Jueves, 27 de noviembre de 2014

| 2013/01/23 00:00

Pensiones millonarias, bajo la lupa

Concluyó la audiencia que busca definir la suerte de las pensiones superiores a los 25 salarios mínimos.

Audiencia pública sobre régimen especial de pensiones de exmagistrados y excongresistas. Foto: Guillermo Torres

Este jueves se realizó la audiencia pública en la Corte Constitucional que busca definir la suerte de las pensiones superiores a los 25 salarios mínimos en el sector público. En su ponencia, el magistrado Jorge Ignacio Pretelt propone rebajar las mesadas que reciben excongresistas y exmagistrados.


En la sala de audiencias están presentes el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, el procurador Alejandro Ordóñez, la contralora Sandra Morelli, un representante del Ministerio de Hacienda, el presidente del Fondo de Previsión del Congreso (Fonprecon), el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el presidente del Congreso, Roy Barreras.


Según fuentes de la Corte, consultadas por Semana.com, hay un ambiente favorable para alcanzar el tope de los 25 salarios mínimos. En caso de que la ponencia tenga el visto bueno de la mayoría del alto tribunal, el país se podría ahorrar por lo menos 56.000 millones de pesos al año y derogaría una de las normas vigentes más inequitativas.

Semana.com conoció apartes de la ponencia de Pretelt. Esta no solo pretende impedir que nuevos pensionados obtengan pensiones más altas que el tope fijado por la Constitución, sino que busca reliquidar las pensiones de quienes ya las obtuvieron. El documento señala que “se hace evidente la necesidad de redistribuir los ingresos del sistema (…) para que el Estado pueda asegurar un sistema con cobertura universal, que incluya especialmente a las clases menos favorecidas”.

En otras palabras, los dineros que se ahorren deberán entrar al sistema para cubrir las pensiones de los más necesitados. De hecho, la ponencia ordena al Estado aplicar las normas para que quienes no alcanzan a una pensión sobre un salario mínimo puedan recibir “beneficios económicos periódicos”.

En total, más de 1.000 privilegiados reciben pensiones superiores a 15 millones de pesos. La ponencia de Pretelt apunta a rebajarles, de tajo, casi 4 millones de pesos en promedio mensual.

El Fondo de Previsión del Congreso (Fonprecon), que reconoce y paga las pensiones y cesantías de los parlamentarios, le pedirá a la Corte que establezca cuáles ingresos deben ser considerados para calcular la pensión. Cabe recordar que entre las peleas ganadas por Fonprecon, que tumbaron megapensiones, está la historia de un exsecretario de comisión, quien pasó de ganar 29 millones a 11.

Ante la llamada oportunidad de oro de la Corte hay seguidores y adeptos.

A través de la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, el Gobierno deja clara su postura. “El gobierno espera que esa decisión histórica sea acorde con que las pensiones que se paguen correspondan a las cotizaciones que efectivamente se hayan hecho”, explica la ministra al recordar “la inequidad que puede representar el pago de estas pensiones”.

Otra alta funcionaria a favor de la propuesta es la contralora general, Sandra Morelli, quien, además, tiene en su poder los nombres de los dignatarios que reciben las megapensiones. La titular del ente de control alega que “no se ha cumplido el acto legislativo 001 del 2005, el cual no permite pensiones a cargo del Estado de más de 25 salarios mínimos (después del 2010)”, una situación que, en su opinión, pone en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema pensional del país. Morelli defiende la igualdad y reconoce la importancia de limitar privilegios. Por ejemplo, argumenta que “los viáticos no se pueden incluir en las liquidaciones”.

El político Aurelio Suárez opina que “las pensiones excedidas de los límites legales tienen que ser corregidas porque son derechos adquiridos que están supeditados a los límites que fija la ley”.

Entre los actores en contra está el saliente presidente del Consejo de Estado, el magistrado Gustavo Gómez, quien considera que si el fallo resulta favorable, el país tendrá que asumir onerosas demandas ante tribunales internacionales.

La oposición cuenta con un poderoso argumento jurídico: el monto de las pensiones es un derecho adquirido, lo que afectaría la posibilidad de reliquidar. En ese sentido, Gómez asegura que el Consejo de Estado está actuando en defensa del orden jurídico y la justicia contenciosa. "Se defenderán los derechos adquiridos”, dice. Para el magistrado, el alto tribunal “no es hábil para limitar las pensiones millonarias, porque es un asunto de leyes y decretos de la rama ejecutiva”.

Según el académico Eduardo Sarmiento, decano de Economía de la Escuela Colombiana de Ingeniería, este jueves “predominarán los intereses individuales y no se tendrá una decisión drástica sobre la materia pensional”. Sarmiento, quien se declara “no muy optimista”, indica que “las cortes, el Congreso, los magistrados y los más poderosos, están recibiendo, en algunos casos, pensiones millonarias que no corresponden a las cotizaciones que ellos realizaron ni a la realidad del país, donde el salario mínimo apenas llega a los 600.000 pesos”.

El equilibrio de fuerzas en la Corte Constitucional permite un moderado optimismo en esta ocasión. Cuatro magistrados (María Victoria Calle, Nilson Pinilla, Luis Ernesto Vargas y Jorge Iván Palacio) se han declarado impedidos para estudiar el tema, pues o aspiran a una pensión bajo el régimen de 1994 o su cónyuge la tiene. Y entre los cinco restantes hay dos magistrados nuevos, Alexei Julio Estrada y Luis Guillermo Guerrero. Si la ponencia reúne los votos de los cinco magistrados que no se han declarado impedidos el país daría un paso clave hacia la equidad, al menos en un aspecto crucial como las pensiones.




“El Gobierno presentará una reforma pensional”

La decisión de la Corte será un bola de nieve que obligaría a un debate jurídico en otros regímenes pensionales excepcionales como el de los militares o el Magisterio.

Aurelio Suárez, el excandidato a la Alcaldía de Bogotá, asegura que la “algarabía” del tema de pensiones “es la cuota inicial de una reforma pensional que presentará el Gobierno”.

“La contralora Morelli ha dicho que deben acabarse los regímenes especiales, el de congresistas y magistrados, que lo creó el ponente Álvaro Uribe en la Ley 100, el de las Fuerzas Militares y expresidentes, y el del Magisterio”, recuerda.

En el régimen del Magisterio, explica Suárez, hay 200.000 maestros por régimen especial, es decir que, cuando se pensionan, se les da el 75 por ciento del último salario, no el promedio de todos. El político asegura que “es probable que se empiece a bajar en la pirámide, para darle un golpe al magisterio en la reforma pensional, exigiendo más edad, semanas y cotización (...) Comienzan por arriba para dar ejemplo y seguir por la mitad, hasta la base, todo a nombre de la igualdad”.

En su criterio, el tema de las Fuerzas Militares es una verdadera “bomba pensional que tarde o temprano tendrá un impacto fiscal sobre las cuentas nacionales”.  

“En Colombia hay 20 millones de trabajadores, el 60 por ciento son informales, quedan 8 millones formales que cotizan para pensión, y 5 o 6 millones para mantener 1.800.000 pensionados. Es decir que por tres o cuatro cotizantes, está un pensionado. Es una relación baja”, concluye Suárez.

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