El pleito entre Petro y el personero de Bogotá

La construcción de un conjunto de vivienda multifamiliar en la zona del humedal de La Conejera, en el noroccidente de Bogotá, se ha convertido en un dolor de cabeza para el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Dicha obra es adelantada por la firma Praga Servicios Inmobiliarios S. A. y ha sido cuestionada por algunos colectivos ambientalistas por el hecho de que la construcción estaba a tan pocos metros del humedal de La Conejera, una importante zona de reserva protegida.

Pero quizá lo que más generó inquietud fue la investigación de Noticias Uno, a finales de octubre del año pasado, en la que reveló que entre los socios de la firma constructora Praga se encontraban familiares políticos del alcalde Gustavo Petro.

Según los registros de la Cámara de Comercio, en la junta directiva de esa empresa figura Juan Carlos Alcocer García, hermano de Verónica Alcocer, la esposa de Petro. Además, aparece Carlos Alberto Gutiérrez Robayo, concuñado de Petro y quien estuvo implicado en un escándalo por su presunta injerencia en la millonaria prórroga de los contratos de Transmilenio.  

El pasado 6 de junio, la firma obtuvo licencia para adelantar la construcción del proyecto inmobiliario “Urbanización Fontanar del rio A-1, etapa VIII”. Y en periódicos y otras publicaciones especializadas, se ofrecen apartamentos desde 45,57 metros cuadrados.

El alcalde Petro se declaró impedido para decidir si se construye o no un proyecto urbanístico en el humedal La Conejera y pese a las observaciones de los ambientalistas y ecologistas, las obras de construcción se mantienen vigentes.

Ante la situación, el personero de Bogotá, Ricardo María Cañón, decidió entablar una demanda de
acción popular en contra del alcalde, la cual no tiene otra pretensión distinta de que el gobierno distrital revoque la licencia construcción.

La acción popular fue interpuesta el pasado 14 de enero ante el Tribunal y reclama el respeto y la
garantía a los derechos colectivos a un ambiente sano; a la existencia de un equilibrio ecológico y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.

Pide además la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y la restauración del medio ambiente.

El argumento del personero es que la licencia de construcción del proyecto inmobiliario se otorgó desconociendo las normas superiores relativas a la protección especial de los humedales y el medio ambiente, lo que afecta gravemente la decisión los derechos colectivos de los bogotanos.

“Luego de un cuidadoso análisis de la licencia de construcción otorgada por la Curaduría no. 2 con sus respectivos soportes, los planos de la ciudad y una georreferenciación de los límites del humedal la Conejera, es incontrovertible que el proyecto a desarrollar invade en una proporción del 4 % el área total protegida del Humedal la Conejera, representado en 238,12 metros cuadrados”, señala el funcionario.

Igualmente la demanda encuentra como soporte no sólo los estudios técnicos realizados por la propia entidad que demuestran la afectación parcial del Humedal la Conejera, sino los diferentes documentos proferidos por el Acueducto de Bogotá y el Fopae, que advierten la irregularidad antes anotada por parte de la constructora y las demás autoridades competentes que no ejercieron oportunamente sus acciones de inspección, control y vigilancia, para evitar que la licencia (No. 14-2-0663) surgiera a la vida jurídica, con lo que se configura una amenaza y daño a los derechos ya referenciados.

El personero, en principio, pide que sean decretadas, de forma inmediata, medidas cautelares mientras el tribunal falla de fondo. Pide dejar sin efectos la licencia de construcción del proyecto Urbanización Fontanar del Río A-1, Etapa VIII, que se impida cualquier tipo de construcción, obra o actividad, actual o futura, que atente o amenace la conservación o existencia de la zonas protegidas del Humedal la Conejera de acuerdo a la delimitaciones correspondientes, y que si se ha levantado alguna construcción sea demolida.

Además pide compulsar copias a la Fiscalía para que inicie las acciones penales correspondientes a las que haya lugar, por la posible comisión de conductas punibles por parte del alcalde de Bogotá, funcionarios públicos y particulares, involucrados a título de acción u omisión, en la vulneración de los derechos e intereses colectivos agraviados.