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| 9/8/2007 12:00:00 AM

Peligro en alta mar

El caso de la investigación de un alto ex oficial de la Armada va más allá de un tema de narcotráfico y en realidad es un asunto que puede comprometer la seguridad nacional.

Dos meses antes de que estallara el escándalo que hoy tiene en la picota al contraalmirante Gabriel Arango, el ex oficial ya tenía dos claros indicios que estaba en graves problemas. El primero fue cuando le notificaron que, por medio de la facultad discrecional, el gobierno lo había llamado a calificar servicios y quedaba por fuera de la Armada. El segundo, posiblemente el más grave, fue cuando, ese mismo mes, la embajada de Estados Unidos decidió no sólo quitarle la visa oficial que Arango tenía en su calidad de miembro de la institución, sino que, además, no le fue concedida ni siquiera una visa de turismo. No es usual que la embajada estadounidense tome ese tipo de determinaciones y mucho menos tratándose de un oficial de alto rango.

Aunque a Arango no le dieron explicación algunaen su momento, fuentes de esa representación diplomática confirmaron que la decisión se basaba en razón de "vínculos con narcotráfico". Un mes después, la opinión pública conoció que Arango había sido retirado de la Armada y hacía parte de una investigación que adelantaba la Fiscalía por narcotráfico. Durante las últimas tres semanas el caso se convirtió en una avalancha mediática. Son pocos los medios de comunicación en donde Arango no ha aparecido dando declaraciones en las que insiste en su inocencia.

Arango tiene un fuero especial y la investigación en su contra fue asumida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia. En contra del ex oficial hay varias pruebas, entre las que están recibos con la huella del contraalmirante en los que se presume recibe el pago en dólares por parte de una organización de narcotraficantes, conocida como 'La Herradura', vinculada al cartel del Norte del Valle. Videos de seguimientos y grabaciones también hacen parte de las evidencias del caso. Aunque Arango ha cuestionado públicamente esas pruebas en su contra y ha negado insistentemente cualquier vínculo o reunión con personas relacionadas con narcotráfico, el pasado viernes 31 de agosto un fiscal de la unidad antinarcóticos de la Fiscalía (Unaim) recibió la declaración de un testigo clave que asegura que Arango sí colaboró con un grupo de narcotraficantes. El testimonio será de vital importancia, ya que ese hombre estuvo presente en una reunión con varios narcotraficantes a la cual, supuestamente, también asistió Arango.

Aunque toda la atención pública se ha centrado en Arango, la realidad es que el caso es mucho más complejo y grave de lo que se conoce. Hay dos investigaciones. Una contra el oficial, que está adelantada en una fiscalía delegada ante la Corte. La otra es llevada por la Fiscalía contra algunos ex miembros de la Armada y civiles. El caso por esa investigación comenzó en enero de 2006, cuando miembros de la Armada encontraron en una lancha go fast (utilizada para el transporte de droga) varias cartas de navegación en donde estaban marcadas las ubicaciones en alta mar de los buques de Colombia, Estados Unidos y el Reino Unido, dedicados a combatir el narcotráfico.

  En los 18 meses que lleva esta investigación, 14 personas, cuatro de ellas ex integrantes de la Armada, han sido arrestadas por la Fiscalía. Once de esos capturados están solicitados en extradición. Gran parte de esa red trabajaba para la banda de traficantes conocida como 'La Herradura' y su misión era, entre otras cosas, vender las cartas de navegación a los narcotraficantes para ubicar los buques y las fragatas de las autoridades nacionales y extranjeras. Fue precisamente en desarrollo de las pesquisas para desmantelar esa banda que los investigadores terminaron descubriendo la supuesta participación de Arango.

Si bien el caso ha sido planteado como el de un grupo de personas, incluidos miembros de la Armada, que vendían información clave a los narcotraficantes, la realidad es que el asunto va más allá y se ha convertido en un tema de seguridad nacional. No sólo para Colombia, sino también para Estados Unidos.

Si bien la información sobre la localización detallada de todos los buques de guerra era utilizada por los narcotraficantes para eludir los radares en alta mar, parte de esa información, considerada como secreta en cualquier nación, terminó en manos de otros países. "Hay serias evidencias que nos permiten afirmar que parte de la información con la ubicación de buques colombianos y estadounidenses terminó en manos de militares venezolanos ", afirmó uno de los investigadores del caso

Aunque en Estados Unidos han sido cautelosos al referirse al tema, el asunto los tiene con los pelos de punta. Lo que comenzó como un caso de una mafia infiltrada en la Armada terminó siendo considerado como una grave vulneración a la seguridad nacional.

En Colombia, los titulares se han centrado en la controversia sobre la culpabilidad del carismático contraalmirante Arango. Pero más allá de lo que diga la justicia sobre él, este episodio enciende las alarmas sobre el grado de corrupción en una institución como la Armada que se ha caracterizado por su credibilidad y su seriedad.
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