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| 5/20/2006 12:00:00 AM

¿Peligra el proceso?

La Corte Constitucional avaló la Ley de Justicia y Paz. Después de una primera interpretación que catalogó el fallo como excesivamente severo, queda claro que no es un obstáculo insalvable para el proceso con las AUC.

Con todo lo que ha pasado en el país ya nadie se acordaba de los paras: la Iglesia amenazó con ex comulgar a medio mundo, ocho millones de personas se quedaron sin gas durante dos días, el dólar se disparó de repente, y el sur del país arde en medio de protestas. Mientras tanto, los jefes de las autodefensas estaban tranquilos haciendo su tránsito de señores de la guerra a industriales del campo. Estaban a la espera del fallo de la Corte Constitucional que le daría por fin vía libre a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, de la que depende el futuro de miles de desmovilizados. El jueves pasado la espera de nueve meses terminó. La Corte Constitucional por fin la aprobó, pero con cambios sustanciales. El viernes en la mañana el proceso de paz parecía al borde del abismo. La sensación generalizada era que a los magistrados se les había "ido la mano" con el tema de las condenas y que hombres como Mancuso terminarían en la cárcel por el resto de sus días. El temor de que se reversara el proceso de paz y se perdieran los logros de la desmovilización rondaba en todas las entrevistas y conversaciones. En la tarde, sin embargo, la Corte aclaró el alcance de su decisión y explicó que el fallo no va a entorpecer el proceso. La pedagogía calmó los ánimos pero dejó la impresión de que los magistrados habían matado el tigre con el fallo y ahora se asustaban con el cuero, en la interpretación que le dieron.

En esencia, el fallo corrige los aspectos que favorecían a los paramilitares en extremo, y les obliga a cumplir de manera más clara con la reparación y la verdad. La Ley de Justicia y Paz fue aprobada por el Congreso en julio del año pasado, después de un debate intenso y polarizado. Se diseñó para resolver un asunto crucial: qué hacer con los paramilitares que entregaron las armas y se acogieron a un proceso de paz, pero que cometieron crímenes atroces considerados aquí y en cualquier lugar del mundo civilizado como actos imperdonables.

La ley aprobada por el Congreso dejó inconforme a mucha gente. Por eso la Corte Constitucional recibió 11 demandas contra artículos de la ley, o contra todo su contenido, parte de las cuales quedan resueltas con el fallo del jueves.

¿Qué cambia el fallo? El punto que desató airadas declaraciones de jefes paramilitares como 'Ernesto Báez' -"es un golpe de profundidad al proceso", dijo- es aquel que mantiene vigentes las condenas que ya tengan sobre sus hombros los desmovilizados. Pero, al final, todo resultó ser apenas un intríngulis jurídico sin efectos prácticos automáticos. Un ejemplo concreto ilustra el complejo enredo jurídico: Salvatore Mancuso tiene varias condenas por masacres, como la del Aro que suma cerca de 40 años. Pero Mancuso está vinculado a otras investigaciones, como la masacre de Mapiripán. Si confiesa su participación en esta última, recibiría como máximo -según la Ley de Justicia y Paz- ocho años de cárcel. Antes del fallo de la Corte, la condena por el Aro quedaba eliminada, lo que sería considerado como un indulto. Y esta no es una ley de indulto ni de amnistía sino de alternatividad penal. Lo que hizo la Corte fue dejar vigente esa condena, lo cual no quiere decir que Mancuso pasará en la cárcel todos esos años, pues esta condena también es objeto de pena alternativa de máximo ocho años. Eso sí, el día que Mancuso cometa cualquier delito y pierda los beneficios de la ley, la condena vuelve a ser vigente y tendrá que pasar esos 40 años en la cárcel.

Este punto no ha sido fácil de entender y generó gran confusión. Mucha gente pensó, antes de las aclaraciones pertinentes, que la Corte le estaba poniendo un obstáculo insalvable al proceso de paz.

Los paramilitares recibieron otros dos golpes bajos. El primero es que la Corte ordena que los paramilitares entreguen para la reparación todos sus bienes. No sólo los que adquirieron ilegalmente. Esto quiere decir que si el señor Ramón Isaza, antes de meterse a paramilitar, era un campesino con fincas de ganado, también tendrá que entregarlas. Además, no sólo tendrá que reparar a las personas que él directamente afectó, sino a las que afectaron sus hombres. "Ahora nos tocará entregar los zapatos, los yines que tenemos puestos, gracias a la forma tan machetera como la Corte resolvió el tema de la reparación", dice indignado Antonio López, ex dirigente del Bloque Cacique Nutibara, el primer grupo paramilitar en desmovilizarse.

El segundo golpe tiene que ver con el pago de penas. Durante estos dos años los jefes paramilitares han viajado a lo largo y ancho del país, están asentados en 11 zonas de ubicación que, palabras más, palabras menos, son sus propias fincas. Así pasa, por ejemplo, con 'Jorge 40', que está en su casa de La Mesa, en las afueras de Valledupar; Julián Bolívar, en Puerto Berrío; Cuco Vanoy, en su finca de Tarazá, y Ramón Isaza, en Las Mercedes, Puerto Triunfo. En este tiempo han hecho de todo: vida social en clubes, negocios, y hasta injerencia política. Y aunque nadie les quita lo vivido, ya este tiempo no será tenido en cuenta como si hubiesen estado en prisión, como lo contemplaba la ley.

El fallo de la Corte también corrige otros dos aspectos centrales: les da oxígeno a la Fiscalía y a las víctimas. Primero, porque si los paras no confiesan todos sus delitos y luego se demuestra que ocultaron información, pierden los beneficios sin derecho a revirar. Eso les sirve a las víctimas porque habrá mayor oportunidad para la verdad. Adicionalmente, las víctimas tendrán acceso a todo el proceso y podrán actuar como parte en él.

Los fiscales ganan porque después del fallo no tendrán la presión del tiempo que les había impuesto la ley. Los seis meses que tienen para resolver cada caso empezarán a correr cuando ellos determinen que están preparados, y no inmediatamente después de que cada desmovilizado entregue su versión.

Lo que más indignó a los paramilitares, sin embargo, fue que se cambiara el artículo que consideraba la sedición como un delito político. Es decir, si la Ley de Justicia y Paz había convertido a los paramilitares en delincuentes políticos, el fallo de la Corte los bajó de la nube y los devolvió a la condición de criminales comunes. Este punto parece inocuo, o de simple dignidad, pero no lo es. Como se sabe, en Colombia está prohibida la extradición para delitos políticos. Según muchos observadores, los paras querían aprovechar este punto para buscarle una salida al problema de la extradición, que sigue siendo la gran espada de Damocles que los amenaza y a la que temen. No obstante, este artículo se cayó por vicios de forma y no de contenido, por lo que el Congreso puede volver a discutir el tema. Y, como no es inconstitucional en el fondo, no tiene efectos retroactivos.

Los anteriores son los principales cambios jurídicos en la ley, y que, en pocas palabras, les dieron garrote a los paras y zanahoria a las víctimas. Así, la Corte logró equilibrar una ley que era visiblemente favorable con los victimarios. En la tensa búsqueda de justicia y paz, la Corte inclinó la balanza hacia la justicia. El asunto de la paz, que es esencialmente político, tendrán que seguir enfrentándolo el gobierno y el Congreso, no sin dificultades. Unas que se desprenden del fallo de la Corte y otras que no tienen nada que ver con la ley.

La primera es que el fallo tensiona la relación del gobierno con los paramilitares, a pesar de que ésta parece estar en uno de sus mejores momentos. El mismo día que la Corte produjo el fallo, los jefes paramilitares se habían reunido con el ministro Sabas Pretelt durante todo el día para acordar detalles de la reinserción. Ahora el gobierno se verá en la necesidad de buscar salidas para asuntos que son sensibles en la mesa, como el reconocimiento político, la entrega de bienes, o el tiempo que han pasado en Ralito. También se sabe que tácitamente los paras sabían que podían quedarse con parte de sus bienes, considerados como legales, y con ellos iniciarían, supuestamente, una nueva vida civil, después de salir de pagar la pena alternativa. Eso ahora se complica aún más. "Las autodefensas tendrán que buscar nuevos acuerdos políticos con el gobierno mientras se buscan salidas jurídicas", dice el senador uribista Mauricio Pimiento. "El escenario ahora es político" dice, por su parte, el representante Armando Benedetti. Por eso, mientras el gobierno busca fórmulas de solución, se está pensando en ampliar la vigencia de los salvoconductos de los paramilitares para ganar tiempo. Sin embargo, no está claro si durante este tiempo estarán eximidos de presentarse ante los tribunales.

Algunos de los desmovilizados más afectados, como Salvatore Mancuso, han manifestado que impulsarán un plebiscito, que desemboque en una Constituyente, que le dé mayor piso al proceso de paz. "La Corte ha terminado legislando en contra del pueblo", dice.

El otro palo en la rueda es la situación de los presos. El gobierno se había apresurado a ofrecerles a los reclusos de las Farc que están condenados o sindicados por delitos atroces que se acogieran a la Ley de Justicia y Paz con la condición de que tuvieran una colaboración eficaz con la justicia. Esta se ha había convertido en un arma para desmoralizar a las Farc y debilitar su estrategia de intercambio humanitario. Aunque la Corte no se refiere en su fallo a los presos, el hecho de que las condenas previas a la desmovilización queden intactas podría disminuir el entusiasmo que la ley ha generado entre la población carcelaria.

Con los cambios que trae consigo el fallo, también se bajan de la nube quienes todavía pensaban que la Ley de Justicia y Paz sería aplicable para una eventual negociación con las guerrillas. Nadie se imagina a Antonio García, del ELN, confesando todos sus crímenes ni entregando bienes para reparar, por ejemplo, a las familias que fueron víctimas en la masacre de Machuca.

El fallo tampoco llegó en el momento más adecuado. En la recta final de las elecciones, el Presidente-candidato Álvaro Uribe tendrá que enviar un mensaje tranquilizador a los paramilitares. Si esto no sucede, se corre el riesgo de que algunos de ellos hagan alguna demostración de fuerza, como lo hizo 'Don Berna', cuando iba a ser capturado, que paralizó el transporte de Medellín.

Sin duda, el fallo de la Corte despeja el camino de la Ley de Justicia y Paz. Como se esperaba, equilibró lo que la ley tenía de desproporcionado. Y a pesar del pánico inicial, una mirada pausada demuestra que la Corte no ha puesto en peligro el proceso de paz, y que la ley mantiene generosos incentivos para la desmovilización. Realmente, endureció el castigo para quienes le fallen al proceso, y reivindica a las víctimas.

El fallo fortalece la legitimidad del proceso de paz porque demuestra que la ley en su conjunto no es tan mala como muchos piensan. No es un indulto, y se modificaron los aspectos que más polémica habían generado durante su aprobación. Y eso lo determinó la Corte Constitucional con la autoridad que le otorga el hecho de haberla 'endurecido'.
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