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| 12/11/2010 12:00:00 AM

¿Persecución o paranoia?

Más allá de la inmunidad a la que tiene derecho, el presidente Uribe no tiene nada que temer. No así su guardia pretoriana.

Varias jugadas políticas parecen indicar que en el seno del uribismo hay inquietud por la acción de la justicia, y quizá lo más palpable de esta situación es la estrategia de defensa que está en marcha.

Desde hace unas semanas se supo del surgimiento de una fundación llamada Causa Justa, que conseguirá recursos y tirará línea en pro de la defensa legal del ex presidente y sus principales colaboradores, investigados en la Comisión de Acusación de la Cámara y en la Fiscalía General, respectivamente, por el escándalo de las 'chuzadas'.

En el frente internacional, la semana cerró con la declaración del embajador de Colombia en Estados Unidos, Gabriel Silva, para confirmar que le pidió al Departamento de Estado que reconozca la "inmunidad soberana" al ex jefe de Estado.

Uribe fue citado a rendir testimonio en el proceso que se le sigue en una corte de Washington a la multinacional Drummond, señalada de financiar grupos paramilitares en Colombia. El ex mandatario no asistió a la diligencia programada para el 22 de noviembre. Los abogados de las víctimas de Drummond anunciaron que le pedirán a la Corte que libre una citación más severa porque, al parecer, Uribe se siente "por encima de la ley".

Sin embargo, el trámite de la Embajada de Colombia le da la razón a Uribe. Silva explicó que, de acuerdo con las convenciones internacionales, el 12 de noviembre dirigió una carta al Departamento de Estado para "ratificar que Uribe tiene inmunidad diplomática como ex jefe de Estado y, por lo tanto, no puede estar sujeto a una orden judicial de terceros".

Un antecedente interesante es la citación que le formuló una Corte de Miami al ex presidente Alfonso López Michelsen para que declarara en el juicio al ex presidente de Panamá Manuel Antonio Noriega. López no atendió la citación y el requerimiento nunca prosperó. Así las cosas, la comparecencia de Uribe como testigo en procesos fuera del país es poco probable.

Pero más improbable aún es la tesis que ventilan varios de los críticos más enconados del ex presidente según la cual la Corte Penal Internacional podría investigarlo por los escándalos de los 'falsos positivos', las 'chuzadas' o la violación de derechos humanos durante su mandato. Nadie duda de que el episodio de las 'chuzadas' del DAS es uno de los capítulos más sombríos de la democracia reciente, pero de ahí a que a Uribe sea visto por la CPI como un criminal hay un abismo.

Como se sabe, ese tribunal se ocupa de casos emblemáticos de lesa humanidad ocurridos en Estados colapsados donde la justicia nacional no opera, como en algunos países de África, como Sudán y Liberia.

En Colombia, por el contrario, las investigaciones de la justicia colombiana contra los alfiles del uribismo muestran justamente lo contrario, que en este país la justicia funciona. Y es precisamente por esa razón que un sector de los uribistas está preocupado, en particular porque no comulga con los argumentos jurídicos y la jurisprudencia que están utilizando la Corte Suprema y la Fiscalía.

Rodrigo Noguera, rector de la Universidad Sergio Arboleda y uno de los gestores de la fundación Causa Justa, explicó en entrevista con María Isabel Rueda en El Tiempo detalles de la estrategia de defensa. La fundación conseguirá la plata para los honorarios de los abogados que defenderán a los uribistas en los estrados penales y hará un juicioso seguimiento a los procesos.

Pero además agitará el debate público para que sean revaluadas tesis jurídicas como la del autor detrás del autor, que extiende la responsabilidad penal a lo largo de la cadena de mando. Con esta tesis fue recientemente condenado el coronel Alfonso Plazas (ex funcionario de Uribe) por los desaparecidos del Palacio de Justicia.

Uribe, por su fuero de ex presidente, es investigado y juzgado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Pero en este caso, tampoco tiene mucho de qué preocuparse. Esa Comisión está compuesta por una mayoría uribista (tanto su presidente como su secretario son del Partido de la U) y en los corrillos del Congreso se dice que se abrió la investigación contra el ex presidente para cerrarla y así el caso de la 'chuzadas' hace tránsito a cosa juzgada.

La única rendija es que si el ex mandatario resulta absuelto, algún representante podría apelar ese fallo y la decisión definitiva le correspondería a la Cámara en pleno. En ese escenario, el uribismo tendría que emplearse realmente a fondo, pues controlar 166 representantes es más complicado que hacerlo sobre los 15 que componen la Comisión de Acusación. Pero esa posibilidad es políticamente impensable.

Frente a toda esta tormenta que se ha desatado en torno al uribismo y el acecho de la justicia hay dos cosas que van quedando claras: Uribe puede estar tranquilo, más no así sus más cercanos colaboradores.
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