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| 6/11/2016 12:00:00 AM

Habla Pedro Gómez

Frente a diversas informaciones sobre la acción de la Superintendencia de sociedades sobre Pedro Gómez y Cía., el empresario aclara el alcance de esa medida y cuál es la situación de su empresa en la actualidad.

SEMANA: A usted le ha tocado una semana dura. En diversos medios de comunicación han aparecido informaciones según las cuales usted puede estar enfrentando una crisis financiera comparable a la que su grupo vivió en 1999.

PEDRO GÓMEZ: Las dos situaciones no pueden ser más diferentes. El problema en el 99 fue la profunda recesión económica mundial, en la cual Colombia tuvo por primera vez un crecimiento negativo del PIB del 5 por ciento. Ahora lo que hay es un problema de liquidez transitorio en un país con un crecimiento aceptable. Las causas de los problemas son totalmente diferentes y la gravedad no es comparable.

SEMANA: ¿Cuáles son las causas en esta ocasión?

P.G.: La parálisis simultánea de nuestros tres proyectos mayores, por determinaciones oficiales, ilegales e injustas. En el mundo de los grandes centros comerciales o de los conjuntos residenciales en que Pedro Gómez y Cía. está comprometido, las implicaciones de parar una obra ya iniciada son enormes. No solo las inversiones son muy cuantiosas, sino que además del lucro cesante tiene uno el problema del crédito financiero.

SEMANA: ¿En cuáles tres proyectos le trancaron la obra?

P.G.: Voy a explicarles uno por uno: la más importante por su magnitud, pero especialmente por lo absurdo del procedimiento, fue Serranía de los Nogales, un conjunto residencial de estrato seis en el norte de Bogotá. Absurdo porque desde el principio tuvimos una licencia de construcción legítimamente obtenida y que nunca ha perdido su vigencia.

SEMANA: ¿Cuál fue el problema?

P.G.: Una tutela interpuesta por un vecino llevó a que la obra se paralizara por cuatro meses, que es lo que autoriza la ley. Hasta ahí no habría problema. Pero transcurrieron los cuatro meses sin que el demandante interpusiera la acción contenciosa para que los jueces tomaran una decisión de fondo. Como si fuera poco, esa persona informó explícitamente al juzgado que no interpondría ninguna acción, con lo cual ha debido levantarse la medida cautelar que había paralizado el proyecto. La ausencia de esa decisión lo dejó en un limbo durante tres años.

SEMANA: ¿Y cómo va ese proyecto ahora?

P.G.: La Corte Constitucional resolvió que el proceso había terminado, por lo cual se puede reiniciar la obra. Pero como ustedes se imaginarán, el costo del retraso ha sido enorme. Inversiones cuantiosísimas quedaron en el aire durante tres años en un proyecto en el que los apartamentos ya habían sido vendidos. Sin embargo, esperamos entregar el conjunto terminado a finales de 2017.

SEMANA: ¿Y cuáles fueron los otros dos casos que lo llevaron a su actual situación de iliquidez?

P.G.: Uno de ellos es el más importante proyecto urbanístico de Bogotá, La Felicidad, que estábamos desarrollando en el centro de la ciudad para construir 17.000 apartamentos. Nos congelaron cuando habíamos construido solamente el 25 por ciento.

SEMANA: ¿Y por qué?

P.G.: Porque para ese proyecto teníamos obligaciones, no solo nosotros sino también el Distrito. Nosotros cumplimos y el Distrito no. Sin el cumplimiento de los compromisos de la otra parte no podíamos seguir solos. Cuando les preguntábamos qué pasaba nos contestaban que tenían un problema de recursos. En esas circunstancias nos tocó pedir nuevas licencias, y nos las concedieron siempre y cuando asumiéramos las obligaciones que antes tenía el Distrito. Por lo tanto no solo tuvimos el lucro cesante de la parálisis, sino el aumento en costos en la nueva etapa. Afortunadamente eso hoy también está en vía de solución. Pero ustedes entenderán lo que es enfrentar este problema simultáneamente con el anterior.

SEMANA: ¿Y cuál es el tercer caso?

P.G.: Tenemos un proyecto en Chía con una resolución que autoriza construir hasta 1.054 casas. El señor alcalde nos lo paralizó cuando íbamos en la casa 340. La obra estuvo parada durante dos años y medio. Finalmente, en el último mes de su gobierno, el alcalde reconoció nuestro derecho a construir la totalidad del proyecto, de lo cual se dejó constancia en un acta de conciliación. Ya estamos desarrollando las distintas etapas.

SEMANA: ¿Entonces cuál es su situación actual frente a la Superintendencia de Sociedades?

P.G.: Ante todo quiero aclarar que la iliquidez que estoy atravesando, y que he reconocido en todo momento, no implicó jamás que dejáramos de atender el pago de capital y de intereses de todos los bancos. Lo que sucedió es que la superintendencia ordenó aclarar y precisar datos contables y administrativos que no teníamos al día en ese momento. Ese es el único motivo de la resolución de la semana pasada y Pedro Gómez y Cía. ofreció hacer todas las aclaraciones pertinentes en tres meses.

SEMANA: Pero las noticias de prensa dejan la impresión de que era una especie de intervención en que actividades como la venta y las hipotecas de activos requerirían la autorización del superintendente.

P.G.: La resolución dice expresamente que la compañía puede continuar operando en todas las actividades propias de su objeto social. Y al final de la semana, ante el malentendido que se había creado, la súper hizo una aclaración, en comunicado especial, reiterando que la empresa no está intervenida y que puede continuar funcionando normalmente. Estamos trabajando en todo el país en varios centros comerciales y en muchos proyectos de vivienda. Todos esos proyectos están desarrollándose de acuerdo con los programas preestablecidos.

SEMANA: Usted dio unas explicaciones sobre lo que llevó a su problema de iliquidez. ¿Cómo se está solucionando?

P.G.: Diferenciamos los créditos y demás operaciones con los bancos de las obligaciones con proveedores y contratistas. Lo primero está prácticamente solucionado por un acuerdo al cual se llegó esta semana, de tal manera que vamos a pagar la totalidad de las obligaciones bancarias, y creo que antes de un mes. En cuanto a los proveedores y los otros, ya hemos cancelado más de 25.000 millones de pesos, de manera que los saldos son mucho menores, y se cancelarán en la medida en que se aclaren las liquidaciones de los contratos.

SEMANA: ¿Entonces usted espera que en tres meses la situación de la empresa vuelva a su total normalidad?

P.G.: Sí, esperamos que en tres meses la superintendencia levante la medida cautelar provisoria, porque esperamos hacer todas las aclaraciones pertinentes en ese plazo. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a los bancos, cuya colaboración fue clave para superar esta crisis. Gracias a su apoyo se van a poder terminar los millones de metros cuadrados de construcción todos nuestros proyectos, incluidos los que tuvimos parados y que hoy afortunadamente están en marcha.

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