Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2008/12/13 00:00

Pecados mortales

Con los 'falsos positivos', el país se estremeció al ver hasta dónde se podía degradar la guerra. El Ejército tiene que demostrar ahora que también puede ganar la batalla de la legitimidad.

Las madres de los jóvenes desaparecidos de Soacha descubrieron que en Ocaña sus hijos habían sido reportados como muertos en combate y sepultados en fosas comunes

"Siento vergüenza por esta situación. Pido perdón a las víctimas y prometo que ninguna de estas acciones quedará en la impunidad". Con esta afirmación, hecha en Ginebra (Suiza) por el vicepresidente Francisco Santos, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el gobierno colombiano reconoció la responsabilidad del Estado en crímenes de civiles ejecutados por el Ejército. Este pronunciamiento, en diciembre, sintetiza la conmoción que produjeron en Colombia los 'falsos positivos' que se destaparon en un año como este, en el que, paradójicamente, la fuerza pública saboreó los más extraordinarios triunfos militares de su historia.

Desde hacía cuatro años, organismos internacionales habían advertido sobre el impresionante aumento de denuncias de campesinos y familias de barrios populares de las capitales que aseguraban que sus hijos, que no eran ni guerrilleros ni de las bandas emergentes, aparecían muertos y presentados como tales por Fuerza Pública. El gobierno, sin embargo, había optado por esperar la actuación de la justicia, tratando cada caso de manera aislada, mientras en el Ministerio de Defensa se producían directrices sobre la obligatoriedad de respetar los derechos humanos. Sin embargo, la paciencia se acabó en octubre y el gobierno dio un mensaje contundente al destituir de manera fulminante a 27 militares, tres de ellos generales considerados hasta ese momento verdaderos mariscales de campo.

El detonante para el remezón fue el estremecedor caso de 11 jóvenes que desaparecieron de las goteras de Bogotá y terminaron, de un día para otro, en una fosa común en Ocaña luego de que el Ejército los reportó como muertos en combate. Una investigación interna del Ministerio de Defensa arrojó evidencia de que se trató de un crimen planificado por militares de bajo rango con el objetivo de presentar falsos resultados operacionales a cambio de vacaciones y ascensos, crímenes que de manera negligente no detectaron sus superiores. La crisis arrastró incluso al comandante del Ejército, Mario Montoya, quien renunció después de ser señalado por muchos sectores como quien presionaba a sus hombres por incrementar el número de bajas.

La noticia conmovió al país. La idea de que soldados, que tienen como misión defender la patria y la democracia, estaban utilizando muchachos que nada tienen que ver con la guerra para ganar créditos, mostraba un punto de degradación preocupante. Por eso, el mensaje del histórico remezón es uno y claro: sólo hay una forma de ganar la guerra y es a través de la legitimidad.

Si bien las Fuerzas Armadas dieron un salto de calidad en el combate contra las Farc, estas ejecuciones extrajudiciales se han convertido en un verdadero talón de Aquiles para entrar en lo que el gobierno denomina la fase de consolidación. Especialmente, porque son tantos, que parecieran un fenómeno sistemático que requiere un análisis detenido sobre qué tan arraigado está en las guarniciones militares. La Fiscalía investiga 657 casos que involucran a 688 militares, de ellos han sido condenados 43 y hay otros 12 casos en juicio. Por su parte, la Procuraduría está investigando por presuntas ejecuciones extrajudiciales a 2.742 miembros del Ejército, una tercera parte de ellos por hechos ocurridos en 2007.

El lunar de los derechos humanos no es pequeño ni nuevo. Episodios como el de San José de Apartadó, donde militares participaron en la masacre de dos familias, con sus bebés incluidos, o la masacre de Jamundí, donde varios soldados aniquilaron una patrulla de la Policía para beneficiar a un narcotraficante, han dejado al desnudo la profundidad del problema.

El mensaje del gobierno de castigar a los criminales con el escarnio público se suma al que este año ha dado la justicia, que ha removido entre las cenizas del olvido las peores violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, como las desapariciones del Palacio de Justicia -por las que ya hay detenidos dos generales y un coronel- y los presuntos vínculos de uniformados con los grupos paramilitares, como es el caso del general Rito Alejo del Río.

A pesar de la contundencia de estos mensajes, todavía hay un largo camino por recorrer en materia de derechos humanos. En las guerras, así se defiendan buenas causas, el riesgo de caer en la degradación se corre todos los días. Y aunque sea doloroso para las Fuerzas Armadas reconocer sus errores, tendrán que transitar ese camino, si quieren no sólo ganar la guerra, sino fortalecer la democracia.
 

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