Martes, 17 de enero de 2017

| 1997/02/24 00:00

PENA, PENITA, PENA...

HACE UNA SEMANA LOS HERMANOS RODRIGUEZ OREJUELA CANTABAN VICTORIA. PERO AHORA EL FANTASMA DE LA EXTRADICCION Y EL AUMENTO DE SUS SENTENCIAS VUELVEN A ASUSTARLOS.

PENA, PENITA, PENA...

Pocos documentos han sido analizados tan rigurosamente como el que contiene la sentencia contra Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, proferida el 16 de enero por un juez sin rostro de Cali. Y pocas veces una providencia de 14 páginas había logrado un rechazo tan unánime por parte del Fiscal, el Procurador, las Fuerzas Armadas, el gobierno y los medios de comunicación.Nadie ha logrado descifrar las razones no explicadas en el fallo que tuvo el juez para no aplicarles a los Rodríguez los topes máximos de prisión para los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, falsedad y porte ilegal de armas.Pese a que confesaron traficar cocaína por cerca de 20 años, el juez sólo condenó a Gilberto Rodríguez a 10 años y seis meses de prisión y a su hermano Miguel a nueve años. Si la decisión queda en firme, pueden quedar libres antes de que termine el siglo porque gozarían del beneficio de la reducción de la pena por trabajo en la cárcel.Para los expertos, uno de los hechos más incomprensibles del fallo es que Gilberto Rodríguez confesó la exportación de 68 embarques de cocaína. También reconoció que en otras 25 ocasiones violó normas sobre enriquecimiento ilícito, falsedad y porte de armas. Miguel Rodríguez confesó la remisión de 53 cargamentos de alcaloides y 22 violaciones a leyes referentes a falsedad y porte de armas.No se sabe por qué razón, si era evidente que los hermanos Rodríguez delinquieron durante dos décadas el juez no aplicó la pena máxima de 24 años contemplada en el Código Penal para estos delitos y en cambio partió de 21 en el caso de Gilberto y de 18 en el de Miguel, lo que de entrada les significó una disminución en su castigo. El juez les otorgó todos los beneficios de la política de sometimiento a la justicia, es decir, una sexta parte de rebaja por confesión y una tercera por acogerse a la terminación anticipada del proceso.La multa impuesta por el juez también fue objeto de escándalo, pues un peritazgo de la Fiscalía había determinado que los Rodríguez Orejuela se enriquecieron ilícitamente por cerca de 105.000 millones de pesos. El juez desestimó el dictamen de los fiscales del proceso 8.000 y los condenó a pagarle al Estado solamente 12.500 millones de pesos.No obstante la polvareda nacional e internacional levantada por el fallo, es poco lo que la Fiscalía y la Procuraduría que apelaron el fallo ante el Tribunal Nacional pueden hacer para que la pena de cárcel se incremente. En los próximos días ese organismo deberá pronunciarse de fondo sobre este asunto, pero de antemano se sabe que los decretos que regulan los beneficios por colaborar con la justicia impiden elevar los topes de las penas.Aun cuando el Tribunal revoque la decisión del juez, en el caso de Gilberto Rodríguez su sentencia solamente podrá ser aumentada en dos años y medio de prisión. Respecto a Miguel Rodríguez, sin embargo, el Tribunal tiene más herramientas porque el juez fue mucho más benévolo con él. Si aplica las normas con dureza su pena podría ser reajustada en siete años y medio de prisión.La suerte de Miguel Rodríguez, además, podría complicarse: muy seguramente esta semana un juez de Bogotá lo condenará a más de 15 años de cárcel, por el envío de 150 kilos de cocaína a Tampa, Florida, en 1994. Por otra parte, la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento por el presunto delito de cohecho, que le significarían otros seis años de prisión. Rodríguez aparece como responsable del intento de soborno, con mil millones de pesos, a un juez sin rostro para que lo favoreciera en un fallo. Los hechos ocurrieron en febrero de 1995 y están involucrados el ex magistrado del Tribunal Nacional Carlos Humberto Sánchez, su asesor, Diego Gómez Zuluaga y su asistente, Orlando Triana.En cualquier caso la condena a los Rodríguez, que en Estados Unidos fue calificada como 'un mal chiste' y que colocó a Colombia al borde de una nueva descertificación, hizo que reviviera el tema de la extradición. El gobierno anunció que estudiaría la posibilidad de presentar una ley que elimine el artículo 35 de la Constitución, que prohíbe la extradición. Y la Cancillería informó que la justicia de Canadá solicitó el traslado a ese país de los dos hermanos Rodríguez Orejuela para procesarlos por tráfico de estupefacientes.La solicitud canadiense se sumó a una petición similar que hace un año presentó el gobierno de EE.UU. Ahora tendrá la palabra la sala penal de la Corte, que deberá conceptuar si el tratado de extradición suscrito en 1980 con Estados Unidos sigue vigente. Los nueve magistrados deberán decidir si los tratados internacionales tienen primacía sobre la Constitución Nacional. Y en este sentido parece que habrá sorpresas.

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