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| 1/29/2017 12:00:00 AM

¿Se necesita un muerto para tomar medidas ante los choques entre Uber y los taxistas?

Un carro quemado, vidrios rotos y agresiones a los usuarios. La escalada de violencia entre los conductores de la aplicación y los amarillos tiene convulsionado el orden social en las calles. Muchos temen que la situación se ponga peor.

Amarillos versus blancos. Taxis versus Uber. Mes a mes surgen nuevos enfrentamientos, pero el más inquietante sucedió la semana pasada en La Conejera, en el noroccidente de la capital. Al parecer, un grupo de taxistas incineró un Volkswagen blanco que presuntamente operaba con la plataforma digital Uber X. Según las autoridades, el propietario todavía no ha puesto la denuncia -dicen que hacerlo seguramente le costaría la indemnización del seguro-, por lo cual a pesar de que la Policía identificó a los agresores no los puede capturar. Es un hecho que la ‘guerra de los colores’ convulsionó las calles de Bogotá, pero pocos esperaban que tomara dimensiones nacionales.

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El domingo pasado un grupo de taxis rodeó al concejal de Turbaco Aníbal Moreno cuando recogía a unos familiares en el aeropuerto de Cartagena al confundirlo con un carro de Uber. Le gritaron que les había robado la carrera y que lo iban a llevar a un CAI. “Al final pude demostrarles que eran mi hermana y mi cuñado, pero me parece terrible que detengan vehículos y pidan documentación como si fueran la autoridad”, criticó Moreno. En Pereira, por su lado, unos ‘amarillos’ lanzaron una estrategia de ‘cacería’ contra Uber llamada “la mano peluda”. En respuesta a la persecución, unos conductores de Uber X decidieron enfrentar a los taxistas el martes para reiterarles que ellos también tienen derecho al trabajo. La tensión se ha sentido en Manizales, Ibagué, Cúcuta y Bucaramanga. En Barranquilla la Secretaría de Movilidad fue incluso más allá y prometió penalizar no solo a los conductores sino a los usuarios, con multas de hasta 114.000 pesos.

El asunto se ha vuelto tan complicado que hace unos meses comenzó a moverse en las redes sociales un panfleto que llama a los bogotanos a ayudar a detener a Uber. Asegura que por el primer carro ‘entregado’ se pagarán 50.000 pesos y “del segundo en adelante 100.000 pesos”. Lo más grave es que el celular que aparece en el panfleto es el número personal de uno de los líderes del gremio de taxistas de la capital. SEMANA lo contactó y contó que “ya interpuse la denuncia penal y están tras la pista del autor intelectual. Me generó un problema de seguridad gravísimo: hasta amenazaron con ‘llenar de ácido’ a mi hija. Estoy muy preocupado”. Según le dijo la Dirección de Policía de Tránsito a esta revista, los agentes de inteligencia “hicieron las verificaciones y determinaron la falsedad del contenido. Hemos conocido además audios de WhatsApp y otros mensajes masivos que buscan generar zozobra en la ciudadanía”.

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Desde que llegó a Colombia hace tres años, el debate sobre Uber ha sido intenso. No solo por la dificultad de regular una aplicación tecnológica -que no existía cuando se creó la Ley 336 de 1996 para reglamentar el transporte público-, sino también por la multiplicidad de actores involucrados. En medio de la presión de los taxistas, por un lado, y del malestar de los usuarios “cansados del mal servicio”, por el otro, el gobierno lanzó en 2015 un decreto que obliga a quienes quieran prestar el servicio de taxis de lujo a convertirse en empresas. Bajo esta norma, solo en 2016, las autoridades inmovilizaron 35.000 vehículos e impusieron 7.000 comparendos a conductores que prestaban servicios no autorizados.

Pero los expertos han criticado la decisión ejecutiva pues no soluciona realmente el problema de fondo. Sobre todo porque Uber, en esencia, no es una empresa propietaria de carros sino un intermediario. Hoy, un año y medio después, el Ministerio de Transporte reitera que, por no cumplir los requisitos de la norma, el servicio de Uber es ilegal. Sin embargo, la plataforma sigue funcionando y, mientras no lo decida un juez, no puede ser desactivada en Colombia. El Ministerio de TIC debe respetar el principio de neutralidad de red y solo tiene la facultad de bloquear contenidos si contienen pornografía infantil. Por este motivo, el 9 de noviembre del año pasado el Mintransporte radicó una demanda ante el juez 43 Civil del Circuito de Bogotá para que, mediante una medida cautelar, ordene desactivar la app.

“La norma no va en contravía de la tecnología, solo establece que el transporte público debe prestarse a través de empresas acreditadas y vehículos autorizados. Esas plataformas son bienvenidas mientras cumplan los lineamientos de la ley”, le dijo a SEMANA el viceministro de Transporte, Alejandro Maya. Además, enfatizó que la discusión no puede “encasillarse en una sola empresa”, pues la problemática va más allá. “Hay hasta plataformas de servicio de mototaxis, lo que no solo es ilegal sino peligroso: las motocicletas están matando a 4.400 colombianos al año”. Mientras la Superintendencia de Puertos y Transporte ha tenido que multar a Uber con sanciones que suman casi 1.000 millones de pesos, según el ministerio cinco aplicaciones decidieron homologarse para prestar el servicio legalmente.

Inclusive los amarillos entraron en la onda tecnológica. En conversación con SEMANA, el líder de taxistas Hugo Ospina afirmó que están lanzando una plataforma que permite conocer la información del pasajero y del conductor, y usar un botón de pánico para mayor seguridad. Según Ospina “Uber tiene a los taxistas al borde de la quiebra”, y les gustaría “competir con la empresa siempre y cuando haya verdadera competencia leal”. Aunque si bien es cierto que muchos taxistas terminan víctimas del costoso sistema de cupos (alrededor del 90 por ciento no es propietario de los vehículos y debe trabajar a destajo), no puede dejarse de lado que, según estudios, muchos no toman las capacitaciones y laboran desde la informalidad. Por eso, los usuarios deciden utilizar otros servicios.

Por esta razón, en el Congreso está radicado el proyecto de ley de iniciativa ciudadana número 18 de 2016 que, respaldado con 3 millones de firmas, busca regular el transporte privado mediante plataformas tecnológicas. En un comunicado Uber solicitó “iniciar el trámite lo antes posible” para que se regule “como ha ocurrido en México, Brasil y más de 90 jurisdicciones alrededor del mundo”. En efecto, a pesar de que gobiernos como los de Francia y Argentina lo han sancionado con dureza, en otras latitudes lograron reglamentarlo exitosamente, y hasta con beneficios para el erario. Ciudad de México, São Paulo y Nueva York son algunos ejemplos. En Colombia, los autores del proyecto de ley están revisando en particular esta última estrategia, pues Uber tiene una licencia de operación, paga un porcentaje de sus ganancias a la ciudad y además limita el número de vehículos inscritos.

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Pero los críticos insisten en que el gobierno debe acelerar el proceso, pues aunque ha habido voluntad, consideran que sigue existiendo un limbo jurídico. “Veo al Ministerio de Transporte muy tímido, esperando a ver qué pasa, haciéndose el de la vista gorda, sin escuchar a los usuarios. La salida es fácil: crear una nueva categoría de transporte con condiciones de operación. Las plataformas tecnológicas son una realidad, si no entonces también deberíamos desconectar Netflix, WhatsApp…El problema es que hay miedo: son 800.000 taxistas en el país y enfrentarlos trae consecuencias electorales”, le dijo a SEMANA el representante a la Cámara Carlos Guevara.

Además, Uber está pesando cada vez más: los expertos cuentan con unos 53.000 carros vinculados a la plataforma y más de un millón y medio de usuarios, con una participación del 15 por ciento en las carreras diarias a nivel nacional. Los pasajeros están reclamando nuevas alternativas de calidad, pero son los que menos voz han tenido en la polémica. Legislar sobre el tema es fundamental, pues la intolerancia desatada y la creciente cultura del país de ejercer justicia por mano propia se volvieron una olla a presión que está cerca de estallar.

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