Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2000/06/19 00:00

Peligro inminente

La falta de un sistema adecuado de disposición final de basuras es una bomba de tiempo para los habitantes de San Andrés.

Peligro inminente

A diario se recogen en la isla de San Andrés entre 80 y 90 toneladas de basura. En la denominada temporada alta, cuando miles de turistas visitan este archipiélago caribeño, se recogen hasta 100 toneladas. Desde 1984 el destino final de estos desechos, que incluyen desde residuos sólidos domésticos hasta material hospitalario, ha sido un botadero a cielo abierto ubicado en una zona conocida por los isleños como Schooner Bight. La acumulación de basuras en este lugar, el inadecuado manejo que se le ha dado a las mismas y la demora en tomar una decisión definitiva para esta situación pueden provocar una emergencia sanitaria en cualquier momento. La Veeduría Ciudadana del Archipiélago de San Andrés teme, por ejemplo, que el metano producido por la descomposición de los desechos provoque una explosión que afecte las plantas de generación de energía de la isla y haga estallar los tanques, con por lo menos 10.000 galones de combustible, que se encuentran dentro de éstas.

Para evitar que ocurra una catástrofe, detener la contaminación del medio ambiente del archipiélago —que es considerado reserva de la biosfera— y evitar una emergencia sanitaria hay que tomar medidas urgentes. El próximo lunes el juez civil del circuito Oscar Gabriel Cely realizará una audiencia pública en el marco de una acción de cumplimiento interpuesta por Leandro Pájaro, veedor de servicios públicos. En ella estarán presentes los representantes de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina), los de la empresa recolectora de basuras de la isla, los de la Veeduría Ciudadana y los del gobierno departamental. Trash Buster S.A., la compañía encargada del servicio de aseo desde noviembre de 1995, volverá a presentar ese día su propuesta para cerrar la zona donde actualmente se depositan los desechos y realizar un relleno sanitario con todas las disposiciones técnicas del caso.

Patricia Archbold, representante legal de Trash Buster, dijo a SEMANA que su compañía tiene listo este proyecto, elaborado a partir de un estudio hecho por la compañía OMMG Ingeniería, desde 1997. Ella sostiene que no han podido llevarlo a cabo porque no han llegado a ningún acuerdo con los diferentes gobernadores que ha tenido la isla en los últimos años. La inestabilidad política ha dilatado, según la empresa, la toma de decisiones al respecto. Este argumento no convenció a la Superintendencia de Servicios Públicos, que este año multó a la Trash Buster con 130.050.000 pesos porque, en general, el sitio de disposición final “presuntamente incumple los requisitos establecidos por las normas sanitarias y ambientales”. Más allá de la multa, que la Veeduría considera irrisoria, lo cierto es que se necesita llegar pronto a un acuerdo para evitar un desastre ambiental de proporciones inimaginables.

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