Pensiones de congresistas se reforman ahora o nunca

Esta es la segunda vez, en menos de dos años, que la Corte Constitucional aborda la demanda contra el régimen pensional de los parlamentarios. En junio de 2011, el abogado Dionisio Enrique Araújo demandó el artículo 17 de la Ley 4 de 1992, que ordena pagar a los congresistas “el 75 por ciento del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo concepto, perciba el congresista”. La interpretación de esa y otras normas ha permitido que cerca de 1.000 personas entre magistrados, congresistas y otros exfuncionarios del Estado reciban más de 25 salarios mínimos (15 millones de pesos), el tope fijado por la Constitución. (Ver gráfico) Además de inequitativa, pues la Constitución a través de una reforma de 2005 prohibió que después de 2010 se paguen pensiones por encima de los 25 salarios mínimos, el demandante sostuvo que esa ley desconoce el principio de sostenibilidad fiscal con el cual el Estado debe tomar sus decisiones. Además, en una sociedad como la colombiana donde una mesada de retiro es un lujo, estos montos son escandalosos. 

En mayo pasado, la sala plena de la Corte se declaró inhibida para fallar de fondo, por considerar que la demanda no estaba bien sustentada. No obstante, Araújo volvió a demandar y a sus argumentos mejorados se sumaron los de otro abogado, Germán Calderón, quien también accionó. Ahora la Corte no tendrá excusa para no fallar de fondo. 

SEMANA conoció apartes de la ponencia de Pretelt. Esta no solo pretende impedir que nuevos pensionados obtengan pensiones más altas que el tope fijado por la Constitución, sino que busca reliquidar las pensiones de quienes ya las obtuvieron. El documento señala que “se hace evidente la necesidad de redistribuir los ingresos del sistema(…) para que el Estado pueda asegurar un sistema con cobertura universal, que incluya especialmente a las clases menos favorecidas”. En otras palabras, los dineros que se ahorren deberán entrar al sistema para cubrir las pensiones de los más necesitados. De hecho, la ponencia ordena al Estado aplicar las normas para que quienes no alcanzan a una pensión sobre un salario mínimo puedan recibir “beneficios económicos periódicos”.

Es tal la magnitud del tema, que Pretelt convocó para este jueves una audiencia pública en la que participarán altas dignidades del Estado, los directores de los fondos de pensiones y entes de control. Esta es la segunda vez que la Corte Constitucional hace una convocatoria semejante. La primera fue en 2003, cuando el entonces presidente Álvaro Uribe promovió un referendo para cambiar varios artículos de la Constitución. No es para menos. Si la Corte Constitucional aprueba la ponencia de Pretelt, la jurisprudencia daría un vuelco y obligaría a revisar los casos en los que el Estado ha tenido que pagar pensiones costosísimas. El efecto sería una bola de nieve que obligaría a un debate jurídico en otros regímenes pensionales excepcionales como el de los militares o el Magisterio. 

El problema es que los opositores cuentan con un poderoso argumento jurídico: el monto de las pensiones es un derecho adquirido, lo que afectaría la posibilidad de reliquidar contenida en la ponencia. No obstante, esta postura ignora que el fisco no aguanta y que cientos de exfuncionarios obtuvieron sus pensiones a punta de interpretaciones poco ortodoxas de la ley. 

El presupuesto de la Nación para las pensiones es de 24,9 billones de pesos en 2013, destinadas a solo un 4 por ciento de la población (el de la salud es menos de la mitad). Según cálculos del Ministerio de Hacienda el rubro de las pensiones se podría duplicar anualmente en las próximas dos décadas. Además, uno de los problemas que deslegitima el sistema pensional en Colombia es precisamente el de las mesadas exageradas, pues mientras el 80 por ciento de los pensionados recibe menos de 4 salarios mínimos, un poco más de 1.000 personas se han hecho a pensiones millonarias. 

El origen de semejante injusticia es curioso. El régimen de transición nació para que los congresistas que cotizaban en 1994 y cumplían con algunos requisitos se pensionaran con unas consideraciones especiales. Pero el Consejo de Estado ablandó esos requisitos al resolver demandas de interesados. Fue así como personas que han pasado un año por el Congreso o por una de las altas cortes, han podido aumentar el monto de su retiro. Algunos incluso consiguieron que se incluyeran en la liquidación tiquetes aéreos y viáticos. Así mismo, quedó sin piso la premisa de que la mesada se calculaba sobre el promedio de los últimos diez años de salario y se decidió que se podía calcular la pensión con el salario del último año, y en algunos casos, con el del mes más alto. En muchos casos la desproporcionada liquidación se debe a errores, interpretaciones favorables a los jubilados y viveza. Al final, a punta de fallos, el erario ha sufrido un desangre silencioso.

En total más de 1.000 privilegiados reciben pensiones superiores a 15 millones de pesos. La ponencia de Pretelt apunta a rebajarles, de tajo, casi 4 millones de pesos en promedio mensual. De otra manera, la sentencia no tendría ningún efecto en las finanzas de la Nación, pues según la ley, después de 2014 no habrá más pensionados en los regímenes de transición. El problema son las mesadas que se seguirán pagando con esos montos y que además, se prolongan en el tiempo cuando aparece un sustituto (cónyuge o hijo menor de edad). 

El equilibrio de fuerzas en la Corte Constitucional permite un moderado optimismo en esta ocasión. Cuatro magistrados (María Victoria Calle, Nilson Pinilla, Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio) se han declarado impedidos para estudiar el tema, pues o aspiran a una pensión bajo el régimen de 1994 o su cónyuge la tiene. Y entre los cinco restantes hay dos magistrados nuevos, Alexei Julio Estrada y Luis Guillermo Guerrero. Si la ponencia reúne los votos de los cinco magistrados que no se han declarado impedidos el país daría un paso clave hacia la equidad, al menos en un aspecto crucial como las pensiones.

El máximo tribunal es el único órgano del Estado que podría poner fin a este oneroso desequilibrio tanto fiscal como social. El Congreso tiene un claro conflicto de interés porque sus miembros reciben beneficios. Para cualquier presidente es un costo político muy alto meterse con los beneficios del Legislativo. Y las otras cortes han sido sido responsables de que perpetúe el hueco fiscal. ¿Se le medirá la Corte Constitucional esta vez?.