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| 1/28/2015 8:00:00 AM

La pelea por la millonaria pensión de Silvia Gette

La juez 15 laboral de Barranquilla le rebajó la pensión de jubilación de 98 a 72 millones de pesos. Los abogados de UniAutónoma apelan y dicen que viola el tope legal.

El juzgado 15 Laboral del Circuito de Barranquilla redujo la pensión que Silvia Gette Ponce recibía por concepto de jubilación de su esposo, Mario Ceballos Araújo, fallecido en octubre del 2003, de 98 a 72 millones de pesos. La decisión fue apelada por los abogados de la Autónoma y quedará en suspenso a la espera de un pronunciamiento de la sala laboral del Tribunal Superior de Barranquilla.

La demanda fue presentada por la Universidad Autónoma del Caribe (UAC) contra la exrectora de esa institución educativa Silvia Gette Ponce, por haberse autoreajustado en beneficio propio el monto total de la pensión que percibía su esposo, Mario Ceballos Araújo en el momento de su muerte, en octubre del 2003, hasta el año 2013, cuando Silvia Gette fue separada del cargo como rectora.

Aunque Ceballos tenía derecho a la pensión y eso no lo discute la UAC, en lo que no está de acuerdo la institución educativa es en la cantidad devengada por ese concepto, pues no lo paga un fondo de pensión sino la misma universidad.

El  19 de febrero del 2014 el rector de la UAC, Ramsés Vargas Lamadrid, considerando que la señora Gette violó la ley al exceder el tope legal y constitucional de 25 salarios mínimos, otorgó poder a los abogados Daniel Largacha y Jairo Beltrán para que reclamaran la restitución de los excedentes pagados de manera indebida –en criterio de la Universidad- durante la última década, entre el 2003 y el 2013, años en los cuales Silvia Gette ejerció como rectora tras la muerte de su esposo.

En el momento de su muerte, en octubre del 2003, Mario Ceballos percibía de la UAC una pensión de 40 millones de pesos y durante una década, su viuda, quien asumió el cargo de rectora, se autorizó incrementos hasta llegar en el 2013 a la cifra de 98 millones de pesos.

La demanda presentada contra la exrectora tiene como base el hecho de que la señora Gette se hizo incrementos en salarios y pensiones superiores a lo permitido por la ley sin autorización del Consejo Superior y la Sala General de gobierno de la UAC y obtuvo provecho económico, lo que afecta el patrimonio de la UAC.

El abogado que representa a la Universidad, Jairo Beltrán, comprobó con la información que recopiló para sustentar la demanda que las decisiones relativas a las decisiones laborales sobre los derechos de la señora Gette se hacían a puerta cerrada y durante los 10 años que ejerció como rectora, sólo existe un acta en donde el Consejo Superior autorizó un incremento del 14 %.

El juzgado 15 laboral debió fallar este proceso el pasado mes de octubre, pero tres  audiencias programadas fueron aplazadas por incapacidad laboral de la juez Olga Sobrino Rodríguez. Ayer 25 de enero las partes expusieron sus pruebas y la juez, según pudo conocer Semana.com, estuvo durante el día de hoy sacando cuentas. El abogado Jairo Beltrán, en representación de la UAC, dice que ‘es un fallo sacado del sombrero de un mago porque la juez no explicó la fórmula mediante la cual redujo de 98 a 72 millones de pesos la pensión’.

Por estos mismos hechos, la UAC denunció penalmente a la exrectora  por el presunto delito de hurto, agravado por la confianza, al modificar de ‘manera abusiva y unilateral los incrementos de pensión de sobreviviente’, según consta en la denuncia radicada por el abogado Daniel Largacha en la fiscalía 15 del circuito de Barranquilla.

Además de la pensión que la exrectora percibía de la Universidad por concepto de la jubilación de su esposo, muerto en octubre del 2003, también recibe otra pensión de la rama judicial de siete millones de pesos, pues el rector Ceballos Araújo fue durante 25 años magistrado del Tribunal Contencioso del Atlántico. Adicionalmente, la exrectora Gette había fijado a favor de cada uno de sus hijos menores una subvención de 10 millones de pesos.

Como consecuencia del fallo, la señora Gette debe devolver a la universidad mil millones de pesos por concepto de excedentes pagados durante una década.

Pero como la universidad le está pagando desde el 2013 el tope legal de 25 salarios, que en el 2014 era de 15.000.000, la universidad debería reintegrarle 668 millones; al cruzar las dos cifras, la exrectora debe pagarle a la universidad la suma de 334 millones de pesos, muy por debajo de las pretensiones del claustro.

Silvia se encuentra tras las rejas acusada de presunta extorsión y por haber sacado de las arcas de esa universidad cerca de 2.000 millones de pesos que habría puesto en sus cuentas en paraísos fiscales.
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