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| 7/26/1999 12:00:00 AM

PESADILLA SIN FIN

Tras la liquidación de la Caja Agraria los contribuyentes colombianos deberán pagar 773.000 <BR>millones de pesos para tapar el hueco que dejó el mal manejo de la entidad.

Pocas horas antes de que se le entregara su partida de defunción la Caja Agraria parecía no
querer morir en paz. La Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en el otorgamiento de
créditos por más de 300.000 millones de pesos en los últimos dos años (desde su destinación para la
financiación de campañas políticas hasta su trámite con solo una cédula). Una razón más para que el gobierno
ordenara su liquidación el pasado viernes y diera nacimiento al nuevo Banco Agrario de Colombia con la
esperanza de que la pesadilla acabe de una vez por todas. La desaparición de la Caja es, sin lugar a
dudas, uno de los pasos más trascendentales en la reestructuración de la banca. Y es el desenlace de un
largo proceso en el que fue fundamental la voluntad política para acabar con uno de los focos de corrupción
más graves del país, como lo confirmó la propia Contraloría.Tras la llegada del actual gobierno y del nuevo
presidente de la entidad, Juan B. Pérez _abogado y economista javeriano, con estudios en la London Schools
of Economics_, se decidió tratar el asunto con mano firme. La primera decisión fue acabar el cogobierno del
sindicato, lo que llevó a una huelga de 22 días (6 al 28 de octubre de 1998) que produjo pérdidas por 14.000
millones de pesos. La parálisis culminó cuando se ordenó desalojar a los activistas sindicales a punta de
agua y bolillo.A partir de allí el asunto fue a otro precio. La administración designó a 22 banqueros
profesionales en los cargos de gerentes regionales, puestos que tradicionalmente eran asignados con un
criterio político. La tercera decisión fue reorientar o reencauzar el crédito al sector agropecuario, algo que se
había perdido, y se emprendió una agresiva campaña de recaudo de una cartera de más de 50.000 millones
de pesos en problemas.En ese proceso fue cuando se descubrieron múltiples irregularidades: que los
dineros se desembolsaban sin firmas de pagarés, que eran aprobados sin garantías, por fuera de los
conductos regulares, etc. Eso resultó en la presentación de 162 denuncias penales y en 520 procesos
disciplinarios internos hasta hoy.Hubo, además, una rigurosa política de austeridad administrativa (se
remataron dos avionetas al servicio de la Presidencia de la Caja) y se ahorraron más de 14.000 millones de
pesos en gastos de transporte y demás.Sin embargo las medidas resultaron insuficientes. Al finalizar el año
pasado la Caja Agraria perdió 220.000 millones de pesos y entró en causal de disolución desde el pasado
primero de diciembre. Por eso se decidió aplicar una cirugía de fondo. Desde diciembre comenzaron los
trabajos finales para crear el nuevo banco especializado en el sector agropecuario. Como la reforma
financiera no permite crear más bancos, el Banco Agrario se creó sobre los documentos del Banco de
Desarrollo Empresarial, una antigua empresa de financiamiento comercial del IFI.De ahora en adelante el
establecimiento financiero destinará el 70 por ciento de su cartera, por ley, a los sectores agroindustriales y
rurales, contará con activos por 2,3 billones de pesos y un capital de 160.000 millones que deberá aportar el
gobierno. Las indemnizaciones de los empleados costarán 230.000 millones y la Caja Agraria quedará
debiendo al nuevo banco 773.000 millones, el hueco que dejó el manejo alegre de la entidad. "No es un
reforma para reducir personal o cerrar oficinas", advirtió Juan B. Pérez Rubiano, presidente del Banco
Agrario. Como siempre, habrá que ver para creer.
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