Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 5/5/2003 12:00:00 AM

Perder es ganar un poco

El fallo de la Corte Constitucional que tumbó la conmoción interior puede terminar beneficiando al gobierno más de lo que le puede hacer daño.

Cuando el martes pasado la Corte Constitucional tumbó la conmoción interior el país se rasgó las vestiduras y no pocos dijeron que el órgano judicial nuevamente se erigía como un obstáculo en la lucha contra la guerrilla. La mayoría de medios lo presentaron como un duro revés a la política de seguridad del presidente Alvaro Uribe al dejar sin piso las zonas de rehabilitación e incluso surgieron voces de alerta -y también algunas de esperanza- sobre el incierto futuro del impuesto al patrimonio cobrado durante la conmoción interior. Sin embargo, con el paso de los días quedó claro que era una tempestad en un vaso de agua. Y que si bien el fallo enviaba unos mensajes claros al gobierno, en la práctica las cosas no cambian demasiado. El impuesto al patrimonio se mantiene pues la Corte ya lo había declarado constitucional. La Fuerza Pública seguirá haciendo prácticamente lo mismo en las zonas de rehabilitación pues ya antes la Corte había tumbado las facultades de policía judicial, que era lo excepcional. El único problema que el fallo en realidad le crea al gobierno es que con la conmoción vigente el gobierno podía ejecutar 27.000 millones de pesos que le habían quedado del año anterior para la creación de nuevos batallones de alta montaña y ahora le tocará acudir al Congreso para que se los apruebe. Los efectos simbólicos, en cambio, son más sutiles y más importantes. Algunos piensan que tumbando la conmoción la Corte Constitucional respondió con guante blanco -pero con guante, al fin y al cabo- la más reciente ofensa del Ministro del Interior, férreo opositor de la Constitución de 1991. La semana pasada Fernando Londoño les envió a los magistrados una carta en la que intentaba convencerlos de que no fallaran a favor una tutela que suspendería la fumigación de cultivos ilícitos en resguardos indígenas que ocupan 30 millones de héctareas. Los magistrados resintieron que el Ministro, palabras más palabras menos, los culpara de hacerles el juego a los narcotraficantes si fallaban a favor. "Con una tutela semejante las mafias de Colombia y de Estados Unidos, las Farc, el ELN y las autodefensas ilegales celebrarían con grandes festejos", dice la carta en un aparte. Esta misiva se sumó a las declaraciones de Londoño poco después de la bomba del club El Nogal. Entre los múltiples culpables que enumeró el Ministro al calor de los acontecimientos estaban quienes legalizaron la dosis personal, es decir, la Corte, cosa que tampoco fue bien recibida. Por eso el mensaje al gobierno fue contundente: tiene que respetar a la Corte o hacer extremadamente bien la tarea a la hora de elaborar sus normas pues la mayoría de los magistrados no están dispuestos a hacerle la más mínima concesión. ¿Que paso? Los hechos son más o menos simples. Faltando siete días para que terminara la conmoción interior la Corte Constitucional, con una reñida votación de cinco a cuatro, tumbó el decreto 245 de 2003, mediante el cual el gobierno la había prorrogado por segunda vez. Utilizó tres argumentos formales: dijo que el gobierno solicitó la prórroga de la conmoción con demasiada anticipación pues no había transcurrido ni una tercera parte de la primera prórroga; que violó la autonomía del Congreso al pedirle que considerara el decreto durante las sesiones extraordinarias de diciembre, y que además el procedimiento fue ilegal pues el concepto del Senado no fue justificado por escrito. Los magistrados Manuel José Cepeda, Rodrigo Escobar, Marco Gerardo Monroy y Eduardo Montealegre salvaron su voto y rechazaron el enfoque "excesivamente formalista" de sus colegas. Para ellos el Senado sí había discutido libremente el tema, tanto que votaron a favor de la prórroga cuando aún le quedaban tres días de sesiones extraordinarias. Que no haya plasmado sus motivaciones en un documento por escrito es irrelevante, según estos magistrados. Su razonamiento es que lo importante es lo que ocurrió en la realidad y no la forma como ésta quedó consignada. Máxime cuando ninguna norma exige que se escriba un documento. También rechazaron el argumento mayoritario de que el gobierno había hecho la solicitud con demasiada antelación. Por el contrario, dijeron, Uribe "cumplió con creces" el requisito legal de enviarlo a lo menos 15 días antes de que se cumpliera la prórroga. En conclusión, triunfó una vez más el sector de la Corte que privilegia los formalismos por encima de los aspectos de fondo. Los votos de los magistrados Alfredo Beltrán, Jaime Araújo y Clara Inés Vargas no fueron una sorpresa. Ellos suelen privilegiar los procedimientos y desde que Uribe declaró la conmoción interior han votado en contra del gobierno en lo que tiene que ver con el orden público. El voto que sí sorprendió fue el de Alvaro Tafur Galvis, que no es formalista y que tampoco está por principio opuesto a las medidas de orden público. El era inicialmente el ponente de la tutela de fumigación. Algunos especulan que la carta de Londoño habría influido en su decisión. Pero más allá de las disquisiciones jurídicas del excesivo formalismo de la Corte, o de las posibles motivaciones políticas, queda claro que el gobierno 'dio papaya' al no haber seguido al pie de la letra el procedimiento que había utilizado César Gaviria cuando, como Presidente, prorrogó con éxito dos veces la conmoción interior. En esa oportunidad consiguió que el Senado emitiera su concepto por escrito, como lo demandó ahora la Corte. Por eso es de esperarse que de ahora en adelante Uribe repare en estos detalles para que no le tumben proyectos que pueden ser mucho más determinantes, como el referendo. Sin embargo, y pese a que simbólicamente el gobierno perdió, lo cierto es que es posible que en la práctica haya ganado. Ahora le quedará más fácil convencer al Senado de su urgencia de expedir una legislación permanente para combatir a la guerrilla y a los paramilitares. Y más concretamente para que le apruebe sin muchas cortapisas la reforma constitucional que presentó recientemente para que los militares cuenten con facultades de policía judicial que han levantado tanta polémica. Así lo insinuó Uribe en su respuesta desde Washington. "El gobierno respeta el fallo de la Corte Constitucional. Buscará dotar al país de una legislación ordinaria para tener mejores posibilidades en el manejo del orden público", dice el primer párrafo del comunicado. De esta manera el gobierno pasa de su discurso inicial, en boca de Londoño, sobre la necesidad de contar con medidas excepcionales para combatir el terrorismo a la tesis de que lo que en realidad requiere son normas permanentes. En realidad son las mismas, sólo que ahora serían para rato.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1850

PORTADA

El hombre de las tulas

SEMANA revela la historia del misterioso personaje que movía la plata en efectivo para pagar sobornos, en el peor escándalo de la Justicia en Colombia.