A pesar de bomba, Santos encarriló el marco para la paz

“Hoy es un día muy difícil para hablar de paz”, reconoció el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, al referirse al atentado que sacudió al país y que cobró la vida de varios colombianos. “Pero es indispensable pensar en esa posibilidad”, les dijo Esguerra a los representantes a la Cámara, que tenían que resolver la suerte del llamado marco legal para la paz.
 
Un proyecto que estaba muy enredado, pero que el propio presidente de la República, Juan Manuel Santos, como lo revelaron algunos congresistas, influyó directamente en la votación del proyecto.
 
Incluso, desde su tribuna en Twitter, el expresidente Álvaro Uribe, uno de los que más reparos han formulado al proyecto, se atrevió a afirmar: “Bogotá en sangre y el Gbno clientelista presionando a la Cámara para aprobar la impunidad y elegibilidad de los delitos atroces”.
 
Porque la Cámara de Representantes, al final de una jornada intensa, muy determinada por el atentado contra el exministro Fernando Londoño, aprobó el proyecto.
 
A las 9 de la noche se dio por aprobada la iniciativa y con una votación récord: 127 representantes le dieron el sí. Ninguna iniciativa, durante la actual legislatura, había tenido semejante votación, recordó Simón Gaviria, presidente de la Cámara.
 
Aunque la suerte de la iniciativa ya estaba prácticamente asegurada desde la víspera de la votación, cuando el Ejecutivo hizo su trabajo para conseguir el respaldo de sus partidos políticos y darle un nuevo impulso al proyecto, los actos de terrorismo en Bogotá modificaron el ambiente del proyecto.
 
En la plenaria de la Cámara, al ministro de Justicia lo acompañaron, entre otros, Germán Vargas Lleras (ministro del Interior en propiedad), Federico Renjifo (ministro del Interior designado) y Aurelio Iragorri (alto consejero presidencial para asuntos políticos).
 
La presencia de estos funcionarios, y la de un séquito de viceministros y asesores, fue un nuevo mensaje de que el actual gobierno está reclamando con urgencia el marco para la paz.
 
Es la tercera vez que el presidente Juan Manuel Santos está obligado a hacerlo. Ya lo había hecho dos veces el año pasado. Primero cuando se reunió con los voceros de la Mesa de Unidad Nacional, para reclamar el marco para la paz. La segunda vez fue cuando el proyecto, también en la plenaria de la Cámara, estaba enredado por cuenta de los reparos de los sectores cercanos al uribismo. En ese momento, Santos también tuvo que citar a los congresistas a la Casa de Nariño.
 
Antes de la votación, y como un gesto de solidaridad con el gobierno Santos frente a los actos terroristas, los partidos que componen la Unidad Nacional decidieron sellar un acuerdo para rodear al Gobierno y aprobar la iniciativa.
 
Militares, con régimen especial
 
Una de las modificaciones que hizo la plenaria de la Cámara fue establecer un régimen especial y diferenciado para los agentes del Estado que se puedan beneficiar de la justicia transicional.
 
Tal como lo discutió la plenaria, quedó establecido que esta justicia transicional sólo podrá ser aplicada a los agentes del Estado de manera individual y no colectiva, a diferencia de como se está planteando para las guerrillas, que es tras una desmovilización colectiva.
 
La diferenciación de los agentes del Estado había sido uno de los reparos de José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien había advertido que el proyecto podría generar impunidad, sobre todo en casos que comprometieran a agentes del Estado, como lo son los “falsos positivos”.
 
Desmovilizados, de momento, sin derechos políticos
 
Liderados por el representante Miguel Gómez (La U), varios congresistas intentaron cerrarle la puerta, de forma definitiva, a la posibilidad de que guerrilleros que se desmovilicen tras un proceso de paz pudieran acceder a cargos de elección popular, tal como lo había alertado el expresidente Álvaro Uribe al oponerse a la iniciativa.
 
Pero la plenaria de la Cámara no aprobó esa prohibición, por lo que el debate sobre la posibilidad de que quienes hagan parte de un proceso de paz puedan tener derechos políticos tras su desmovilización, en teoría, aún quedó abierto.
 
Los alcances
 
El marco legal para la paz le entrega facultades constitucionales al presidente Juan Manuel Santos para presentar un proyecto de ley que establezca beneficios jurídicos transicionales a los miembros de los grupos armados ilegales que se sometan a un proceso de paz con el Gobierno y que decidan dejar las armas.
 
Este marco contempla, como mecanismo de justicia transicional, la suspensión de la acción penal para los menos responsables de delitos, a cambio de verdad y reparación, y establece criterios de prioridad para que la justicia investigue los hechos delictivos más graves.