Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1989/12/04 00:00

Pelea de novios

Final feliz de disputa entre liberales y alvaristas permite probación de la reforma constitucional en el Senado.

Pelea de novios

No hay nada tan frágil como un romance y más si este se da en política. Es por esto que el retiro intempestivo de los conservadores de la Comisión Primera del Senado, cuando se le estaban dando los toques finales a la aprobación de la reforma constitucional la semana pasada pudo resultar sorprendente, pero no imprevisible. Después de un largo noviazgo lleno de tropiezos y una corta pero fructífera luna de miel que permitió aprobar la casi totalidad de la reforma, los conservadores alvaristas decidieron unirse a sus copartidarios, pero por ahora contradictores políticos, los pastranistas, y protagonizar un acto conjunto de rebelión en contra de lo que calificaron como una actitud impositiva de la bancada del partido de gobierno.
Aunque el Florero de Llorente fue la discusión sobre si el referendo debía ponerse a consideración de los votantes como una unidad indivisible, tal y como lo proponía el Partido Liberal, o si, por el contrario, podría dividirse en temas -como lo sugerían los conservadores-, lo cierto es que las condiciones para la insurrección conservadora se habían estado gestando desde horas antes. Si bien desde un comienzo los pastranistas habían hecho tolda aparte y habían dejado en claro que no apoyarían incondicionalmente una reforma que consideraban sectaria, no sucedía lo mismo con los alvaristas. El martes por la mañana, después de una reunión en el apartamento de Alvaro Gómez, a la que asistieron el ponente de la reforma, Federico Estrada Vélez, el presidente de la Comisión Primera, Zamir Silva y los senadores Hugo Escobar Sierra y Rodrigo Marín Bernal, liberales y alvaristas habían llegado al acuerdo de no dejar en manos de una comisión parlamentaria la decisión sobre los temas del referendo, cuyo contenido -en concepto de Alvaro Gómez- era necesario definir de una vez dentro del texto de la reforma. Pero, además, los miembros de uno y otro sector habían logrado un consenso sobre los puntos que debía incluir la consulta: circunscripción especial, voto obligatorio, vicepresidencia de la República, la refrendación del acto legislativo y la creación de las provincias y los departamentos especiales.
Con el temario acordado, el trabajo de la Comisión no debía sufrir mayores tropiezos. Y así fue hasta la sesión del jueves pasado. En dos días -martes y miércoles- la comisión logró completar la aprobación de los 84 artículos del proyecto de acto legislativo, incluído el desmonte de la paridad en la justicia y el referendo y la asamblea nacional constituyente como nuevos procedimientos para reformar la Constitución. Para el jueves quedaba pendiente únicamente la aprobación del parágrafo transitorio dentro del cual se especificaban los términos en los cuales se llevaría a cabo el próximo referendo, convocado para el 21 de enero del año entrante.
Los primeros síntomas de malestar respecto a la forma como el liberalismo pretendía lograr la aprobación de los temas incluídos dentro del referendo empezaron a surgir el mismo martes, pocas horas después de la reunión en la casa de Alvaro Gómez.
Aunque el gobierno había sido claro en manifestar que dentro del pacto con el M-19 se incluía la aprobación de una circunscripción especial que le permitiría a este grupo guerrillero acceder al Congreso en condiciones más favorables que las exigidas normalmente a los partidos políticos (ver recuadro), lo cierto es que muy pocos parlamentarios habían tenido hasta entonces la oportunidad de contabilizar en términos de curules el costo político de la paz con el M-19. Si bien es cierto que algunos medios de comunicación ya habían presentado sus propias cuentas, los términos del acuerdo formal entre el gobierno y el M-19 no se dieron a conocer oficialmente ante el Congreso hasta el martes en la mañana.
Acuerdo en mano, los parlamentarios de todas las tendencias empezaron a hacer cábalas según sus propias conveniencias. Y ahí fue Troya. Para los liberales era un hecho que había que respaldar el acuerdo firmado por el gobierno. Pero aun así, muchos -incluído el propio ponente de la reforma, Federico Estrada- pensaban que el gobierno había sido demasiado generoso con los guerrilleros. Es por esto que el mismo Estrada le había asegurado a los alvaristas en la reunión con Gómez, que insistiría en que se estableciera un número fijo de curules para el M-19, el cual estimaron conveniente en dos senadores y cuatro representantes.
Si dentro de los liberales había incertidumbre, del lado conservador las escandalosas cifras publicadas por algunos periódicos, donde se aseguraba que con 100 mil votos el M-19 obtendría 8 senadores, causaron revuelo total. Para el pastranista Héctor Polanía, aprobar un acuerdo semejante era abrir la puerta para que los del M-19 -quienes, según él, han seguido boleteando y secuestrando en el Huila- obtuvieran sin mayores dificultades siete sillas en el Congreso y, mediante el mismo procedimiento, las FARC consiguieran otras 15, el EPL 3 y el ELN 3 más. El argumento de los alvaristas -encabezados por Hugo Escobar Sierra- era que tal y como estaba pactada la circunscripción especial, esta lesionaba la democracia colombiana al desconocer la representación proporcional de los partidos. Para la Unión Patriótica -aunque ausente de la discusión en la Comisión- las objeciones tenían ante todo un carácter comparativo. Algunos de sus miembros veían como algo injusto el hecho de que al M-19 le fueran otorgadas condiciones mucho más favorables que las que ellos mismos obtuvieron en 1986, cuando sin circunscripción especial lograron 14 curules. Sin embargo, un cálculo más detenido permite establecer que el escándalo pudo haber sido excesivo. Lo cierto (ver cuadros) es que con 100 mil votos el M-19 obtendría 5 senadores y 8 ó 9 representantes.
Con los ánimos ya caldeados por lo que algunos calificaban como "el gato encerrado" del gobierno respecto al alcance de la circunscripción especial para el M-19, transcurrieron las primeras horas de la sesión del jueves. Aunque la tensión era evidente, sólo empezó a tornarse crítica cuando -sin advertencia previa a los alvaristas- los liberales decidieron incluír y aprobar dentro del referendo la elección de vicepresidente. Para los seguidores de Alvaro resultaba inaudito que después de los acuerdos realizados el martes, el partido de gobierno estuviera tomando nuevas decisiones pactadas en los corrillos, sin conocimiento ni consentimiento de los que se suponían sus aliados políticos.
Es por esto que -cuando llegó el momento de discutir la indivisibilidad del referendo y los senadores liberales se opusieron inmediatamente a la propuesta conservadora- la bancada entera entró en santa ira y decidió abandonar el recinto en señal de protesta. El hecho ocasionó la reacción inmediata de los parlamentarios del partido de gobierno, quienes estando ad-portas no sólo de culminar la aprobación de la reforma en la Comisión Primera, sino además de firmar el Pacto Político con el M-19 (cuya ceremonia estaba programada para esa tarde), no podían darse el lujo de dejar naufragar el proyecto. Es así como en un acto increíble de disciplina, los miembros liberales de la Comisión Primera lograron la aprobación del proyecto con los 11 votos de su bancada.
Según el ministro de Gobierno, Carlos Lemos Simmonds, el incidente no es más que "cosas de la democracia". Para el ponente de la reforma se trata de una simple "pelea de novios" y para los conservadores alvaristas una forma de dejar en claro que dentro de los acuerdos no están dispuestos a dejarse meter "gato por liebre".
A pesar de que en un momento dado las cosas parecieron tornarse "color de hormiga", para la reforma lo cierto es que el incidente no pasará a mayores. Un par de horas después de la agitada sesión, la vicepresidencia de la Comisión Primera del Senado volvió a servir de escenario para la reconciliación entre gobierno, liberales y alvaristas, quienes -como en cualquier romance- olvidaron los rencores y volvieron a jurarse amor eterno... hasta que otro incidente los separe.

PACTO CON EL M-19: CAJA DE SORPRESAS
Las sorpresas del jueves en la noche no se limitaron al contenido de la Reforma Constitucional que la semana pasada aprobó la Comisión Primera del Senado. La liebre también saltó por el lado de las negociaciones entre el gobierno y el M-19, un proceso que ha venido marchando en forma paralela a la reforma y que promete ser el primero en el cual, después de 7 años de intentos fallidos, se logra la desmovilización de una agrupación guerrillera.
Y hubo sorpresa porque se dio a conocer el contenido completo del pacto de paz, que resultó yendo mucho más allá de la aprobación de la circunscripción nacional especial. Lo cierto es que en el documento de unas 16 páginas que se reveló el jueves, hay más, mucho más que la circunscripción especial, y mucho más de lo que la opinión pública creía.
En un detallado capítulo se definen algunos aspectos socioeconómicos, entre ellos los siguientes:
- Planeación participativa, para que la comunidad intervenga en los planes de desarrollo e inversión de las regiones. Esto de hecho ya se ha venido dando en lo referente al Plan Nacional de Rehabilitación, con resultados desiguales
- Aplicación de una política de ingresos y salarios que no necesariamente concuerda con lo que ha venido siendo la política económica y monetaria de los ultimos gobiernos, ni con lo que se espera siga siendo la del próximo, en momentos en que las fórmulas populistas de alzas salariales por encima de la inflación han hecho crisis repetidamente en Latinoamérica y otras regiones del mundo.
- Políticas laborales que garanticen la participación de los trabajadores en la gestión así como en las utilidades de las empresas, algo que si bien recuerda una propuesta del presidente Virgilio Barco, puede tener implicaciones difíciles de manejar, sobre todo si se tiene en cuenta que todo el mundo está hablando de atraer inversionistas extranjeros y de privatizar ciertos sectores de la economía.
Pero nada de lo anterior puede ser tan polémico como la introducción en el texto del acuerdo de un compromiso del gobierno de crear una comisión para estudiar, con plena autonomía, la cuestión del narcotráfico. Esa comisión, que es de carácter no gubernamental, podrá incluso, si sus miembros lo consideran pertinente, dialogar con los narcotraficantes.
Aunque nada de lo que haga o diga esa comisión comprometerá al gobierno, no deja de resultar por lo menos curioso que el mismo gobierno que rechaza el diálogo le dé patente de corso a un grupo de investigadores -como se define en el acuerdo a los comisionados- para que hablen con los narcotraficantes.
El debate sobre algunos de estos puntos apenas comenzaba al terminar la semana, y seguramente habrá mucha tela que cortar en los próximos días. Pero no hay que olvidar que el texto del acuerdo es, entre otras cosas, el resultado de las conversaciones en las famosas mesas de trabajo, en las que intervino no sólo el gobierno sino los partidos políticos. Como le dijo a SEMANA un congresista que fue testigo de la firma del acuerdo, "todo sea por la paz".
Algo similar a lo que debían estar pensando el ex presidente Julio César Turbay y sus otrora archienemigos ex guerrilleros del M-19, sentados todos a la misma mesa en la noche del jueves.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.