La impunidad se ha convertido en una vena rota para el fisco y en un talón de Aquiles para un Estado que busca ser cada vez más legítimo, en medio de la guerra.

"No se puede violar la ley para cumplir la ley" dice el ministro de Defensa, Camilo Ospina. Las posibles ejecuciones cometidas por soldados de la IV Brigada requieren sanciones ejemplares. Sólo así se empezará a cambiar una idiosincrasia donde los incentivos perversos y la tolerancia con los desmanes están haciendo pasar una gran vergüenza a las Fuerzas Armadas.
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