Las batallas de la fiscal Ortega que la obligaron a huir a Colombia

Luisa Ortega Díaz es una mujer que ha librado muchas batallas en su vida. Después de haberse desempeñado durante 14 años como Fiscal General de la Nación, el viernes 18 de agosto de 2017 tuvo que huír de Venezuela agazapada en una lancha, con tan sólo unas pocas maletas, para escapar de la persecución que emprendió en su contra el régimen de Nicolás Maduro.

Apenas dos meses antes, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela había congelado sus cuentas bancarias y le prohibió salir del territorio, marcando así el epílogo del enfrentamiento que sostuvo la exfiscal durante meses con el gobierno bolivariano.

Paradójicamente, la mujer que ascendió al poder durante el gobierno de Hugo Chávez tuvo que pedir refugio en Colombia, la misma patria a la que huyó hace 15 años el político Pedro Carmona Estanga, a quien ella misma imputó cuando era la figura ascendente de la fiscalía sexta de Venezuela.

Si su vida fuera una tragedia en tres actos, podría decirse que Luisa Ortega se elevó con el gobierno de Hugo Chávez, mantuvo su poder durante un tiempo mientras duró la transición y cayó al abismo cuando se enfrentó con el gobierno de Nicolás Maduro.

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Como otros funcionarios venezolanos, la parte álgida de la vida profesional de Luisa Ortega inicia con el golpe de estado realizado en contra de Hugo Chávez el 11 de abril de 2002.

A partir de esa fecha, la que era hasta el momento apenas una fiscal de proceso fue ascendida a fiscal sexta con alcance nacional y comenzó a encargarse de casos mayores hasta llegar al cenit de su joven carrera en noviembre de 2004, cuando falleció el fiscal Danilo Anderson y ella asumió la investigación iniciada en contra de los golpistas.

Esa fue su primera gran batalla jurídica, a través de la que logró congraciarse con el presidente Hugo Chávez

Al amparo del hombre por el que siempre asumió su admiración, Luisa Ortega progresó hasta resultar elegida como Fiscal General de la Nación el 13 de diciembre de 2007, junto con la Defensora del Pueblo Gabriela Ramírez y el Contralor General de la República Clodosbaldo Russia, en un elección que fue cuestionada por una parte de los diputados de la cámara.

Pero la conjunción de los poderes de ente acusador y ministerio público que conlleva el cargo de fiscal en Venezuela la posicionaron como una de las mujeres más poderosas del país, capaz de enfrentarse incluso con la entonces Procuradora General de la Nación, Cilia Flores, por la reforma al código procesal penal.

Sin embargo, el idilio terminó el 15 de marzo de 2013 con la muerte del líder bolivariano y la ascensión al poder de su sucesor, Nicolás Maduro Moros.

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Durante un tiempo, los expedientes siguieron acumulándose en su escritorio y Luisa Ortega fue fiscal general durante el proceso penal realizado en contra del dirigente opositor Leopoldo López, condenado finalmente a 13 años y 9 meses de prisión en septiembre de 2015. Su segunda gran batalla jurídica, ya en el limbo de la transición de poderes entre Chávez y su sucesor.

En ese momento su nombre fue salpicado una primera vez por uno de los fiscales encargado del caso, Franklin Nieves, quien denunció haber recibido presiones para imputar con falsas pruebas a Leopoldo López.

Pero nuevamente Luisa Ortega continuó su camino y mantuvo su línea de argumentación, asegurando a los medios BBC y a CNN que no existían presos políticos en su país ni violencias crónicas.

Con esa base fue reelegida en el cargo de fiscal en noviembre de 2014 gracias al apoyo del entonces presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, derrotando de paso a la mujer cercana a Cilia Flores, Miriam Morandy, quien también compitió por el puesto.

“Pido disculpas a la revolución por haber designado a Luisa Ortega Díaz como Fiscal General (...)” diría Cabello 3 años después, respecto a la “traición” de la fiscal, pero en ese momento, no había tantas nubes perfilándose en el horizonte.

Hacia finales de 2015, su distanciamiento con el gobierno se hizo todavía más evidente y cambió de actitud en su gestión de la Fiscalía, de acuerdo con lo que explica la investigadora del observatorio venezolano Acceso a la Justicia, Laura Loza.

Ese cambio se reflejó en otro caso paradigmático de la impartición de Justicia en Venezuela que llevó a cabo: el de los 14 policías de Chacao acusados de asesinar al periodista cercano al chavismo Ricardo Durán en enero de 2016.

En esta ocasión, la fiscal no sólo no buscó condenar a los policías, sino que solicitó que se les entregará su boleta de libertad, petición a lo que accedió la juez Luisa Andreina, en una decisión que provocó un pequeño sismo en el país vecino y que nunca fue acatada por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) quien mantiene a la fecha encarcelados a los agentes en la cárcel de Caracas.

En hábil política, Ortega concluyó el año de 2016 ofreciendo una postura moderada durante el enfrentamiento iniciado entre la oposición que buscaba destituir a Nicolás Maduro y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que amenazó con disolver el parlamento.

Hasta que finalmente se dio el punto de quiebre el 31 de marzo de 2017, cuando declaró que las sentencias 155 y 156 decretadas por el tribunal suprema en contra de la Asamblea Nacional eran un ruptura al orden constitucional.

Esa postura radical en contra de la concentración de poder en las manos de Nicolás Maduro también marcó el inicio de su relación constante con los medios internacionales opuestos al gobierno venezolano y la persecución de fuerzas públicas en su contra.

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Frente a las cuerdas, en un acto de contrición inesperado, la fiscal Ortega comenzó a estrechar lazos con la oposición al gobierno de Maduro y acudir a eventos públicos en los que se encontró con conocidos antagonistas al gobierno  de Maduro como Freddy Guevara y Henrique Capriles.

Poco antes de ver congeladas sus cuentas bancarias y tener que huir a Colombia en una lancha rápida con unos simples bagages a la mano.

Cuando es entrevistado al respecto, su anterior jefe de relaciones institucionales, Alexander Duarte asegura que no fue ella la que cambió, sino que la fiscal ha venido denunciando desde hace tiempo los atropellos realizados por el gobierno de Nicolás Maduro, fuera de la luz pública.  

"Los desmanes que han venido ocurriendo más recientemente tanto en el orden constitucional, los ataques a la Asamblea Nacional, como en lo referido a la represión desmedida, le llevaron a tomar posición a favor de la democracia en peligro, las libertades y los derechos humanos", explica.

Pero la oposición tiene una visión distinta del asunto. La ex magistrada del TSJ Blanca Rosa Mármol de León a la que Ortega trató de procesar, considera por ejemplo que la mujer a la que nombra "el verdugo de Venezuela" no quiso "enterrarse con el gobierno" y trató de escaparse frente a las dificultades actuales que vive el régimen de Nicolás Maduro.  

“Yo no he cambiado, siempre he sido la misma. Quienes han cambiado son otros. Revisen mi postura desde que fui designada Fiscal General y verán que siempre he mantenido la misma posición”, detalló en su defensa Luisa Ortega, en entrevista con CNN el 2 de agosto pasado.

Por lo que ese será entonces uno de los dilemmas que tendrá que resolver el gobierno colombiano para decidir si acorda asilo política a la ex fiscal chavista que se enfrentó con el gobierno de su sucesor. Una mujer que ha librado mil batallas desde ambos lados del ajedrez político venezolano.